La abogada constitucionalista y exconvencional de la UDI, Constanza Hube, no se sintió derrotada y dijo que tampoco buscaba ganar tras el “téngase presente” que elaboró junto al abogado Gabriel Zaliasnik, y a nombre de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y que no fuera considerado por el Tribunal Constitucional (TC).

“El “téngase presente” nunca tuvo por objeto que el Tribunal Constitucional botara la ley, la declarara inconstitucional o dilatara la tramitación de la ley (...) Nosotros sabíamos que el proyecto de ley iba a avanzar y que se iba a declarar conforme a la Constitución”, sostuvo Hube en una conversación en Icare.

De esta forma, la también integrante de Libertad y Desarrollo (LyD) explicó que la acción se justificó para que, “en alguna parte de la tramitación de la ley, quede constancia que este proyecto de ley es defectuoso, crea un sistema penal paralelo, vulnera la igualdad a ley, vulnera el debido proceso y que, si no se hace algo al respecto, una reforma en el menor plazo posible va a traer judicialización y va a tener una serie de problemas como se ha visto en otras leyes”.

“Quisimos marcar el punto y al TC probablemente le va a tocar ver esta judicialización en la parte posterior (...) Yo creo que desde ese punto vista el objetivo estuvo más que cumplido”, agregó.

En esa línea, la académica de la Universidad Católica reiteró sus reparos ante la evaluación de que ”este proyecto carece de todo tipo de certeza jurídica y, especialmente, en temas como el derecho penal. El derecho penal, uno siempre dice que es como el último recurso para poder sancionar ciertas conductas y, en este caso, no se está utilizando como último recurso”.

Además, Hube apuntó que la iniciativa tampoco responde al objetivo de proteger el correcto funcionamiento de la economía, ya que, a juicio de la constitucionalista, la norma se centra en el contexto y no el hecho: “Genera un mecanismo selectivo de aplicación de penas a un cierto grupo que trabaja en ciertos lugares y con un nivel de incertidumbre más o menos importante. Entonces, más que usar el derecho penal como último recurso, lo que se está haciendo es instrumentalizar el derecho penal con una mirada muy ideológica, que puede ser bien atendido en una cuestión teórica, pero que en la práctica va a tener diferentes problemas”.

“El punto es que tiene que ser un sistema penal para todos. No puede ser un sistema punitivo ad hoc ajustado a un determinado tipo de personas que trabajan en cierto tipo de organizaciones”, añadió.

Ante este contexto, Hube llamó a que la iniciativa debe tener cambios y que la misma puesta en marcha obligará al Congreso a impulsar una modificación ante una mayor “judicialización y problemas de interpretación” que existirán en base a la implementación de esta ley, según proyectó.

“Desde mi punto de vista, creo que transversalmente hay una idea, salvo en el gobierno y en algunos profesores que participaron de esta norma, que más o menos estamos de acuerdo que requiere algunas modificaciones. Algunos creen que son más y otras que son menos, pero que se requieren cambios”, comentó.

Sin embargo, Hube también sostuvo que hoy no existe “agua en la piscina” para poder impulsar desde el Congreso cambios a la ley de delitos económicos, en el corto plazo, una vez que ya sea promulgada.