Antes de las 07.00 horas, en el comando de Alejandro Guillier se encendieron las alarmas y comenzaron las llamadas y los mensajes por Whatsapp. Un reportaje de la radio Bío Bío señalaba que el senador por Antofagasta había recibido de parte de uno de sus asesores externos cuatro informes que eran literalmente un "copy paste" de la información que aparecía en la página del Senado, donde queda registrado el resumen de cada sesión y comisión. Estos habían sido cancelados con parte de las asignaciones parlamentarias por un monto de $1 millón mensual, sumando en todo el período un pago por $19 millones.

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El tema sorprendió a varios partiendo por el generalísimo de la campaña, Osvaldo Correa (PR) y los timoneles de las colectividades que apoyan la candidatura, aunque temprano el senador les explicó los alcances de la situación y aseguró que "no había nada irregular".

Mas tarde cerca de las 10:30 horas el propio aspirante presidencial salió a responder en público cómo trabajaba con el abogado Omar Beltrán, autor y responsable de los documentos que generaron la polémica y cómo también éste le ofrecía asesorías verbales y telefónicas en caso de ser necesarias.

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"Cuando no puedo ir a una reunión, por ejemplo, de la comisión de Educación o de Salud hay gente que me reporta qué se discutió en esas sesiones y lo único que hacen es que me agregan una observación al borde o al final del documento o a veces me lo subrayan donde me dice ponga atención en esto que se está discutiendo en la comisión", señaló Guillier luego de participar en un encuentro de la Fundación País Digital.

Así el candidato del PR, PS, PC, PPD, IC y MAS insistió en que Beltrán "no estaba contratado contra informe" y agregó que "no hay nada que no haya pasado por los controles que hay en el Senado".

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Sin embargo, el episodio no pasó la prueba en el equipo y generó una nueva tensión en el corazón del "guillierismo" por el manejo del caso. Esto debido a que el grupo que trabaja directo en las labores parlamentarias y que encabeza el jefe de gabinete, Enrique Soler, habían sabido de la investigación periodística hace un par de semanas, pero no habían alertado al comando. El propio Soler fue el encargado de responderle a la radio Bío Bio, hace más de 10 días por medio de un cuestionario que publicó la emisora en el reportaje. Sin embargo, los principales coordinadores de la campaña no fueron avisados y ayer varios se mostraron molestos con la mano de derecha del candidato presidencial. Lo que se profundizó no sólo por el hecho de los "informes copiados", sino además por la vinculación que se hacia entre el abanderado oficialista, su asesor y Harold Correa (PPD), quien ha sido investigado por financiamiento irregular de la política.

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Por ello, para contener en parte el "daño público" que podría generar la polémica a un poco más de dos meses de la elección presidencial, se zanjó la propuesta de que Guillier pidiera a la comisión de Ética del Senado que revisara su caso.

Así por la tarde, el parlamentario por Antofagasta se reunió en el Congreso con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC) y el senador Hernán Larraín (UDI), quien lidera la instancia de Ética y Transparencia de la Cámara Alta. En la cita el candidato oficialista pidió que el comité de auditoría de la Corporación pueda revisar en detalle el uso de sus asignaciones parlamentarias y contrataciones de asesores, incluido Beltrán. Esto con el fin de que sea la instancia la que verifique el uso correcto de las asignaciones públicas. La idea es que luego con ese informe, la comisión que encabeza el parlamentario gremialista pueda pronunciarse.

Para ello, el aspirante presidencial se omitirá de la instancia, pues es uno de sus integrantes. Así su situación quedará, además de Larraín, en manos de Ignacio Walker (DC), Alfonso de Urresti (PS) y José García Ruminot (RN).

Fiscalía investiga asesorías

"Si estuviese mintiendo, sí; si no estuviese mintiendo, no". Esa fue la rápida respuesta que dio Guillier en los pasillos del Congreso, al ser consultado sobre el efecto de esta polémica en su campaña.

Lo cierto, es que los efectos fueron más allá y en paralelo a los pasos del Poder Legislativo, desde el Ministerio Público confirmaron que los antecedentes expuestos por el reportaje, daban para extender a los senadores la investigación por asignaciones parlamentarias, que inició el año pasado la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuando se autodenunció la ex jefa de comunicaciones de la UDI, Lily Zúñiga por boletas de servicios no realizado a la diputada Claudia Nogueira.

Así la solicitud llegó ayer a la Cámara Alta para revisar cómo los parlamentarios hacen uso de los recursos asignados y si en caso de alguna irregularidad se pudiera configurar el delito de fraude al fisco. "Nosotros en este tema lo que vemos es la forma en que se utilizan los recursos públicos", señaló el fiscal Manuel Guerra.

El tema provocó la molestia de varios senadores, entre ellos Hernán Larraín, quien dijo que no "hay fundamento alguno" para pedir la revisión completa de la Cámara Alta. "Cuando los fiscales dicen que están investigando al Senado entero, están realmente haciendo algo que raya con la ofensa. A propósito de algo que recién se está conociendo quieren investigar al Senado entero como si hubiera algún antecedente objetivo que lo justificara. No lo hay y los fiscales están yendo demasiado lejos", señaló el ex timonel de la UDI.