El pasado 3 de mayo se cumplieron 10 años desde la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Por medio de la Ley N°19.911, se formó este organismo que llegó a reemplazar a las comisiones Resolutiva Antimonopolio y Preventiva (central y regionales).

“Una década de consolidación y fortalecimiento institucional que nos ha permitido convertirnos en un tribunal de libre competencia cuyas decisiones son estudiadas con detención no sólo por los especialistas chilenos sino por los de muchos países del mundo y son considerados referente en la región. Una década en que la pequeña institución que tengo el honor de presidir ha demostrado fortaleza y decisión en la lucha para proteger la libre competencia en nuestro país”, fueron las palabras del presidente del TDLC, Tomás Menchaca.

Así, desde que se modificó el Decreto Ley 211 en 2004, creándose el TDLC, la Fiscalía Nacional Económica ha presentado una serie de demandas en contra de compañías, principalmente por abuso de posición dominante y por colusión, es decir, por concertarse con su competencia para subir el precio de sus productos. Pero hay un caso que marcará precedente: el que vincula a las principales productoras de pollos del país.

El organismo antimonopolio -liderado por el fiscal nacional económico Felipe Irarrázabal- demandó por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a las principales empresas del rubro (Agrosuper, Ariztía y Don Pollo), junto a la Asociación de Productores Avícolas. Se pidieron multas que en su conjunto superan los US$100 millones, las más altas planteadas hasta ahora.

Hasta ahora, los dictámenes más bullados del TDLC son su rechazo a la fusión D&S con Falabella y la colusión de las farmacias.

Ad portas del caso pollos, autoridades dan sus pautas

Luego que la Fiscalía Nacional Económica acusara de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a las principales empresas del rubro (Agrosuper, Ariztía y Don Pollo), junto a la Asociación de Productores Avícolas, las compañías han insistido en su inocencia.

Las compañías avícolas han rechazado tajantemente la acusación; que no se han puesto de acuerdo y que menos se ha utilizado al gremio que las agrupa como un canal para coludirse y así determinar la producción de carne de pollo y asignarse cuotas en el mercado nacional.

Las empresas han presentado testigos, informes económicos, entre otros antecedentes, rechazando la demanda. Lo propio ha realizado la FNE defendiendo su posición.

Con todo, será el Tribunal de la Competencia el que resuelva finalmente si las empresas se coludieron o no, lo que se espera ocurra en el mes de agosto próximo.

“Ese caso en particular está en plena redacción de su sentencia. Y se dará a conocer en un plazo relativamente cercano: del orden de los 60 días, que es más o menos lo esperable, porque es un caso complejo y enorme”, destaca el presidente del Tribunal de la Competencia, Tomás Menchaca.

Distintas fuentes consultas esperan que, de seguro, la resolución sea apelada ante la Corte Suprema: la fiscalía, si no logra que se condenen a las empresas, y éstas últimas para intentar revertir un eventual fallo desfavorable del TDLC ante el máximo tribunal del país.

Tras este caso, las reuniones al interior de los gremios son cada vez más normadas. Incluso, algunos gremios evitan hoy por hoy hasta solicitar encuestas y estudios para evitar cualquier atisbo que pueda terminar en una demanda por colusión. Todo luego de la demanda en contra de las empresas avícolas y la posterior guía lanzada en 2011 por parte de la FNE, para orientar a las asociaciones gremiales sobre cómo cumplir con la ley de Libre Competencia.

“Obviamente, este caso (pollos) crea una cierta relevancia o conmoción. Es un caso que es seguido y revisado, pero la fiscalía hizo su trabajo, que a mi juicio es una labor técnica. Ahora tenemos que esperar que el tribunal, en forma completamente libre como tiene que ser, tome su decisión”, destaca el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.

La autoridad añade: “Hemos sido muy neutrales y nos basamos en el mérito de la investigación, es decir, esperamos que ésta sea lo suficientemente convincente respecto a las instancias jurisdiccionales”.