Pendiente -hasta una próxima oportunidad, que debe ser definida por los comités- quedó la votación del informe de la comisión investigadora de la Cámara por el Caso Procultura.

Debido a constantes suspensiones por falta de diputados presentes en la sala y el atochamiento de votaciones de otras instancias investigadoras, este punto no alcanzó a votarse en la última sesión de la Cámara de este jueves.

Sin embargo, al margen de que este tema quedara pospuesto en forma indefinida, entre los diputados comenzó a configurarse un escenario proclive a aprobar las conclusiones de la comisión investigadora, donde el principal apuntado es el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. “Posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto Quédate, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de mil 600 millones de pesos a la Fundación ProCultura”, dice el informe que se votará a días de que se reactivara la discusión pública respecto de la ONG que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín, figura cercana a la DC y al Frente Amplio y principal imputado en la causa penal a cargo de la Fiscalía.

Tras el trabajo de la comisión, que lideró el diputado Andrés Longton (RN), varios legisladores oficialistas salieron a anunciar que tomarían distancia de Orrego, ante las nuevas revelaciones del caso, o que incluso votarían a favor.

De hecho, la diputada Camila Musante (indep. PPD), junto a otros integrantes de este comité oficialista, adelantó su voto favorable. “Es el primer paso para que no quede en la impunidad. Si queremos fortalecer las instituciones, primero tenemos que partir por aprobar este informe, ese sería el primer paso y la primera señal correcta. Y lo segundo, lo dijo el Presidente Boric, caiga quien caiga, sin privilegio alguno ante la justicia, ni porque sean amigos, ni porque sean del mismo partido, ni del mismo sector, ni porque hubiesen trabajado como asesores juntos”, complementó Musante.

Su par Jaime Araya (indep. PPD) también sostuvo que aprobará el informe “con la absoluta convicción de que ProCultura era una máquina para defraudar al Fisco, que instaló prácticas que defraudaron la confianza de algunas autoridades. El informe da cuenta de eso”.

En la bancada del Partido Comunista, según confirmó a este medio el diputado Boris Barrera, se van a inclinar por la abstención, lo que en ningún caso implica un respaldo al gobernador metropolitano.

Según explicó Barrera (PC), recogen los planteamientos que hizo la comisión, pero tienen el temor de que la oposición pueda sacar provecho político. “El informe hace muchas recomendaciones que son positivas, propone varios proyectos de ley que están en el Congreso, sin embargo, tenemos una preocupación de que esto se pueda utilizar políticamente debido que la derecha está tratando de vincular el caso ProCultura con el gobierno sin pruebas todavía”, señaló el legislador comunista.

En el PS, en tanto, reina la duda, pero ello no implica que no exista una visión crítica de la relación de Orrego con ProCultura.

“Debemos tener cero nivel de tolerancia a toda acción de corrupción que puede enlodar los cimientos de nuestra democracia”, manifestó el diputado Marcos Ilabaca (PS), agregando que en el caso ProCultura “han existido delitos graves que lo único que hacen es socavar al Estado”.

Sin embargo, agregó el diputado, “muchas veces las comisiones investigadoras son utilizadas como medios para sacar pequeños provechos políticos por parte de ciertos parlamentarios”. Por lo mismo, señaló el socialista, aún no tenía una decisión.

En la DC, al igual que en el PS, el asunto no ha sido zanjado. Sin embargo, fuentes de la Falange aseguran que los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez -respecto de que la única militancia conocida en el caso es la de la DC-, pueden influir en la decisión.

Fuentes parlamentarias, además, aseguran que Orrego activó gestiones con algunos diputados para persuadirlos a votar en contra.

El informe

En las conclusiones, a las que llegó la comisión, se señala que “el caso paradigmático fue el programa Quédate, impulsado en la Región Metropolitana, donde la asignación directa se concretó con inusitada rapidez, impulsada activamente desde el propio gobierno regional liderado por el gobernador Claudio Orrego. Las actas analizadas reflejan una aprobación acelerada y sin cuestionamientos significativos, lo cual contrasta profundamente con los graves problemas posteriores de ejecución y rendición de cuentas observados en el proyecto”.

El texto “destaca especialmente” que Orrego tenía una “relación personal, política y profesional previa con Alberto Larraín”, lo que “quedó claramente acreditada”.

A renglón seguido, añade: “Según los antecedentes revisados por esta comisión, antes de recibir recursos del Gobierno Regional Metropolitano, Orrego había contratado directamente a Larraín en la Corporación de Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano, en el contexto de iniciativas relacionadas con temas sociales y de salud mental”.