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El pacto que puso fin a la disputa entre los socios de Palumbo y Domino’s Pizza con el fundador de The Republic of Beauty

Jaime Sinay y Felipe Israel, a través de su grupo ISSI, pagaron poco más de $2.000 millones a Jaime Ben-Dov para cerrar el conflicto que arrastraban tras la quiebra de la cadena de productos de belleza, donde este último era socio minoritario.

Jaime Sinay, Jaime Ben-Dov y Felipe Israel.

El histórico conflicto entre los socios de The Republic of Beauty llegó a su fin. Los empresarios Felipe Israel, Jaime Sinay y Jaime Ben-Dov firmaron un acuerdo que puso término a una prolongada disputa legal derivada de la quiebra de la cadena, conocida por comercializar productos como máscaras de belleza coreanas, aceites de monoi de Tahití y un amplio surtido para maquillaje y cuidado capilar.

El acuerdo, un documento de 13 páginas titulado Transacción, Renuncia de Acciones y Finiquito, quedó registrado en la 38ª Notaría Pública de Santiago, a cargo de la abogada María Soledad Lascar Merino. El pacto involucra a las sociedades de cada uno de los empresarios y a sus respectivos grupos familiares y establece cláusulas de confidencialidad. “La sola infracción de lo acordado en esta cláusula dará derecho a la parte cumplidora a demandar los perjuicios causados, de acuerdo a las reglas generales”, dice el texto al que accedió Pulso.

El negocio que originó el conflicto se remonta a 2012, cuando Jaime Ben-Dov -exgerente de marketing de Farmacias Ahumada y Laboratorios Maver— y Eduardo Avayú —socio de Cepech e hijo de uno de los controladores de Indumotora— constituyeron la sociedad Trob SpA. Ben-Dov partió con el 70% de la propiedad, pero la rápida expansión de la cadena exigió fuertes aportes de capital por parte de Avayú, quien hacia 2014 había pasado a controlar el 85% de la empresa y Ben-Dov conservaba solo el 15%.

En 2016, el grupo ISSI —ligado a Israel y Sinay, propietarios de Palumbo, 5àSec y Domino’s Pizza— adquirió la participación de Avayú y asumió el control de The Republic of Beauty. La estrategia apuntaba a generar sinergias con las peluquerías Palumbo, donde esperaban comercializar los productos de la cadena. Ben-Dov se mantuvo como gerente general. No obstante, la alianza no prosperó como se esperaba y, en marzo de 2019, Trob SpA se acogió a quiebra voluntaria, atribuyendo su insolvencia a los altos costos de arriendo en centros comerciales. La compañía llegó a operar 23 locales y facturar US$10 millones anuales, pero arrastraba pérdidas de entre $300 millones y $700 millones.

Tras la quiebra, comenzaron los desencuentros entre los socios, que escalaron rápidamente a una disputa legal de alto perfil. Las diferencias sobre la gestión, las decisiones financieras y el rumbo de la compañía derivaron en múltiples demandas cruzadas, con acusaciones sobre incumplimientos contractuales y responsabilidad en la caída del negocio.

La disputa legal se originó con un arbitraje iniciado por Jaime Ben-Dov y, posteriormente, una contrademanda presentada por ISSI, de Felipe Israel y Jaime Sinay. El proceso estuvo a cargo del árbitro Diego Peralta, quien el 16 de agosto de 2021 dictó un fallo que condenó a ISSI a pagar a Greykiwi, sociedad de Ben-Dov, $1.577 millones, más una multa de 15.000 UF, con reajustes e intereses. Según la última liquidación hecha por el tribunal arbitral, la deuda ascendía a $3.124 millones, según detalló la defensa de Ben-Dov en uno de los escritos del proceso.

El caso llegó incluso al Tribunal Constitucional. En diciembre de 2024, Global Beauty pidió que no se aplicaran, en su caso, dos normas legales que le impedían apelar una resolución del árbitro que había ordenado embargar bienes de la empresa, aunque no fue parte del juicio arbitral original.

Acuerdo

El acuerdo pactado entre las partes cierra todas las disputas relacionadas con la quiebra de The Republic of Beauty. Los tres socios —junto a sus respectivas sociedades y grupos familiares— renuncian de manera irrevocable a cualquier acción judicial, administrativa o arbitral vinculada a ese conflicto, dice el texto.

Por un lado, figuran Felipe Israel Quilodrán y Jaime Sinay Codner, en representación de Rentas e Inversiones ISSI SpA y otras sociedades del grupo ISSI, como ISSI Comercial SpA, Inversiones FSIM Limitada, Comercial y Servicios Palumbo Limitada, Comercializadora de Belleza SpA y Domino’s Pizza Chile SpA.

Por el otro, aparece Jaime Ben-Dov Codner junto a su sociedad Asesorías e Inversiones Greykiwi People First Limitada y su grupo familiar, integrado por su cónyuge Patricia Benadretti Guiloff y sus hijos Jocelyn, Alan y Ariel Ben-Dov Benadretti. Todos ellos suscriben el pacto que busca cerrar el capítulo del fallido negocio.

El instrumento también zanja el conflicto por la propiedad de Trob SpA. El grupo ISSI adquirió las 565 acciones que Greykiwi poseía en esa empresa, por las que pagó $2.073 millones al suscribir el avenimiento.

Para pagar dicho monto, Rentas e Inversiones ISSI SpA se comprometió a la entrega de seis instrumentos financieros: cuatro depósitos a la vista y un vale vista por un total de $2.073 millones para la compraventa de acciones, más dos depósitos adicionales por $588 millones, correspondientes al pago de la multa establecida en el arbitraje, por 15 mil UF. Ambos fueron tomados en el Banco de Chile.

Los documentos fueron emitidos el 13 de junio de 2025 y endosados a nombre de la sociedad de Jaime Ben-Dov. Greykiwi recibió ambos pagos y declaró estar completamente conforme, dando por cerrada cualquier deuda relacionada con esa sanción.

Todos estos documentos fueron emitidos entre mayo y junio de 2025 y aceptados por Asesorías e Inversiones Greykiwi People First Limitada.

El acuerdo contempla el desistimiento de todas las causas y recursos en curso, así como el alzamiento de embargos judiciales. Cada parte accedió a asumir sus propios costos legales y se comprometió a no iniciar nuevas acciones derivadas del conflicto. Finalmente, Jaime Ben-Dov renunció a sus cargos en Trob SpA y se obligó a no ejercer funciones en nombre de esa sociedad.

“Las partes declaran que nada se adeudan en razón de lo dictaminado en los mismos, ni en razón del laudo, ni por concepto de precio de compraventa de acciones, multas del pacto de accionistas, costas, ni por alguna otra materia vinculada a dichas acciones y recursos”, según el documento.

Felipe Israel y Jaime Sinay contaron con la asesoría legal de Clyde & Co, y Jaime Ben-Dov, con la del estudio Bofill Escobar Silva.

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