Desde hace más de una década el marco regulatorio y de competencia en diferentes sectores de la economía chilena ha sido blanco de análisis y cuestionamientos. Un reciente de estudio de la Red ProCompetencia en conjunto con la Escuela de Gobierno y la Escuela Derecho de la UAI indagó en los “cuellos de botella” que existen en tres mercados clave para los consumidores chilenos y su impacto en la competencia de esos sectores.

Aplicado a 80 expertos seleccionados por su trayectoria en academia el sector público y privado, el estudio identificó las principales problemáticas en los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de salud (seguros complementarios) desde una perspectiva regulatoria y de competencia, identificando barreras regulatorias, estructurales o vacíos en el marco regulatorio que limitan una provisión eficiente de servicios (precio, calidad). El texto fue liderado por Ana María Montoya, académica de la Escuela de Gobierno UAI y cofundadora de la Red ProCompetencia, y Daniela Gorab, académica de la UAI. Colaboró también María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno.

“En el contexto actual y ante los desafíos que enfrenta Chile en materia de desarrollo económico esta encuesta busca aportar una visión desde la academia, con la colaboración de expertos de cada sector para identificar los principales desafíos institucionales y regulatorios, así como las barreras que enfrentan los consumidores”, destaca Ana María Montoya.

“Este diagnóstico muestra la necesidad de modernizar la regulación que data de los 80 para generar los incentivos que respondan a las necesidades actuales y ello incluye revisar la institucionalidad que garantice se generen condiciones habilitantes para que opere la competencia“, afirma Vanesa Facuse, cofundadora de la Red ProCompetencia.

Las alertas

Entre los principales hallazgos a nivel institucional se cuentan que las autoridades de competencia como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) destacan en todos los mercados como autoridades que poseen alta relevancia en estos mercados. “Los resultados dan cuenta de que en algunas industrias las autoridades de competencia poseen igual relevancia que las autoridades sectoriales (por ejemplo, respecto de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el segmento de transmisión eléctrica) o mayor relevancia respecto a autoridades sectoriales (respecto de la CNE en generación eléctrica)”, afirma el estudio.

A su vez, los expertos estiman que el Sernac posee poca relevancia en las distintas industrias, incluso en aquellas en que se prestan servicios directamente al consumidor final (como distribución eléctrica y telecomunicaciones), y muestran su inquietud por las falencias en el diseño institucional de la Subtel. “Resultados muestran inquietud porque es una autoridad política que tiene atribuciones regulatorias, de formulación de políticas y de fiscalización, ausencia de mirada de largo plazo, vinculada a una autoridad sectorial dependiente del ciclo político; se requiere organismo técnico”, añade el estudio.

En relación al área de los seguros complementarios, la investigación revela que tanto Fonasa como la Superintendencia de Salud son percibidas como autoridades muy politizadas. Si bien se constata que CMF (Comisión para el Mercado Financiero) cumple con su rol de resguardo financiero, el estudio añade que “nadie se hace cargo de los consumidores y dificultad para comparar seguros complementarios”.

A nivel de industria, se detectaron problemas de eficiencia e intensidad competitiva en los distintos sectores. En el rubro energía eléctrica, se hace hincapié en la “permisología” (Consejo de Monumentos Nacionales, SAG y Conaf, entre otros) como restricción para desarrollar proyectos, lo que generaría alta incertidumbre y desincentivo a la entrada de nuevos actores. En específico, en el ámbito de la distribución eléctrica se cuestiona el modelo de empresa eficiente para la remuneración de los activos. Se destaca, entonces, la obsolescencia tecnológica, la indivisibilidad de inversiones, no reconocimiento tarifario de inversiones reales y total incertidumbre sobre la recuperabilidad futuro. “Los resultados muestran que habría costos de cambio altos para los consumidores”, afirma el estudio.

En materia de transmisión eléctrica, la investigación alerta sobre licitaciones enfocadas en mínimo costo y no en nuevas tecnologías que son cruciales para el sistema. “Modelo de empresa eficiente para obras de expansión (licitaciones) se ha transformado en una herramienta para reducir precios, más que para trasladar eficiencias. Además, no es óptimo para nuevas tecnologías como electrónica de potencia o almacenamiento”, afirman el texto, el que alerta sobre la asimetría de información en las negociaciones realizadas entre las generadoras eléctricas.

En relación al sector de las telecomunicaciones, el estudio revela que el diseño actual no se hace cargo de la importancia de la economía digital y de que el ecosistema de las tecnologías hoy está estrechamente vinculado a este sector. “Los resultados del estudio muestran la urgente necesidad de reformar el diseño institucional del sector telecomunicaciones en Chile. Los expertos consultados coinciden en la importancia de establecer un organismo regulador autónomo y de carácter eminentemente técnico, con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo del sector”, afirma Daniela Gorab.

Por último, la investigación se interna en los problemas regulatorios y de diseño de los seguros de salud complementarios. El texto recuerda que la Ley Corta de Isapres de 2024 introdujo la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa, un seguro voluntario y financiado con la cotización obligatoria del 7%, más una prima plana adicional por beneficiario. Los expertos consultados critican que Fonasa supervise a la aseguradora y recaude (gestión de la cobranza), lo que es un ámbito donde no tiene experiencia.

“La asimetría de información dará lugar a selección adversa de riesgos, que se exacerba porque es tarifa plana (Fonasa carece de información relevante sobre el estado de salud de sus asegurados y, por tanto, podría sufrir consecuencias adversas al ofrecer cobertura a un costo que no refleja adecuadamente la exposición al riesgo; puede amenazar su solvencia financiera)”, complementa el estudio, el que alerta por desinformación y complejidad para comparar y analizar alternativas de seguros existentes por parte de los consumidores.