En medio del conflicto por el cable submarino que uniría Concón (Chile) con Hong Kong (China), una gigante tecnológica china enfrenta problemas legales en Chile. Esta semana, Huawei presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en una compleja disputa con una empresa de factoring.

Según el escrito, la compañía asiática enfrenta una demanda del factoring Interfactor, que busca cobrar facturas por montos que oscilan entre los $400 millones y $1.000 millones. Estos documentos fueron cedidos por Franesmi, exproveedor de Huawei que prestaba servicios técnicos y de ingeniería en telecomunicaciones.

Según el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago Interfactor, es propiedad de las familias Swett y Gálmez, y de acuerdo a su página web es una firma de factoring con enfoque en pequeñas y medianas empresas.

Huawei Technologies es la principal empresa de tecnología en China y llegó a Chile en 2003. La firma asiática fue fundada en la provincia de Shenzhen en 1987 como agente de ventas para una empresa de Hong Kong que producía un servicio de telefonía y hoy opera en 170 países.

En términos simples, en su escrito presentado al TC, Huawei sostiene que las facturas son “irregulares”, ya que su exproveedor no habría ejecutado los servicios que ahora el factoring pretende cobrar. De acuerdo con la presentación, que aún no ha sido acogida a tramitación, se trataría de facturas por servicios inexistentes, con descripciones adulteradas y precios superiores a los autorizados para cada prestación.

Huawei pidió al Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad constitucional del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil (CPC), luego que fuera demandada por Interfactor, ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. Ello permitiría fortalecer su defensa, al obligar al tribunal de primera instancia a considerar en la etapa de prueba el testimonio de uno de sus trabajadores, quien en ese momento se desempeñaba en el departamento de compras y adquisiciones de la firma asiática en Chile.

Su testimonio cobra relevancia debido a que es el encargado del área que levantó alertas por montos de facturación muy superiores a las órdenes de compra emitidas. Además, fue quien pudo acceder a los documentos y conocer el detalle de estos, según explicó la empresa asiática en el documento.

En este contexto, Huawei, representada por la abogada Pía Vásquez, pidió ante el TC citar a declarar en calidad de testigo al trabajador, “quien, por su rol y funciones, posee un conocimiento directo y privilegiado del carácter ideológicamente falso o nulo de las facturas”, consignó el requerimiento.

“Sin embargo, y precisamente en atención a la relevancia determinante de dicho testimonio, Interfactor formuló tacha en contra del testigo, invocando la causal establecida en el numeral 5° del artículo 358 del CPC", se lee en el documento.

En tanto, la empresa china sostuvo que de acogerse el planteamiento del factoring “se le privaría de contar con un testigo clave para esclarecer los hechos que dieron lugar a la demanda ejecutiva interpuesta en su contra y, con ello, se vulneraría el principio de igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el principio de igualdad de armas”.

Antecedentes

Según el escrito ingresado por Huawei, Franesmi, habría emitido aproximadamente 600 facturas falsas que, de acuerdo con el requerimiento ingresado por Huawei, “aparentan derivar de órdenes de compra válidamente emitidas por Huawei, pero que, en su inmensa mayoría simplemente no reflejan ningún servicio efectivamente prestado”.

De acuerdo al mismo documento, Franesmi eludió los mecanismos internos de validación de servicios exigidos por la empresa china, al omitir la utilización del sistema denominado “esupplier”, cuyo uso es de carácter obligatorio para todos los proveedores de la empresa en cuestión y que, por sí solo, es capaz de detectar irregularidades o inconsistencias entre las órdenes de compra y las facturas, debiendo además los servicios ser previamente aprobados en dicha plataforma para que resulte procedente su pago.

Las irregularidades fueron detectadas por trabajadores de Huawei durante el segundo semestre del año 2024, según el documento.

Según el testigo de la empresa demandada, desde el área de finanzas “se levantaron alertas por montos de facturación muy superiores a las órdenes de compra emitidas”. El monto de las órdenes de compra válidamente emitidas fue de aproximadamente $400 millones, el cual fue utilizado como base para la emisión de facturas por la cantidad aproximada de $1.000 millones, a lo que “se constató que las facturas no reflejaban los servicios contratados”.

Adicionalmente, se dieron cuenta de que las facturas que estaban siendo emitidas no habían sido cargadas al sistema interno de la empresa, razón por la cual no pudieron efectuar los pagos.