El primer borrador del documento “El futuro que queremos” que acordaron el martes delegados de 193 países, comenzó en 200 páginas. Tras meses de negociaciones, se redujo a 49 páginas, divididas en seis capítulos y con líneas excluidas, pues no se logró llegar a acuerdo.

Los asuntos más polémicos fueron superados con textos conciliadores y sin muchas especificaciones.

Los puntos de mayor divergencia son tres. El primero, sobre la definición de desarrollo sustentable (postura defendida por países en desarrollo) versus economía verde (que defienden más los países desarrollados). Al respecto el texto define el desarrollo sostenible como  “promoción sustentada, incluyente y justa del crecimiento económico para crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, elevar los niveles básicos de vida, promover el desarrollo social equitativo (...)”.

Y luego, sobre “economía verde”, el documento sólo dice que “existen diferentes abordajes, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país, según sus circunstancias y prioridades nacionales, para alcanzar el desarrollo sostenible”.

Un segundo punto de discordia era sobre generar un nueva agencia para el medio ambiente, pero se concluyó fortalecer el actual Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

El tercer punto es el tema del financiamiento. Se proponen líneas de acción, pero no dice de dónde saldrán los recursos para ellas, pues el fondo de US$ 30 mil millones que estaba propuesto, fue objetado.