Felipe Larraín Tejeda se estuvo despidiendo toda la última semana de mayo de la vida que transitó en el último cuarto de siglo. El martes 27 de mayo dejó el cargo de asesor del directorio de SQM que tuvo durante el último año. Larraín asesoraba a la mesa de ocho integrantes y su última reunión fue la misma en la que renunció Gonzalo Guerrero a la presidencia y asumió Gina Ocqueteau.

Ese mismo martes, renunció como director suplente de Soprole, la empresa que controlan los peruanos del grupo Gloria, la familia Rodríguez, y donde compartía mesa con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, entre otros. Por la noche, su estudio, Claro y Cía., lo despidió con una comida en el Club de Golf Los Leones.

Al día siguiente, el miércoles 28 de mayo, el abogado dejó otro directorio: Tecno Fast. La comunicación de la empresa de soluciones modulares que controlan Cristian Goldberg Valenzuela, con el 60%, y José Luis del Río Goudie, con el otro 40%, agradeció expresamente los seis años que Larraín participó como director.

Y al cierre de la semana, el viernes 30 de mayo, último día hábil del mes, Larraín dejó la oficina que ocupaba en el piso 13 de Claro y Cía. Hasta ese día era uno de los más de 20 socios de uno de los bufetes corporativos locales más relevantes en materia de fusiones y adquisiciones, la práctica profesional desarrollada por Larraín.

Ese día, Felipe Larraín Tejeda se despidió también de los due diligence, los acuerdos de confidencialidad, los pactos de accionistas y las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones.

Y comenzó a pensar como juez, la carrera que pretende comenzar tras 25 años de ejercicio privado de la profesión.

La carrera

Felipe Larraín egresó de la Universidad Católica en 1996 y tres años después ingresó a Claro y Cía., poco después de terminar un magíster en Derecho (LLM) en la New York University School of Law. Llegó a ofrecerse al estudio y fue entrevistado por José María Eyzaguirre Baeza, quien lo fichó. Trabajó con él muy de cerca la siguiente década. Y forjó un nombre en los M&A. “Es formado por José María”, asegura uno de sus tantos clientes en estas dos décadas y media.

“Felipe ha concentrado su práctica en fusiones y adquisiciones, derecho societario y finanzas corporativas, con especial énfasis en transacciones con contrapartes extranjeras”, decía hasta hace poco la página web de Claro & Cía., donde su biografía ya no figura. También eliminó su LinkedIn.

Se hizo socio de Claro y Cía. en 2008 y también integraba el comité ejecutivo, junto a los hermanos José María y Cristóbal Eyzaguirre Baeza; Nicolás Luco, especialista en arbitrajes, litigios y libre competencia; y otro abogado experto en fusiones y adquisiciones, Rodrigo Ochagavía, quien trabajó con SQM en la fusión con Codelco.

También aparecía regularmente en los rankings jurídicos. En la versión 2024 de Chambers, quizá el registro más prestigioso, en la categoría servicios corporativos y M&A la estrella es José María Eyzaguirre. En la banda 1, que lista a los mejores de su categoría, figuraban cinco abogados: Felipe Larraín y Rodrigo Ochagavía, además de Salvador Valdés, de Carey; Pablo Guerrero, de Barros Errázuriz; y Octavio Bofill, de Bofill Mir Abogados.

El reporte Chambers recoge descripciones de los abogados rankeados y comentarios de sus clientes y colegas. “Es un gran abogado con el que me cruzo muy a menudo. Lo tengo en alta estima”, dice uno. “Está muy orientado a los negocios”, resume otro.

Ha trabajado con multinacionales y grandes grupos: representó a Citigroup, el grupo Said y Black Rock; fue abogado de Hydro Quebec en la venta de Transelec; de Nexans en la compra de Madeco; de Walmart en la adquisición de D&S; de Lan Airlines en su fusión con Tam y luego en el chapter 11; de Hortifrut en la fusión con Talsa en Perú; de CorpBanca en la fusión con Itaú; de EuroAmerica en la reorganización de la cadena de casinos Enjoy: del grupo Gloria en la compra de Soprole y en la frustrada OPA que lanzó por Cementos Bío-Bío. “Es un abogado que sabe mucho de negocios y que encuentra soluciones creativas”, dice un banquero que ha trabajado con él. Experto en gobiernos corporativos, también ha asesorado a directorios y comités especiales de empresas como Santander, CSAV, Enel, Latam, Parque Arauco y SQM; y ha sido director de empresas: además de Soprole y Tecnofast, antes estuvo en Hortifrut y en Cruz Blanca Salud, cuando era controlada por el grupo Said.

En los negocios, construyó un estilo característico. Contrapartes lo definen como un negociador duro y mateo, que analiza cada detalle. Un cliente afirma que es un gran conocedor de la Ley de Sociedades Anónimas y gobiernos corporativos, que es muy pro negocios, pero algo mañoso. “No le gusta sentirse pasado a llevar. Es fair para negociar, pero exige lo mismo con él”, dice.

El giro

El sorpresivo giro laboral de Felipe Larraín lo venía masticando desde hacía tiempo.

En agosto de 2024, la Academia Judicial abrió su Programa de Formación Especial número 88: se recibieron 376 postulaciones, 291 personas rindieron examen de opción múltiple y 128 avanzaron a un examen de resolución de casos. Los candidatos debían escoger una materia adicional sobre la que rendir examen: derecho civil, penal, familia y laboral. Larraín escogió civil. Cuarenta postulantes fueron entrevistados el 5 y 6 de mayo por una comisión del consejo directivo y el 8 de mayo se eligió a 25 seleccionados. Inicialmente había 20 cupos, pero la institución lo amplió por la buena calidad de los postulantes, cuenta Juan Enrique Vargas, director de la Academia Judicial. “Este programa tuvo gente muy interesante y heterogénea”, dice Vargas.

Entre los seleccionados estuvo Felipe Larraín, quien deberá estudiar de nuevo durante seis meses, menos que los 11 meses de un programa regular. Los planes especiales -este es el cuarto de los últimos años- persigue a abogados con al menos ocho años de experiencia que pretendan postular a cargos del escalafón primario del Poder Judicial y les otorga una beca para poder dedicarse en exclusiva a su formación. Por eso Felipe Larraín renunció el último día de mayo a su estudio: sus clases comienzan el 16 de junio, hasta mediados de diciembre.

Vargas dice que la edad promedio de los programas regulares es 31 años; el de los programas especiales sube a 41 años. Felipe Larraín, con sus 53 años, está en el techo de los postulantes promedio.

Terminado el curso en la Academia Judicial, los egresados pueden postular a algún juzgado, ya sea penal, civil, laboral o familiar. Vacantes, dice Juan Enrique Vargas, siempre hay. Muchos egresados regulares parten como secretarios en un tribunal o jueces suplentes, por lo general en regiones. En el caso de Larraín, dicen quienes lo conocen, pretende postular a alguno de los treinta juzgados civiles de Santiago. Y si se cumple ese objetivo, pasará así de trabajar en el barrio El Golf, donde están las oficinas de Claro y Cía., al céntrico edificio de Huérfanos 1409.

La decisión de Larraín no sorprendió en su estudio, donde conocían su interés por los asuntos públicos, además de su libertad para cambiar de práctica profesional tan abruptamente: no está casado y no tiene hijos; y ha construido su independencia económica desde el derecho corporativo. Tiene cinco hermanos y es hijo de Pablo Larraín Ibáñez, un ingeniero civil que es vicepresidente y socio de Empresas Nalac, un diversificado holding que ahora incluye Grúas y Equipos Cruz del Sur e Inmobiliaria Larraín Prieto, pero que antes tuvo empresas que generaron interesantes retornos a sus socios. En 2015, Nalac vendió la Aseguradora Magallanes a la alemana Talanx International (HDI Seguros) y Captagua Ingeniería a la canadiense Orbit Garant Drilling. La aseguradora Magallanes se vendió en unos US$220 millones. Pablo Larraín tenía el 7,62% de Nalac entonces.

Felipe Larraín tuvo otras opciones para asumir roles públicos. A fines de 2018 integró la cuaterna que se entregó al Presidente Sebastián Piñera para elegir nuevo fiscal nacional Económico, un proceso en el que compitió, al final, con Mario Ybar, Cristián Reyes y el que resultó ganador, Ricardo Riesco.

Hace cuatro años, en 2021, el abogado pensó en postular a la Convención Constituyente que generó la primera propuesta constitucional posestallido. No lo hizo: tenía un buen perfil, pero era bajo conocimiento. Sí aparece en los registros del Servel haciendo un único aporte de $500 mil a un candidato: el también abogado Hernán Larraín Matte, quien resultó electo. Larraín Matte fue presidente de Evópoli, partido en el que el abogado Larraín Tejeda se identificaba y era militante: hace algunas semanas, para garantizar su independencia en su futuro rol como juez, renunció a ese partido.

Algunos de sus socios opinan que su cambio de vida laboral es altruismo puro y que el propio Larraín ha deslizado que su intención es devolver a la sociedad lo que él ha recibido en la vida. Aunque por su práctica profesional corporativa no ha participado habitualmente en litigios en tribunales, sí sigue con interés dictámenes y jurisprudencia que va más allá de su ámbito particular de acción.

“Va a ser un gran juez. Un aporte al país”, dice uno de los clientes que deja. “Es un viejo anhelo que decidió seguir antes de que fuese demasiado tarde”, dice un abogado que lo conoce. Otro apunta que es una decisión arriesgada en lo personal: podría desencantarse con el ritmo a ratos cansino de la administración de justicia.

El giro no tiene motivaciones económicas –“claramente ganará una fracción de lo que ganaba en el mundo corporativo”, dice un banquero que lo conoce-, y fue una de las preguntas que le hicieron en la entrevista de selección en la Academia Judicial. Y respondió algo más o menos así: “El tema económico lo tengo solucionado”. En promedio, un juez gana en torno a los $7 millones brutos, dice Vargas, de la Academia Judicial.

Sus cercanos apuestan a que su ambición profesional no se detendrá en un tribunal civil y que aspira a avanzar en el escalafón. A la Corte de Apelaciones, por ejemplo. Y, por qué no, a la Suprema. La carrera judicial termina a los 75 años, por lo que tendrá al menos dos décadas para construir una nueva trayectoria profesional tardía, pero meteórica en el mundo judicial privado, lo que tampoco es tan sencillo: Vargas explica que para ascender a la Corte de Apelaciones, la ley exige dos años como juez, pero que, en la práctica, es mucho más: otro requisito es aprobar un curso especial en la misma Academia Judicial, un programa que se hace una vez al año, que hoy tiene solo 18 cupos, y al que se ingresa por antigüedad, una desventaja en su caso actual. Para llegar a la Suprema, el único requisito es ser ministro de la Corte de Apelaciones: pero la práctica indica que hay que pasar algunos años ahí antes de subir al pináculo de la carrera judicial.

Como sea, todos los consultados para este reportaje resaltan las virtudes del futuro juez Larraín, las que podrían permitirle una carrera rápida. “Si quieres ser buen juez, debes ser estudioso y meticuloso: y Felipe tiene ambas características”, dice otro de los abogados top en M&A.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, dice haber conocido muchos casos de abogados exitosos que derivaron a ejercer solo en calidad de jueces árbitros; pero recuerda solo uno que ha transitado a la judicatura. “No es algo común, porque requiere un gran esfuerzo y dedicación postular a la Academia Judicial. Sin duda, es un caso muy especial, porque ingresar a estas alturas de la vida a la carrera judicial requiere de una gran vocación”, opina Vergara sobre Felipe Larraín, un caso que había llegado a sus oídos por lo poco frecuente. “No creo que le vaya a resultar algo fácil, además. Y eso sin duda lo sabe, por lo cual su decisión es también muy valiente”, concluye.