Cuando un banco entrega un crédito, tiene la información disponible de todos los préstamos que mantiene esa persona en otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es decir, principalmente de todos los bancos y cooperativas bajo supervisión del regulador.

Y dependiendo de la carga financiera y el perfil de cumplimiento de cada deudor, la entidad financiera decide otorgar o no un préstamo en base a la información disponible.

Sin embargo, siempre ha existido un punto ciego en este asunto, dado que hay empresas que entregan créditos y que actualmente no deben reportarlo en ninguna parte. Eso ha hecho que incluso algunas entidades de este tipo, como mutuarias o compañías que dan créditos automotrices, promocionen sus marcas informando que al tomar un préstamo con ellos, los usuarios no quedarán en el registro de deuda del sistema financiero.

Al respecto, la necesidad de terminar con las asimetrías de información es un tema que el propio Banco Central había pedido legislar durante prácticamente dos décadas.

Pero ello está por acabar, dado que en junio de 2024 el Congreso aprobó una ley que crea un Registro de Deuda Consolidada (Redec), que entrará en vigencia en abril del próximo año, y que promete mejorar la información de deuda en el país. “La materia da fin a una extensa labor legislativa que se extendió por más de una década”, reconoció la misma CMF en su informe de endeudamiento de 2024.

Esta ley busca extender a otras industrias la información de endeudamiento de las personas, tales como, compañías de seguros, mutuarias, cooperativas no supervisadas por la CMF, cajas de compensación, securitizadoras, empresas reguladas por la Ley Fintech, así como otras entidades que realicen operaciones de crédito en dinero que superen las 100.000 UF, o las mil operaciones en el último año calendario.

En ese sentido, la CMF será el administrador, regulador y supervisor del registro. “Emitimos la norma, creamos ya el registro, y pronto vamos a recibir la primera información de las entidades. En abril es cuando ya los usuarios pueden ir y solicitar su informe de deuda, pero que ahora va a venir alimentado por el Redec y no por los antiguos archivos normativos que teníamos de acuerdo al artículo 14. Estamos en ese proceso y está avanzando de acuerdo al cronograma”, comentó hace un par de semanas la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, sobre esta materia.

Para Franco Rizza, senior advisor de riesgos y regulación en Deloitte, el Redec “involucra dos cambios fundamentales”. Primero, explica que “se adiciona información positiva (comportamiento de pagos) a la actual información negativa (fundamentalmente incumplimiento), agregando más capilaridad y detalle en la información disponible”.

Pero también “se amplía el universo de entidades que informan deuda a la CMF. Hoy son básicamente bancos y cooperativas, y con Redec el espectro será mucho mayor: emisoras de tarjetas de crédito, mutuarias, compañías de seguro y cajas de compensación, entre otros”.

En este sentido, profundiza que “efectivamente con esta nueva fuente de información que dispondrá la CMF desde abril 2026, las entidades podrán tener acceso a mayor información como mutuarias, o créditos automotrices, en este último caso si es que la entidad forma parte de las entidades reportantes (volumen mayor a 100 mil UF o número de operaciones mayor o igual a mil anual)”.

Así, detalla que “el total de entidades reportantes pasa de poco más de 40 a más de 150. Eso sin contar fintechs, que se inscriban primeramente en función de la Ley Fintech y que por su actividad deban además informar al Redec”.

Rizza piensa que el Redec “es positivo para los clientes y usuarios producto de lo siguiente. En primer lugar, los clientes son los propietarios de sus datos, y tienen control sobre el acceso que otorgan y su finalidad”.

En segundo lugar, menciona que “los buenos pagadores podrán hacer valer este elemento para obtener mejores condiciones en sus ofertas de productos y servicios”.

Como tercer punto, señala que “los distintos actores del sistema podrán realizar ofertas ´hiperpersonalizadas´ y mucho más ajustadas a las necesidades del cliente".

Finalmente, asegura que “evita incurrir en el sobreendeudamiento y fomenta el crédito responsable”.

El Banco Central, en una presentación que hizo ante el Congreso antes de que se aprobara este tema, también mencionó que “contar con un registro de deuda consolidada en Chile es una herramienta muy importante para preservar la estabilidad financiera”, lo que “generaría efectos positivos para el funcionamiento del mercado del crédito, tanto para las personas que acceden a financiamiento como para las instituciones financieras”.

Allí aseguraba que “más y mejor información crediticia genera efectos positivos para la ciudadanía”, dado que “mejoran las condiciones crediticias para los buenos pagadores, lo cual incentiva el buen comportamiento de pago; fortalece la gestión de riesgo en las instituciones financieras; se reducen las posibilidades y estímulos al sobreendeudamiento; mejora las herramientas de supervisión financiera; fomenta competencia en el mercado de crédito, facilitando la movilidad entre oferentes de crédito”, entre otros.