A pesar de que esta semana los parlamentarios tienen trabajo territorial en sus zonas, esto no ha sido impedimento para que distintas bancadas continúen con su ofensiva legislativa por el error metodológico que redundó en cobros excesivos en las cuentas de la luz.

Este martes las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Musante (ind. PPD) y Javiera Morales (Frente Amplio), por separado, se anticiparon al gobierno y anunciaron sus propios proyectos de ley para restituir los montos que fueron cobrados indebidamente por los consumidores.

Como idea matriz, la diputada comunista propone “establecer mecanismos inmediatos, automáticos y transparentes que aseguren la devolución rápida y justa de los cobros indebidos en las tarifas eléctricas, junto con reformas estructurales al sistema tarifario que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y la responsabilidad institucional”.

El proyecto en cuestión establece “un marco permanente de transparencia, fiscalización y responsabilidad institucional en la determinación de precios regulados, a fin de prevenir y corregir oportunamente eventuales errores tarifarios que afecten a las y los consumidores. Este marco de transparencia debe ser consultable y verificable por cualquier ciudadano”.

Además, propone una nueva función para la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“En caso de detectarse errores en la aplicación o cálculo de tarifas eléctricas reguladas, la Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá instruir a las empresas concesionarias de servicios eléctricos la devolución automática, proporcional y reajustada de los montos cobrados en exceso a cada usuario afectado, en el plazo más breve posible dentro del ciclo de facturación siguiente o, en todo caso, en un plazo máximo de 60 días contado desde la detección del error”, señala la iniciativa.

Consultada Cariola, señaló: “Este proyecto es totalmente admisible; sin embargo, de todas formas estamos pidiendo una reunión al ministro para concretar el patrocinio de este proyecto de ley que busca claramente contar con una mayoría parlamentaria, ojalá de todos los sectores políticos, para poder lograr tener estas cuentas claras”.

El proyecto de Musante, en tanto, tiene por objeto “establecer un mecanismo extraordinario, ágil y transparente para la devolución de cobros indebidos en las cuentas de electricidad derivados de errores en la aplicación o cálculo de tarifas reguladas, así como para mitigar los impactos económicos que dichos errores pudieren generar en los consumidores finales y en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Junto con ello, establece que la CNE “elaborará un informe técnico definitivo que determine la existencia, magnitud y distribución temporal de cobros indebidos en las tarifas eléctricas”.

En su artículo tercero, crea un Fondo de Restitución Tarifaria Eléctrica (FRTE), que será administrado por la Tesorería General de la República, y que estará destinado “exclusivamente a financiar las devoluciones o compensaciones derivadas de cobros indebidos en las cuentas de electricidad, y a mitigar los efectos económicos de tales errores en los consumidores y en las pequeñas y medianas empresas”.

A pesar de este paso a la ofensiva de las diputados, el proyecto que anunciaron requiere necesariamente el patrocinio del Ejecutivo.

Esto, dado que ambas propuestas inciden en la administración financiera del país, además de irrogar gasto fiscal. El impedimento constitucional, en ese sentido, está dado por el artículo 65 de la Carta Fundamental, que establece que son facultad exclusiva del Presidente de la República este tipo de proyectos de ley.

En este mismo artículo, pero en su numeral 2, la Constitución indica que dentro de los proyectos que son de iniciativa exclusiva están los que crean “nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones”.

Emplazamientos y señales

Por el momento, la única señal que ha enviado La Moneda son las palabras del biministro de Energía y Economía, Álvaro García (PPD). En conversación con radio Universo, este lunes, el secretario de Estado señaló que “si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil”.

Junto con ello, García afirmó estar “abierto al diálogo y a recibir buenas ideas”. Y añadió: “Lo importante es el acuerdo transversal; si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo”.

Recogiendo el guante, esta mañana en Desde La Redacción, de La Tercera, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que “si el Ministerio de Energía presenta y tiene una propuesta rápida, yo aseguro que con una discusión inmediata nos pueden citar un jueves, un sábado, un domingo y esto sale”.

“Aquí hago un llamado público al ministro García, si presentan una ley corta la despachamos dentro de octubre. Es un imperativo que tenemos que arreglar esto para evitar un cobro excesivo”, complementó el gremialista.

“Yo te aseguro que si el Ejecutivo nos presenta hoy día una propuesta y nos dicen que interrumpamos esta semana distrital para ver la ley corta, va a haber disposición yo creo que de todos los sectores políticos”, cerró Coloma.

Quien también había emplazado al Ejecutivo fue el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN).

“Nosotros vamos a dar todas las garantías, sesiones especiales (comisiones) investigadoras que se puedan hacer, pero por sobre todas las cosas llamamos al gobierno a presentar rápido una ley para poder entregar estos recursos a las personas. No es justo que se pierdan intereses de esta plata que cada vez vale menos sin que nosotros respondamos rápidamente”, señaló.

En palabras más generales, esta mañana el Presidente Gabriel Boric sostuvo que "“las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto, así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”.