“A raíz de las posibles desviaciones presentadas, se podría llegar a alcanzar una magnitud de US$9.645–US$12.950 millones de capital" adicional que se le exige a la banca a nivel local por Basilea III, versus la regulación global.

Eso es lo que concluye un estudio de 93 páginas que encargó la Asociación de Bancos (Abif) a PwC España para evaluar “las principales divergencias entre la normativa bancaria chilena y el marco de Basilea III, centrándose en aquellas disposiciones con efectos cuantificables sobre los requerimientos prudenciales”.

Luego de hacer un análisis de la regulación local, el documento concluye que en Chile existe “un sesgo conservador en las metodologías de cálculo del riesgo de los activos, tanto del libro de banca como de negociación, lo que se traduce en una mayor densidad de activos ponderados por riesgo (APR) respecto de las jurisdicciones miembros del Comité de Basilea. Este efecto se suma a requerimientos regulatorios superiores a los observados en la región”.

El gerente general de la Abif, Luis Opazo, afirma que “es necesaria una evaluación integral de la aplicación del marco de capital en Chile, ya que las estimaciones sugieren que existe un exceso por sobre el referente de aplicar BIS III en el rango de US$9 mil millones a US$13 mil millones. Esto es claramente significativo, y en la medida que la economía retome su dinamismo, puede ser una limitante a la expansión del crédito”.

El ejecutivo de la Abif agrega que “los requisitos de capital deben balancear el objetivo prudencial de solvencia y el de desarrollo de mercado. Requisitos de capital en exceso implican mayores costos de financiamiento, en tanto que requisitos laxos pueden afectar el objetivo prudencial”.

Por otra parte, Opazo estima que “la norma en consulta de la CMF para revisar la medición de riesgo de mercado es una buena notica, así como el impulso anunciado para el desarrollo de modelos internos. Sin embargo, es importante señalar que el desarrollo de modelos internos es un proceso complejo y cuya implementación no es inmediata”.

Las estimaciones del estudio se basaron en información de los 17 bancos chilenos, versus cómo se ha aplicado Basilea III en el marco internacional, ocupando a Europa como referencia.

Las estimaciones en APR

En términos de APR es donde el estudio cree que está el mayor capital que se podría liberar, ya que calcularon que “manteniendo constante el nivel de requerimientos de capital, el fortalecimiento en la gestión del riesgo de crédito y la reducción de brechas metodológicas en el cálculo de los activos ponderados por riesgo de mercado (APRM), podrían liberar entre US$7.437 millones en capital regulatorio y US$9.267 millones, según el grado de adopción de modelos internos de riesgo de crédito”.

En este punto de los APR, el análisis se desagregó en dos ítems: por riesgo de crédito y según riesgo de mercado en el libro de negociación. Es en el primero donde se concentra el mayor “exceso” de capital que acusa la banca, ya que el documento calculó que si allí se superan ciertas “limitaciones” que existen a nivel local, y se generan incentivos para avanzar hacia modelos internos, se podría liberar un capital regulatorio de entre US$5.948 millones y US$7.778 millones.

Esto, porque la estimación del riesgo de crédito arrojó que “la principal brecha normativa corresponde a la prohibición del uso del enfoque IRB avanzado (A-IRB, o modelos internos), la aplicación inmediata del output floor de 72,5% (es el límite mínimo, o diferencia entre el modelo estándar y el modelo interno) y la revisión en curso de los criterios para el desarrollo de modelos internos por parte del regulador".

En otras palabras, plantea que, “en la práctica, esto implica que el 100% de los bancos en Chile utiliza metodologías estandarizadas, sin distinción por tamaño o complejidad, situación poco habitual entre las jurisdicciones miembros del Comité de Basilea”.

En paralelo, en materia de riesgo de mercado el estudio cree que se podría liberar capital adicional, dado que “la normativa chilena continúa basada en Basilea I (1996), lo que genera cargas de capital elevadas y con baja sensibilidad al riesgo. En particular, el uso del Maturity Method para el riesgo general de tasa de interés, al considerar únicamente la madurez contractual de los instrumentos, produce un ajuste vertical del 10% sobre posiciones parcialmente cubiertas, sobrestimando las necesidades de capital".

Así, concluye que “la adopción del Duration Method permitiría reducir a un 50% los APRM asociados a dicho ajuste, equivalente a una liberación estimada de US$1.108 millones. Además, la eventual autorización de modelos internos representaría un ahorro de capital de US$381 millones″.

Requerimientos de capital

El documento también subdivide en dos el análisis en términos de requerimientos de capital. Estos son el Cargo por importancia sistémica (D-SIB), y Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC). Sumando ambos, el estudio calcula que “los requerimientos de capital superiores a los observados en la región representarían aproximadamente US$2.208 – US$3.683 millones en capital regulatorio adicional”.

Sobre el primero, señala que “los requerimientos de capital en Chile presentan un sesgo conservador en comparación con las jurisdicciones regionales, con potenciales efectos sobre la competencia. En particular, la calibración del cargo aplicado a los bancos sistémicos domésticos supera la tendencia latinoamericana: el promedio simple de los bancos en Chile alcanza 1,29%, es decir, 0,29 puntos porcentuales sobre la moda regional de 1%, lo que implica aproximadamente US$733 millones adicionales de capital para el sistema”.

Mientras que sobre el llamado colchón contracíclico, afirma que “Chile se posiciona entre las pocas jurisdicciones de la región con un RCC activo del 0,5%, y una de las únicas con proyección de alcanzar un nivel neutral del 1%. El nivel vigente implica un requerimiento de aproximadamente US$1.475 millones en capital, monto que se duplicaría (US$2.950 millones en capital) al implementarse el nivel neutral previsto por la autoridad”.

El estudio también analiza otro tipo de impactos, donde se identificaron “brechas y oportunidades de mejora en el marco normativo vigente en Chile, asociadas a impactos de menor magnitud o de difícil cuantificación”. Por ejemplo, “en riesgo de crédito, se observan divergencias respecto del marco de Basilea III en carteras de consumo, pymes e hipotecas, con ponderadores conservadores que elevan los requerimientos de capital”, entre otros.