Infames durante la crisis subprime, Fannie Mae y Freddie Mac hoy se vuelven a posicionar como empresas rentables en el sector de servicios hipotecarios de EEUU. Sin embargo, su pasado aún las perfila como un potencial peligro para la estabilidad económica estadounidense, siendo materia de debate la continuidad de la participación del Estado en su propiedad.

Las empresas, que no hacen hipotecas, sino que las compran a los prestamistas, las envuelven en valores y proporcionan a los inversionistas garantías contra el impago, muestran cifras que dan cuenta del buen momento del sector inmobiliario.

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Fannie Mae reportó el viernes un beneficio de US$5.000 millones en el 4T e indicó que pagará un dividendo de US$5.500 millones al Tesoro. En tanto el jueves, Freddie Mac informó ganancias de US$4.800 millones en el mismo periodo, con dividendos al Estado de US$4.500 millones.

"Las compañías ahora son muy rentables, todavía tienen un control importante del mercado en EEUU, alrededor del 60%", señaló a PULSO Richard Bove, analista de Rafferty Capital Markets, agregando que "las perspectivas de ambas son bastante buenas en el largo plazo".

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El regreso a la rentabilidad les ha permitido a estas empresas patrocinadas por el gobierno pagar más dividendos al Tesoro de los US$187.500 millones que les costó a los contribuyentes mantenerlas a flote tras la crisis financiera, en el que fue el rescate más grande de la historia de EEUU (ver recuadro). En ese marco, se ha animado el debate sobre su futuro y a la reforma completa al financiamiento de la vivienda en Estados Unidos, asuntos que fueron catalogados como una prioridad por el recién confirmado secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Sin embargo, las opciones son múltiples y una resolución podría tardar más de lo esperado.

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La Asociación de Banqueros Hipotecarios presentó el mes pasado, días después de que asumiera la presidencia Donald Trump, una propuesta puntual para Fannie Mae y Freddie Mac. En ella proponen que las firmas tengan utilidades privadas y limiten sus retornos sobre el capital. También convertiría el respaldo implícito del gobierno de las compañías en una garantía explícita de los valores respaldados por hipotecas que venden a los inversionistas. Es el último punto el que podría generar conflictos políticos, dado que obligaría a mantener un subsidio general del sector.

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Otras de las alternativas sobre la mesa fue la impulsada por asesores de la campaña presidencial de Hillary Clinton, que apunta a combinar a ambas firmas en una corporación Estatal. Mientras que pequeños grupos de prestamistas han sugerido que se conviertan en agencias de servicios públicos.

Pero la idea que más entusiasma al mercado es la privatización. Actualmente el Estado se queda con todos los ingresos de las firmas, pese a la demanda de Perry Capital, Fairholme Funds y Arrowood Indemnity, que reclamaron sin éxito parte de las ganancias. Así, sectores liberales aún condenan la intromisión del gobierno en la propiedad de las firmas y, a su vez, en el sector de hipotecas.

"Estas dos compañías son propiedad de accionistas que el gobierno robó, poniéndolas bajo su tutela y haciendo a un lado todos los derechos de los accionistas", sostiene Richard Bove.

Bajo el gobierno de Trump, habrían más posibilidades de avanzar en la línea de la privatización, lo que ha permitido un avance de 6,7% en las acciones de Fannie y de 7% en las de Freddie en el año. De hecho Mnuchin indicó que las firmas no deben quedar bajo control gubernamental "sin solución", pero al mismo tiempo recalcó que no quiere limitar el financiamiento de la vivienda.

El rescate más grande en EEUU

En 2007 estallaba la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la administración de George W. Bush hacía lo posible para que evitar la propagación de la crisis. Ante la emergencia, el departamento del Tesoro recibe la autorización para comprar US$100.000 millones de valores preferencia y títulos respaldados por hipotecas de Fannie Mae y Freddie Mac. Como resultado, ambas quedaron bajo la tutela de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y mantenerlas a flote les costó a los contribuyentes US$187.500 millones, convirtiéndose en el rescate más grande de la historia de EEUU, que no cumplió su cometido y el país sucumbió a la crisis.