Ad portas del ingreso de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, en las bancadas que sustentan al Ejecutivo ya están conscientes de que el diseño de presentar las más de 40 medidas en un solo paquete podría generar un retraso en la tramitación legislativa.

Esto, dado que el proyecto contiene una variedad de temas -desde la rebaja tributaria del 27% al 23% a temas como permisología o la reconstrucción en las regiones de Valparaíso y Biobío-, existe la posibilidad de parcelar estos y derivarlos a las comisiones técnicas respectivas, como Vivienda o Medioambiente.

En ese contexto es que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, debe tomar una decisión respecto de cómo se va a tramitar.

Si bien es facultad del titular de la corporación definir el itinerario, la decisión se toma con base en una propuesta técnica que le hace la secretaría de la Cámara. Dados los diversos componentes, es probable que la propuesta técnica recomiende también ampliar la discusión a estas otras instancias.

Al ser solo una sugerencia de parte de la secretaría, sigue estando en manos del presidente de la Cámara definir el tema. Sin embargo, para Alessandri va a ser complejo hacer caso omiso a la recomendación técnica.

En el gobierno, dada esta problemática, están abiertos -especialmente en los ministerios del Interior y de la Segpres- a reconsiderar que se discuta en más comisiones, lo cual ayudaría a descomprimir el ambiente.

En la oposición, por su parte, advierten que si la tramitación va exclusivamente a la Comisión de Hacienda activarán la maniobra dilatoria de concurrir en masa a esta instancia para pedir la palabra y, asimismo, podrían ingresar un alto número de indicaciones.

Este escenario, a la larga, independiente del apuro que le ponga el gobierno, va a prolongar la discusión, lo que obligaría a tener sesiones de lunes a domingo para respetar la urgencia que ponga el Ejecutivo.

De hecho, esa es la postura del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (republicano).

Consultado por este medio, el diputado oficialista aseguró que “se puede tramitar bastante rápido, respetando la urgencia, pudiendo legislar jueves, viernes, sábado y domingo, como se hizo para la reforma previsional“.

A pesar de esta postura, el tema inevitablemente se va a traducir en un “cuello de botella”. De ahí que existe la idea de derivar ciertos temas que no sean propios de la Comisión de Hacienda para que sean vistos en otras instancias. Ese escenario ha llevado a la reflexión que, en privado, han expresado parlamentarios oficialistas de que la estrategia de ir solamente por la Comisión de Hacienda no habría sido la más acertada

Si se hubiera optado por separar el proyecto, los distintos componentes se habrían tramitado en forma paralela y simultánea, y habrían avanzado con más celeridad.

En la Comisión de Medioambiente podrían resolver todas las medidas de permisología, así como en la de Vivienda podrían despachar lo relativo a reconstrucción.

Esta postura aún la sostienen algunos parlamentarios.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, señaló que “nosotros hemos pedido que esto se fuera viendo por etapasn de acuerdo a la temática, pero eso es una decisión exclusiva del Presidente, la cual no podemos cambiar”

Y agregó: “Lo que sí tenemos claro es que este proyecto, en el camino, el Ejecutivo podría separarlo. Se ha dado en otras circunstancias, que se parte por un tema y se dejan otros de lado porque el mismo Ejecutivo se va dando cuenta de que, para no dilatar todo el proyecto, es mejor avanzar más rápido en ciertos temas en que hay consenso.

“Eso es lo que va a suceder, probablemente, en la discusión en particular”, remató la diputada RN.

Esta postura, sin embargo, no genera consenso en las filas de la derecha. El diputado Jaime Coloma (UDI), quien integra la Comisión de Hacienda, consideró que “la mejor forma de tramitar esta reforma es esa comisión, porque permite tener un hilo conductor que vaya dirigiendo toda la discusión y entender plenamente y de forma íntegra esta importante reforma“.

Y añadió: “No veo ningún riesgo. Si el gobierno le pone las urgencias debidas, tenemos la obligación de sacarlo en los plazos acordes. Además el gobierno ha estimado que lo quiere para mediados de septiembre“.