En momentos en que crece el debate político en las filas oficialistas para imprimir un sello más reactivador y proempleo para el diseño del Presupuesto 2027, el Centro de Estudios Públicos (CEP) aterriza las 12 claves a considerar para el diseño y debate presupuestario que está ad portas de comenzar en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha insistido en la necesidad de tener un Presupuesto 2027 austero y ha fijado un crecimiento del gasto con un techo en 1%, aunque las presiones venidas desde el oficialismo para tener un erario más expansivo podrían cambiar el escenario, en un instante en que la economía exhibe una marcada debilidad y el desempleo se empina hasta 9,5%. “Difícil que haya espacio para un crecimiento del gasto público que supere el umbral del 1%”, dijo el propio Presidente José Antonio Kast esta semana en una conversación radial, evidenciando el “ruido” político que se ha instalado para aumentar el gasto del próximo año.

Pero el estudio del centro de pensamiento liberal va más allá de este debate y enfatiza que el primer erario que diseñe esta administración permitirá evaluar cuáles van a ser sus prioridades y la intensidad que imprimirá a la corrección de la trayectoria de las cuentas fiscales. “El Presupuesto 2027 será el primero elaborado por el actual gobierno. Por un lado, es la oportunidad para que muestre sus cartas potenciando con recursos sus prioridades programáticas, que debieran ser empleo y seguridad. A la vez, es una prueba respecto de su compromiso con la sostenibilidad fiscal, con un crecimiento del gasto acotado que permita cumplir las metas fiscales”, afirma el investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez.

El CEP recuerda que, a más tardar el 30 de septiembre, el Ejecutivo deberá ingresar al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos. “Será el primero elaborado íntegramente por la actual administración y, por esa razón, se lo leerá buscando su sello: una señal de si en realidad las prioridades cambian y si la trayectoria de las cuentas públicas se corrige. Por ello, este trabajo se escribe deliberadamente antes de conocer el proyecto, con el propósito de poner el foco en las claves que será relevante mirar del mismo, para evaluar si representa o no un cambio de tendencia”, reflexiona el autor en el estudio.

El espacio de gasto

El primer punto que intenta responder el CEP apunta a dilucidar cuánto puede crecer el gasto en 2027. Si bien las primeras aproximaciones para el crecimiento del gasto del próximo año daban un panorama complejo para Hacienda, el reciente resultado de las estimaciones de los parámetros de largo plazo realizadas por los comités de expertos convocados por la cartera (comités consultivos del PIB No Minero Tendencial y del Precio de Referencia del Cobre), los que son claves para la elaboración del Presupuesto, dieron un mayor margen para las finanzas públicas.

Mientras el cálculo para el precio del cobre de largo plazo aumentó a US$5,37 para el Presupuesto 2027 (desde los US$4,38 por libra utilizados para el Presupuesto 2026), la nueva estimación del crecimiento del PIB no minero tendencial resultó en 2,6% para 2027 y en 2,3% para el promedio 2027-2031, lo que contrasta con la estimación previa de 2,1% promedio para el período 2026- 2030.

“Si bien antes de conocerse oficialmente estos parámetros el ministro de Hacienda había adelantado en declaraciones de prensa que el gasto público podría crecer entre 0 y 1% en 2027, a la luz de las proyecciones de los comités, es probable que el gasto pueda crecer entre 1 y 2% en términos reales respecto de 2026”, destaca el CEP. Sin embargo, el think tank cree que para atenuar el acercamiento al nivel prudente de deuda y/o realizar aportes al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se requeriría un crecimiento menor.

“En cualquier caso, esta sigue siendo una holgura muy acotada. En efecto, un crecimiento del gasto menor que 2% real lo situaría entre los cinco menores crecimientos de los últimos 35 años. Por lo tanto, un primer elemento clave a observar en el Presupuesto 2027 es la tasa de crecimiento real del gasto que propone el proyecto, y verificar si ella es consistente con el cumplimiento de la meta de déficit estructural de 1,8% del PIB”, plantea el informe.

La segunda clave apunta a una mirada a las holguras de mediano plazo de la programación financiera que la Dipres (Dirección de Presupuestos) publica junto al Presupuesto. En el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre de 2026 se mostraban holguras fiscales negativas durante todo el horizonte de programación financiera, fluctuando entre 0,2% y 0,5% del PIB (2028-2030), debido a que el gasto comprometido supera al gasto compatible con las metas en todo el período.

De acuerdo al CEP, estas proyecciones probablemente mejoran debido al aumento de las estimaciones de ingresos estructurales que consideran los nuevos cálculos de los parámetros de largo plazo de los comités de expertos. “Con todo, el punto de partida es que el gasto compatible con las metas crece en torno a 1,5% real anual promedio durante el período. Aunque ello se duplicase con las nuevas estimaciones, seguiría estando en el rango inferior del crecimiento de las últimas tres décadas. Esto deja en claro que la convergencia fiscal no se logra solo con un ajuste de un año que luego se pueda relajar: ante la ausencia de nuevos ingresos estructurales, requiere un cambio significativo de conducta en la tasa de crecimiento del gasto público respecto de su promedio histórico”, sentencia el estudio.

Por otro lado, el Presupuesto 2027 debe contribuir a mantener una trayectoria de deuda sostenible -la que no debe superar el 45% del PIB de acuerdo al marco fiscal vigente-, sin depender de supuestos excesivamente optimistas, recalca el CEP en la investigación. Tras cerrar 2025 en 41,7% del PIB, y luego de haberse multiplicado por 10 en dos décadas, la deuda bruta del Gobierno Central se proyecta en 42,7% para 2026. Sin embargo, bajo el escenario base de la Dipres, considerando el gasto comprometido, la deuda bruta superaría el nivel prudente en 2029 (45,3%).

Una cuarta clave del diseño presupuestario apunta a la trazabilidad de las medidas correctivas o de ajuste fiscal ante incumplimientos de la meta estructural, tal como ocurrió en 2025, cuando se activó la norma de la ley sobre responsabilidad fiscal. Esto permite distinguir un “compromiso de una intención”, estima el CEP. “El ajuste fiscal debe ser trazable y verificable, con montos por partida, plazo y carácter permanente o transitorio de cada medida”, consigna el centro de pensamiento.

Rigidez e inercia fiscal

El texto recuerda que el gasto fiscal establecido por leyes permanentes tiene una propiedad que lo distingue del resto: no puede ser rechazado en la discusión presupuestaria anual. Esto genera un espacio más reducido para reasignaciones y hace difícil modificar sustancialmente la estructura del gasto mediante una sola Ley de Presupuestos.

Según las cifras de la Dipres, la proporción del Presupuesto comprometida en leyes permanentes se mantuvo estable entre 2013 y 2018, en torno a un promedio de 66,6%, y a partir de ese año inició una caída continua hasta 61% en 2022, para luego revertirse y aumentar de forma sostenida hasta 83% en 2026, una cifra récord para la serie.

“La implicancia para 2027 es aritmética. Si en torno al 83% del Presupuesto está comprometido por ley, cualquier ajuste tiene que alojarse en la fracción restante. Lo que corresponde observar, entonces, es si el proyecto para 2027 reporta esta proporción y en qué dirección se mueve; y, sobre todo, si el Presupuesto viene acompañado de iniciativas legales en paralelo que modifiquen compromisos permanentes. Sin ellas, la rigidez no bajará significativamente: en el fondo, atenuar la estrechez fiscal depende menos de recortes en el margen, que de revisar los grandes compromisos permanentes, por lo que es poco esperable que en un año se revierta una tendencia de más de una década”, establece el estudio.

Una sexta clave del erario 2027 está ligada íntimamente a la composición ministerial y a la inercia. “El segundo obstáculo para ajustar y reasignar es institucional. Cinco ministerios -Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, y Obras Públicas- concentran cerca del 80% del gasto total, varios de los cuales, además, presentan altos grados de rigidez”, explica el CEP, añadiendo que -dado este escenario- “un cambio de prioridades drástico es difícil de materializar”.

Otro punto relevante que quita flexibilidad y resta espacio disponible al Presupuesto se asocia al pago de intereses, el que ya representa 5% del gasto público, frente a solo 2% registrado en 2008. La Dipres proyecta un gasto en intereses de $4.590.729 millones para 2026, lo que equivale a 1,3% del PIB y a algo más de 5% del gasto total del gobierno central, repara el CEP.

“Dicho en términos más coloquiales, cinco de cada cien pesos del Presupuesto se destinan hoy a pagar intereses, cuando hace menos de dos décadas eran solo dos (…) Lo que corresponde observar en el proyecto 2027 es simple y revelador: si el gasto en intereses crece por encima del gasto total, el espacio disponible para el resto de las prioridades se estrechará aún más”, concluye el informe liderado por Jorge Rodríguez.

¿De dónde sale el ajuste?

El CEP recuerda también que el espacio desde donde los gobiernos suelen ajustar el gasto público en los últimos años se han concentrado en la inversión pública. Añade que la inversión pública ha perdido peso en las últimas décadas y, además, se ha usado como línea de ajuste para hacer frente a las presiones de gasto corriente, en especial del sector salud.

Dado el elevado desempleo, el Presupuesto debiera priorizar inversión, con medidas que aseguren su ejecución, precisa el CEP. “Con un desempleo por sobre 8% durante cuarenta y tres meses consecutivos, y actualmente en 9,5% -que implica que existe cerca de un millón de personas con la necesidad de trabajar-, la atención se vuelca sobre la capacidad del sector público para generar empleo”, concluye.

“Para generar empleo debería potenciarse la inversión pública. Pero no basta con asignarle más recursos, pues ella muestra una subejecución crónica desde la pandemia, no logrando concretar más del 90% de su presupuesto. Por lo tanto, se necesita también mejorar la gestión para ejecutarla, tanto de los servicios que formulan los proyectos como de quienes los evalúan e implementan”, añade Jorge Rodríguez.

Un noveno concepto relevante apunta a la asimetría que existe en la ejecución presupuestaria. Mientras el gasto corriente tiende a sobreejecutarse, el gasto de capital (inversión) se subejecuta, lo que se explica por la mayor flexibilidad de este último, el que muchas veces se sacrificaría para hacer espacio a las presiones de gasto corriente.

“Y esas presiones tienen un origen bien identificable. El Ministerio de Salud sobreejecuta de forma sistemática su presupuesto, con una tasa promedio de 113% en el período y de 118% en los 17 últimos cuatro años (…) Si esto no se corrige, existe el riesgo de que durante 2027 la inversión vuelva a ser la variable de ajuste”, complementa el centro de pensamiento.

Supuestos en entredicho

Pero el CEP resalta una clave que ha sido una “piedra en el zapato” para muchas administraciones: la proyección de ingresos. El incumplimiento reciente de las metas de balance estructural se debe, sobre todo, al hecho de haber recaudado menos de lo proyectado, sin ajustar a la baja consecuentemente el gasto, reparan.

“Los últimos años muestran una sobreestimación persistente de los ingresos tributarios no mineros, contribuyendo a los incumplimientos de la regla fiscal. El Presupuesto 2027 debe utilizar supuestos realistas, verificables y acompañados de un seguimiento de la recaudación efectiva”, enfatiza el think tank.

A propósito de este último punto, el estudio recomienda una mejor identificación de los ingresos mineros transitorios. “El aumento asociado al favorable desempeño de la minería podría tener un elevado componente transitorio y, por tanto, no debiera traducirse por completo en incrementos permanentes del gasto público. Esta es una advertencia clásica en pos de la sostenibilidad fiscal en una economía exportadora de recursos naturales, y es exactamente la clase de riesgo que la regla de balance estructural busca neutralizar”, sostiene el texto del CEP.

Por último, el centro de pensamiento advierte que si bien el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones ha ido en aumento, el sistema cubre solo 44,2% del Presupuesto. El efecto deseable es una “ampliación de la cobertura del monitoreo, profundización de su uso en la toma de decisiones presupuestarias, y eventuales propuestas de rediseño legal de alguno de los programas de mayor tamaño”, afirma la investigación.