“La verdad es que no voy dar las gracias por la invitación, porque no estoy invitado”, bromeó al inicio de la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

Acompañado de un elenco de abogados, sorpresivamente, Ossandón concurrió personalmente a esta instancia para intentar despejar una problemática jurídica respecto de las asignaciones (gastos de oficina, personal de apoyo y traslados) que la Cámara Alta paga a los expresidentes de la República.

El tema fue destapado en la comisión que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI), a raíz de un conjunto de mociones -presentadas por algunos legisladores como Pamela Jiles y Carlos Bianchi- que buscaban reformar las rentas y estos gastos de secretaría de los exmandatarios.

Lo curioso es que, en la discusión, los diputados, a partir de una alerta del parlamentario republicano Luis Sánchez, se percataron que particularmente las asignaciones (fondos fiscales que se entregan a los exjefes de Estado) no tenían respaldo constitucional, a diferencia de las dietas. La razón de que el Senado asumiera estos desembolsos es porque antiguamente los exgobernantes asumían la calidad de senadores vitalicios, tradición que se mantuvo a pesar que la existencia de estos parlamentarios fuera eliminada

El problema es que las asignaciones de los expresidentes tampoco estaban reguladas explícitamente en la Ley Orgánica del Congreso ni en la Ley de Presupuesto.

El hecho amenazaba con crear un nuevo conflicto institucional entre la Cámara y el Senado, al tiempo que exponía a los exmandatarios a una agraviante situación de tener que devolver esos dineros públicos, según interpretaban algunos diputados.

Originalmente, Alessandri había invitado a los secretarios del Senado, Raúl Guzmán, y de la Cámara, Miguel Landeros, además de los mismos exmandatarios Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes por razones de agenda se excusaron.

No obstante, con el fin de bajar la tensión, el senador Ossandón decidió concurrir en persona en un gesto inusual ante la otra rama legislativa.

Acompañado del mencionado Guzmán, del secretario de la Comisión de Constitución, Rodrigo Pineda, y la abogada ayudante, Francisca Phillips, quienes llegaron con varios documentos y libros, reveló que “durante cinco días hicimos un trabajo muy exhaustivo”, que culminó en un estudio para tratar de aclarar este misterio jurídico.

Según ese análisis, Ossandón expuso que la conclusión a la que llegaron los equipos del Senado es que las asignaciones que se han pagado a los expresidentes “están bien pagadas”, ya que existe un acuerdo de 2020 de la Comisión de Régimen Interno de la corporación, que legalmente tiene facultades para administrar recursos contemplados en la Ley de Presupuesto.

Acuerdo

Sin embargo, admitió que el tema generaba diversas interpretaciones. De hecho, comentó que había informes jurídicos contradictorios, por lo que llamó a construir un gran acuerdo político para resolver a futuro una suerte de pensión a los expresidentes y regularizar debidamente estas asignaciones.

“La Comisión de Régimen del Senado me mandató como presidente del Senado para hablar con el Presidente de la República y estudiar el tema para el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros como comisión hemos visto que esto a nosotros nos trae varios problemas. Nosotros como Senado no queremos seguir pagando esto, porque es un problema y porque además se dan un montón de bases legales, yo no soy abogado, que pueden ser complicadas, porque de alguna manera se le pasa plata a una persona que es un expresidente, pero no tiene ciertas responsabilidades porque no es funcionario", dijo.

Y añadió: “Nosotros creemos que en el futuro debe de existir, no sé, una pensión (a los expresidentes), algo concreto, que sea eso y no esto de asignaciones y cosas que al final nos enredan porque las responsabilidades son distintas”.

En esa línea, sostuvo que “los expresidentes no son senadores... Hay una reflexión, hay que arreglarlo y tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que buscar una fórmula que no sea tan alambicada, que no nos meta a nosotros (el Congreso) y que ojalá la Dipres o Presidencia, o quien sea, pague como corresponde porque la dignidad del cargo y la protección de los expresidentes es muy importante".

El origen

Las asignaciones y las dietas a los expresidentes surgieron de un acuerdo político de la transición el año 2000, cuando se reguló la norma constitucional que generaba el “estatuto de los expresidentes”. Desde entonces, el Senado a través de la Ley de Presupuesto comenzó a pagar estos dineros.

Ese acuerdo tenía como finalidad lograr la renuncia de Augusto Pinochet al Senado, quien, tras dejar la comandancia en jefe del Ejército, se transformó en el primer senador vitalicio en marzo de 1998.

Una de las exigencias de Pinochet fue conservar el fuero judicial y, además, las asignaciones de un parlamentario para mantener oficinas, ya que su dieta igualmente estaba cubierta por su jubilación como militar en retiro.

La Concertación, por su parte, pidió que a Patricio Aylwin se le reconociera su dignidad como expresidente, ya que, por haber encabezado un gobierno de transición de solo 4 años, no pudo asumir como senador vitalicio. La idea era garantizarle una remuneración a Aylwin, quien tras dejar La Moneda no tenía ningún tipo de “jubilación” fiscal.

Así se llegó a la reforma del 2000 (Ley 19.672 o “estatuto de expresidentes”), que establecía que a quienes tuvieron la dignidad de Primer Mandatario se les aplicarían las disposiciones del artículo 62 de la Constitución, que amarraba sus dietas y sus asignaciones a los ingresos que tenían parlamentarios y secretarios de Estado.

No obstante, ese esquema cambió en 2020. Tras el estallido social, el Congreso tramitó un conjunto de reformas para reducir “los sueldos” de las autoridades. Una de esas mociones era del entonces diputado Gabriel Boric.

Fue en esa discusión legislativa en que se resolvió sacar las asignaciones de la Carta Fundamental para dejarlas reguladas solo en la ley. El problema es que aparentemente los parlamentarios no se percataron que estaban dejando sin piso jurídico las asignaciones de los expresidentes que solo estaban en la Constitución.

Hoy la Carta Fundamental, en el mencionado artículo 62, solo dice que “los diputados y senadores (y por extensión los expresidentes) percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”, sin mencionar asignaciones.

La Ley de Presupuestos, en tanto, tampoco tiene una glosa que habilite el pago de las asignaciones. Solo hace referencia a la “aplicación de la Ley 19.762″, cuya alambicada fórmula para asegurar los ingresos para los expresidentes ya no es la misma que se legisló en 2000.

Según un informe del fiscal del Senado, Javier Norero, del 6 de agosto de 2020, recomendó eliminar el pago de las asignaciones. Sin embargo, ayer Ossandón, junto al secretario del Senado reveló que ese mismo año se hizo un informe más acabado que concluyó que se podía seguir pagando esas asignaciones, en la medida que hubiera un acuerdo administrativo de las bancadas, amparándose en la Ley de Presupuesto y en normas de la Ley Orgánica del Congreso que permiten administrar recursos.

“La comisión (de régimen) acordó que se sigan pagando sin variación las asignaciones de traslación y oficina de los expresidentes, con cargo a dichos fondos contemplados en el Presupuesto del Senado”, dice el acuerdo de agosto de 2020, que daba continuidad a resoluciones del 2017, del 2010 y el 2007.