La fusión entre las líneas D06 y D13 anunciada hoy por el Ministerio de Transportes generó el rechazo de Alsacia y Express, empresas que administraban estos recorridos y que ahora pasarán a manos de Vule.

De acuerdo a una  declaración conjunta, ambas firmas denuncian un actuar ilegal reiterado por parte del ministro Gómez Lobo y sus asesores, "que continúan expropiando ilegalmente servicios a Alsacia S.A. y Express S.A. sin esperar la decisión de la Contraloría General de la República que fue solicitada por las compañías respecto a su proceder".

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Las firmas sostienen que este retiro ilegal de servicios que está haciendo el Ejecutivo, lo justifican en el ranking de indicadores operacionales. "Sin embargo, el propio Ministerio ha reconocido por escrito que al menos durante los años 2015 y 2016, le exigió a estas empresas un plan operacional que era imposible de cumplir. Por tanto, los indicadores resultantes deben ser corregidos y las empresas indemnizadas", señalaron.

En esa línea, recalcan que las nuevas bases de licitación "reconocen que los referidos indicadores son incorrectos y serán cambiados. Sin embargo el MTT ha anunciado que los indicadores obtenidos como resultado de exigir a Alsacia S.A. y Express S.A. un plan imposible de cumplir, serán utilizados para calificar a dichas empresas en la licitación que se avecina".

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Para las referidas empresas del Transantiago, esto es "irracional e ilógico", y además "aparece como un conveniente mecanismo para eliminar a Alsacia S.A. y Express S.A. de las próximas licitaciones y favorecer a otros".

Ante esto, Alsacia y Express consideran que las acciones que está llevando a cabo el Ministerio, "está generando una asfixia económica a estas empresas con el declarado objetivo de que entren a un proceso de Reorganización Empresarial, sin que se resuelva el desequilibrio económico de estas concesiones, sin pagar a los acreedores financieros y dejando un serio problema para un futuro gobierno".

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Agregan que estas decisiones se están ejecutando "sin motivación suficiente y con clara desviación de fin, ya que, en lugar de ampararse en el bien público, afectan el bienestar de todos los usuarios del transporte público de la Región Metropolitana".