Bancos en alerta: las preocupaciones por los efectos de la nueva regulación de los créditos de consumo

CMF

La normativa propuesta por la CMF implica provisiones adicionales por US$1.018 millones, un 52,6% más de las que existen hoy. Pero en tarjetas de crédito el incremento sería de 236%.


Fue el miércoles pasado cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó para consulta pública la nueva metodología según la cual los bancos del país deben constituir las provisiones en los créditos de consumo.

“Considerando el tamaño de la cartera de consumo a diciembre de 2021 y asumiendo que su comportamiento no tenga cambios significativos, la normativa se traduciría en un incremento cercano a US$ 1.000 millones en provisiones en relación con los nuevos estándares requeridos”, dijo la CMF en un comunicado.

Al respecto, en la industria están sacando cuentas, y en los primeros días tras la puesta en consulta del borrador las cifras preliminares apuntan a que la regulación podría ser incluso más cara de lo presupuestado por el regulador.

Según el informe normativo, en lo que se refiere a la estimación del impacto del modelo propuesto, el nivel de provisiones aumentaría en US$1.018 millones para toda la cartera, un 52,6% más que los US$1.936 millones que tenía la banca a diciembre de 2021. Con esto, la pérdida esperada de la cartera total pasaría de 4,3% a un 6,6%

Pero es en las tarjetas de crédito donde el impacto sería mayor. Según cálculos de la CMF, las provisiones pasarían de 1,1% a 3,6%, un alza de 236%, lo que según los bancos encarecería ese producto.

Además en la industria, apunta un ejecutivo, cálculos de algunos bancos indican que el incremento en los niveles de provisiones en ciertos productos podría ser el doble de lo que estima la CMF.

Esto, indican en el sector, abre una serie de preguntas: si tras varias crisis económicas, con alto desempleo, ocurridas en las últimas décadas, no ha habido problemas en la cartera de consumo, ¿por qué incrementar las provisiones? y ¿por qué es necesario duplicarlas? Esto, sobre todo, considerando el escenario económico actual, donde un incremento en los costos de los créditos de consumo encarecería su acceso y lo dificultaría para personas de ciertos grupos sociales y pymes de menor tamaño, muchas de las cuales se financian vía este tipo de préstamos.

Sobre los efectos en la tasa de interés, el informe normativo de la CMF manifiesta que si bien los modelos indican que la prima por riesgo podría aumentar hasta 300 puntos básicos para los individuos más endeudados, los bancos cuentan con provisiones adicionales en la cartera de consumo que permitirían reducir el impacto inicialmente estimado en un 46% a nivel sistema; y tienen holguras relevantes en sus niveles de capital para absorber el impacto en provisiones. No obstante, advierte: “Existe un alto nivel de incertidumbre en el mercado financiero tanto por eventos externos e internos, lo que podría generar mayores restricciones al crédito y desaceleración de la actividad económica en el futuro (Banco Central de Chile, 2022)”.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de la industria es la entrada a escena de un indicador de Tendencia, el cual la CMF define como el ratio entre la deuda promedio en operaciones de consumo en los últimos tres meses, respecto al nivel de deuda promedio que presenta el deudor en los 12 meses previos.

Así, bajo esta Tendencia se define una serie de aspectos: si un deudor tiene un ratio de Tendencia inferior a 1,2, si su RDI (razón deuda ingreso) es inferior a 4 veces, y no tiene un crédito moroso con otro oferente, la provisión a constituir sería de 2,7%. Pero si su Tendencia está sobre el 1,2, su RDI es superior a 4 veces y tiene un crédito moroso con su banco (1-30 días), además de estar impago con otro oferente, la provisión se eleva a 33,2%.

Esos son los costos que, a juicio de los bancos, elevarían las tasas de los créditos de consumo hacia futuro, aunque también saben que se avecina un período de negociaciones con el regulador de cara a perfilar la versión final de la normativa. “La norma sobre provisiones hipotecarias partió con un costo de US$800 millones, pero al final sólo implicó US$160 millones”, ejemplifica un ejecutivo del sector.

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