La decisión del gobierno de José Antonio Kast de adherir a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo está generando debate sobre los aspectos políticos y de seguridad, sino que también comenzaron a aparecer algunas dudas sobre los alcances económicos.

Esto porque en el comunicado que publicó el gobierno no incluía algunos aspectos que están en la declaración conjunta que, si estaba en la Declaración Conjunta en Defensa de la Soberanía Hemisférica, que se publicó en el sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En esa declaración se señala que quienes firmen esta declaración “se comprometen a defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; estudiando mecanismos de control de las inversiones; protegiendo las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y fiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

Asimismo, mencionan que “reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, puestos de trabajo estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable”.

Este hecho generó preocupación entre algunos diputados de oposición. Uno de ellos es Gonzalo Winter del Frente Amplio, quien en conversación con T13 afirmó que “el presidente Kast nos ha dicho a nosotros que en realidad este es un asunto de seguridad relativo al crimen organizado, pero en la primera declaración que aparece nos están diciendo que tiene que ver con minerales críticos y que tiene que ver con una cooperación económica y de revisión de las inversiones”, acusó.

En Radio Duna, el presidente del PPD, Raúl Soto, dijo que “¿Cuál es el interés que Chile está protegiendo al sumarse al Escudo de las Américas? ¿Un interés para resguardar económicamente el mundo empresarial de nuestro país, pero descuidando nuestro interés en materia de autonomía, soberanía y también geopolítico?, recalcó.

A primera hora, el vicepresidente de la República y biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que “es un acuerdo de carácter político y que tiene como propósito intercambiar información de inteligencia. No hay efectos sobre los socios comerciales y específicamente con China”.

Y luego, consultados por Pulso, desde Cancillería la respuesta fue enfática: “La política exterior y comercial de Chile es soberana y responde a los intereses del país. La adhesión a esta iniciativa no modifica ese principio: cualquier decisión que Chile adopte en materia comercial, de inversiones o de cooperación económica seguirá tomándose de acuerdo con nuestra institucionalidad, nuestros compromisos internacionales y nuestras propias prioridades”.

En ese sentido, afirmaron que “Chile define soberanamente su política comercial y sus procesos de negociación. Tanto los acuerdos vigentes como aquellos que actualmente negociamos responden a los intereses y prioridades del país”.

Consultada por ¿cómo se relaciona esta declaración con la negociación que lleva adelante Chile por los aranceles? Desde la cartera que lidera el ministro Francisco Pérez Mackenna, aclaran que “son procesos distintos. La negociación arancelaria responde a las medidas comerciales que Estados Unidos viene aplicando desde abril de 2025 a todos sus socios y la negociación bilateral continúa desarrollándose directamente entre los equipos técnicos de Chile y Estados Unidos”.

Y subrayaron que “el Escudo de las Américas es una iniciativa de cooperación regional diferente, que incluye materias de seguridad. Su adhesión no forma parte de la negociación arancelaria ni modifica la posición que Chile ha venido sosteniendo en esas conversaciones”.

Los expertos

La exsubsecretaria de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Sanhueza, afirmó que “la firma de esto no obliga al Estado de Chile a nada hoy. Es una declaración de intenciones, y dice expresamente que cada país actúa conforme a su legislación. Cualquier obligación nueva para Chile debe pasar por el Congreso, como los TLC y otros acuerdos, y no corresponde tramitarla como si fuera un simple acuerdo de ejecución del TLC vigente. Además, no podemos comprometernos como país a nada que contradiga nuestras leyes ni nuestros compromisos internacionales”.

Asimismo, subrayó que “el problema de fondo es el alineamiento general, que se contradice con nuestra política exterior de autonomía y no alineamiento, que existe justamente para proteger nuestros intereses. Ese alineamiento no nos produce ningún beneficio. Lo que hay que proteger son nuestros acuerdos internacionales en función de nuestros intereses; si no se respetan, perdemos capital como país, y eso puede afectar todas las otras negociaciones”.

El exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, comentó que “aún es muy pronto para evaluar su impacto económico. Es una alianza sobre la que sabemos poco y sus alcances deben ser clarificados”. No obstante, apuntó que “este es un acuerdo político, con un ánimo de colaboración en materias de seguridad y económicas, y no un tratado formal vinculante. Por tanto, las materias bilaterales y multilaterales de índole comercial entre países deben resolverse en ese fragor”.

Si bien puntualizó que “la declaración del Escudo de las Américas, quedan muchas dudas sobre su impacto en decisiones soberanas, en materia de inversiones y comercio exterior, pero confío plenamente en las declaraciones de Cancillería sobre la no inferencia de terceros en las decisiones soberanas de nuestro país, cuestión que, según el gobierno, estaría resguardada”.