La columna de Tamara Agnic: “Mínimos civilizatorios económicos”

Al cumplirse los 50 años del golpe de Estado de 1973, surgió la reflexión acerca de ciertos mínimos civilizatorios en torno a los cuales todas las fuerzas políticas debieran manifestar su adhesión siempre. Hablamos de no permitir que la democracia se quiebre, no aceptar la violencia como acción política ni mucho menos tolerar la violación a los derechos humanos, porque éstos son principios mínimos que salvaguardan el Estado de Derecho. Sin esa línea base, todo lo que hagamos como sociedad queda bajo amenaza.

Pero también llevamos varios años debatiendo cómo aportamos sostenibilidad al planeta y a nuestro sistema productivo y de desarrollo y en este ámbito, es tiempo de hablar también de mínimos civilizatorios respecto del modelo económico. Creo que en este mundo debemos ser capaces de imponernos una línea base a las corporaciones, industrias y a las propias personas, respecto de cómo deben comportarse y guiarse los actores económicos para dar viabilidad y sostenibilidad al modelo global de generación de riqueza.

De acuerdo con el World Economic Forum, los cinco principales riesgos a corto plazo (dos años) son la crisis por el alza en el costo de la vida, las catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos extremos, el enfrentamiento geoeconómico, la incapacidad para mitigar el cambio climático y la erosión de la cohesión social y polarización de la sociedad. En los próximos diez años, los riesgos serán el fracaso en la mitigación del cambio climático, el fracaso de los planes de adaptación al cambio climático, las catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas y, finalmente, la migración involuntaria a gran escala.

Estos desafíos y riesgos deben generar el convencimiento de que ya no basta con que las empresas ofrezcan metas relativas a la reducción de emisiones o al logro de carbono neutralidad en sus operaciones. Eso, a la luz de las evidencias, constituye el piso o el mínimo aceptable si consideramos la urgencia climática y social por la que atraviesan las economías.

Pero aparte de los temas “verdes” y de las obligaciones de la ley 21.595 de delitos económicos, ¿se harán esfuerzos contundentes para poner freno a los delitos de cuello y corbata y medioambientales en las empresas? ¿Cuál será la actitud gremial, empresarial y de la sociedad ante la corrupción privada? ¿Qué pasa con las condiciones laborales de los trabajadores y la distribución del valor económico generado?, ¿cómo crear valor compartido con las comunidades y los distintos grupos de interés?, ¿se va a reponer la capacidad de los ecosistemas que han sido afectados por la acción de cada empresa o nos quedamos con el “de aquí para adelante”?

Éste es el catálogo inicial de mínimos civilizatorios para construir legitimidad social de la actividad empresarial, especialmente en impedir la ocurrencia de delitos ambientales, sociales y de gobernanza. Para ello se requieren programas sólidos de compliance que sean fruto de reflexiones estratégicas sobre la realidad de cada empresa y de una correcta identificación de riesgos asociados al core business.

Hay que trabajar conscientemente para impedir futuras fracturas sociales, geopolíticas y económicas debido a fenómenos como la escasez de recursos, migraciones forzadas o la pérdida de ecosistemas. Pero algo es evidente, lo ambiental no basta. Hay un cúmulo de obligaciones que asumir si en verdad queremos preservar el actual modelo económico y nuestra forma de vida.

* La autora es presidenta de Eticolabora