Tras una semana de espera impaciente, el pasado viernes, cerca de las 19 horas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por fin recibió el último visto bueno que le permitió transformar en ley la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

Con la toma de razón de Contraloría, que se cursó con alcances, el Gobierno finalmente publicó la norma el sábado en el Diario Oficial.

Para llegar a esta etapa final, el proyecto estrella de Quiroz, anunciado el 14 de marzo por el Presidente José Antonio Kast, debió transitar por un pedregoso camino.

Primero, la discusión prelegislativa interna y la guerra en Irán postergaron el ingreso de la iniciativa hasta el 22 de abril.

Después vino una trabada y discutida tramitación en la Cámara y el Senado, incluyendo una comisión mixta y la discusión de tres vetos.

Además, debió sortear tres procesos distintos ante el Tribunal Constitucional, que se tomó casi un mes en hacer su última revisión al texto.

Con todos esos pasos cumplidos, tras siete meses de calvario, parecía que la emblemática iniciativa ya no tenía más obstáculos para ver la luz.

De hecho, el viernes 9 de octubre, con altas expectativas, La Moneda ingresó a la Contraloría el respectivo decreto promulgatorio, paso administrativo obligatorio para su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigencia.

Sin embargo, hasta las 17 horas del viernes 16, la contralora Dorothy Pérez aún no se pronunciaba.

A juicio de algunos personeros del Ejecutivo, la revisión del decreto promulgatorio y la respectiva toma de razón se estaba demorando más de la cuenta. En otras leyes, por ejemplo, ese trámite ha tardado menos de 24 horas, aun cuando la Contraloría tiene un plazo de 15 días.

En caso contrario, según la legislación, la contralora estaba obligada a rechazar y “representar” la eventual “inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer” el respectivo decreto.

El problema es que hasta ese minuto no había comunicaciones oficiales que confirmaran lo que estaba pasando subterráneamente.

Sin embargo, fuentes de distintas instituciones involucradas admiten que la semana pasada hubo un intenso intercambio de contactos informales y telefonazos.

En esas conversaciones, según un par de testigos, se le transmitió al Ejecutivo que el decreto promulgatorio tenía ciertas “inconsistencias” con el oficio emitido por la Cámara de Diputados, que, al ser la rama del Congreso por donde ingresó el megaproyecto, era la encargada de remitir el texto que fue aprobado en el trámite legislativo.

Otras versiones, no obstante, plantean que hasta ese momento la contralora se estaba excediendo en sus facultades al plantear reparos por una norma, incluida en la megarreforma, relacionada con el sistema de calificación ambiental.

Norma inconexa

El problema se generó porque, en el primer litigio que sorteó la megarreforma, el Tribunal Constitucional determinó eliminar el artículo que establecía una indemnización a los inversionistas a quienes se les anulara judicialmente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El fallo del TC, sin embargo, no ordenó suprimir normas conexas que hacían operativa esa compensación.

Esto fue detectado, de hecho, por el Gobierno, donde se esperaba que el TC limpiara el articulado sobrante en los siguientes procesos constitucionales que enfrentó el megaproyecto, cosa que finalmente no ocurrió.

En vista de que la discusión legislativa y la revisión constitucional ya estaban agotadas, el Ejecutivo, en consultas técnicas con el Congreso, resolvió igualmente enviar la megarreforma a su fase promulgatoria en la Contraloría, en vista de que la norma inconexa sobre resoluciones medioambientales no tenía ningún efecto jurídico. De hecho, esos errores o incoherencias legislativas han ocurrido en el pasado y se suelen corregir o suprimir anualmente en la discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público.

No obstante, en La Moneda no esperaban que la contralora demorara la revisión del oficio promulgatorio por ese punto.

La versión que se transmitió desde la Contraloría es que este decreto no estuvo paralizado, ya que solo habían pasado cuatro días hábiles de los 15 que fija como plazo la misma ley orgánica de la institución. Ese lapso de tiempo incluso se puede prorrogar por 15 días más. “El decreto promulgatorio ingresó el viernes pasado y se encuentra en estudio dentro de los plazos legales”, señaló oficialmente la entidad fiscalizadora a La Tercera, cerca de las 17 horas del viernes 16.

No obstante, quienes conocen del caso admiten que Dorothy Pérez transmitió al Ejecutivo una sugerencia para que se retirara y reingresara el decreto promulgatorio con el fin de subsanar esas supuestas inconsistencias.

La idea era no escalar un conflicto jurídico entre ambas instituciones. De lo contrario, La Moneda se exponía a que la Contraloría “representara” públicamente sus observaciones.

En el Gobierno, en el Congreso y en el TC, al menos cuatro personas distintas sostenían que la sugerencia de la contralora era imposible de cumplir, porque el texto ya no se podía modificar, una vez culminado el trabajo de todas las instancias legislativas y constitucionales. Incluso, la autoridad gubernamental o parlamentaria que hubiere alterado el texto en esta fase, aun tratándose de un error, se arriesgaba a cometer una falta mayor.

Dado el choque de posturas, hasta el viernes en la tarde parecía que el choque entre La Moneda y la Contraloría era inminente, aun cuando el Presidente Kast tenía herramientas legales para insistir y obligar a Pérez a cursar el decreto promulgatorio contra su voluntad.

En caso de que la contralora no aceptase esa salida, sería ella la que se estaría arriesgando a una represalia, como una acusación constitucional, según advertían algunas fuentes parlamentarias.

No obstante, finalmente Dorothy Pérez decidió tomar razón del decreto, formulando un severo alcance. “Se sugiere a los órganos colegisladores evaluar una regulación más detallada sobre estos aspectos, a efectos de precaver que se verifiquen situaciones como las descritas, respecto de disposiciones directamente inconstitucionales”, dice el dictamen de Pérez, que, a pesar de la dureza de sus palabras, fue la salida menos gravosa para este trance.

Probablemente ello se traduciría en un nuevo proyecto o en una disposición de una futura ley miscelánea para suprimir las normas inconexas.