En 2013 el Congreso aprobó un proyecto de ley que modificó la fórmula de cálculo de la Tasa Máxima Convencional (TMC), el cobro máximo permitido por la ley para operaciones de crédito. En particular, el cambio se hizo para que los préstamos de menor monto, de hasta 200 UF ($8 millones hoy), vieran una rebaja en la tasa de interés que cobran las instituciones al dar créditos de consumo.

Si bien parte de la población se vio beneficiada por esta rebaja, las personas más riesgosas -aquellas que pertenecen a los estratos socioeconómicos de menores recursos- y que no calificaban como clientes de un banco, se vieron forzadas a recurrir a otras vías de financiamiento, en algunos casos, a préstamos informales, incluso el “gota a gota”, que cobran tasas usureras que superan el 100% anual.

Además de la industria financiera, en el último tiempo han surgido voces de expertos recomendando flexibilizar la TMC. Pero hasta ahora no se había hecho una propuesta concreta sobre el modo en que eso debería impulsarse.

Eso cambió este miércoles, porque en un encuentro organizado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, el economista y socio de Valtin Consulting, Hermann González, expuso un estudio que acaba de desarrollar con la colaboración de los economistas Alberto Belmar y Oscar Perelló; que fue hecho por encargo de la Asociación del Retail Financiero, y que propone cuatro formas en que se podría flexibilizar la TMC.

El estudio afirma que “estas opciones contribuyen a mejorar la inclusión financiera de los hogares, con el potencial de incorporar a más de 200 mil personas al crédito formal”.

El diagnóstico

Antes de ir a las propuestas, el estudio titulado “TMC: evaluación y propuestas de cambio para contribuir a la inclusión financiera”, muestra que “entre 2015 y 2024, la TMC promedio en el tramo de 0–50 UF fue de 37,2%, es decir, 15 pp menos que el escenario contrafactual bajo el régimen previo. En el tramo de 50–200 UF la TMC promedió 30,5%, lo que implica una reducción de 9,2 pp".

En la práctica, afirma que “la reforma redujo el multiplicador implícito sobre la tasa promedio (TIC) desde el 1,5 vigente para otros segmentos, a 1,07 para créditos de 0–50 UF y 1,15 para créditos de 50–200 UF. Como resultado, la TMC para los créditos de menor monto pasó a ser más restrictiva que la vigente para otras operaciones, lo que limita la capacidad de las instituciones financieras para ajustar las tasas en función del riesgo de los hogares".

El documento sostiene que “diversos estudios coinciden en que una TMC demasiado baja afecta el acceso al crédito formal y, por ende, la inclusión financiera. Antes de la reforma, el Banco Central advirtió que reducir la TMC hacia niveles cercanos al 35% podría excluir entre 4% y 9% de los hogares del crédito formal, y hasta 37% entre los de menores ingresos, además de generar una contracción relevante en la oferta de crédito”.

También recuerda que “posteriormente, las evaluaciones realizadas por la exSuperintendencia de Bancos (Sbif) entre 2015 y 2017 confirmaron estos riesgos: se estimó que entre 150 mil y 227 mil clientes dejaron de acceder al crédito formal en los primeros años de implementación de la Ley N° 20.715, cifra que no incorpora a los hogares que no pudieron ingresar en los años posteriores bajo condiciones más restrictivas".

Es más, el estudio asegura que “las tendencias recientes del mercado también apuntan a condiciones más restrictivas para los hogares. La Encuesta Financiera de Hogares (EFH) muestra una contracción del crédito formal y un repunte del crédito informal en el margen, especialmente entre hogares de ingresos medios. Esta dinámica responde tanto a una menor bancarización en los segmentos de menores ingresos, como a la caída del crédito en el retail financiero entre los sectores medios, que recurren con mayor frecuencia a alternativas no reguladas”.

En paralelo, explica que se ven señales de un “desplazamiento gradual hacia canales informales”, considerando que “la CMF ha identificado un crecimiento sostenido de oferentes irregulares”, mientras que “BancoEstado ha alertado sobre un aumento de estafas vinculadas a productos crediticios”.

Adicionalmente, hace una comparación internacional, y concluye que “la regulación chilena destaca por ser más restrictiva que la de los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Perú) y Brasil, países que permiten tasas mayores o no establecen una tasa máxima para este tipo de crédito”.

Las propuestas

A raíz de todo lo anterior, el estudio plantea “la necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre protección del consumidor e inclusión financiera”.

Por eso, propone cuatro alternativas para modificar la fórmula vigente para la TMC en créditos entre 0 y 50 UF, y entre 50 y 200 UF; todos ellos en moneda nacional y con plazos superiores a 90 días. Estas medidas, en orden de menor a mayor grado de flexibilidad, son las siguientes.

La primera, es hacer una flexibilización acotada, donde “la tasa máxima puede alcanzar 1,33 veces la tasa promedio, equivalente a la regulación francesa”. Esta idea podría incorporar a unas 165 mil personas al crédito formal.

La segunda, mantiene la estructura actual, “pero reduce los factores aditivos, alcanzando un nivel intermedio de holgura (1,4 veces la tasa promedio)”. Esta alternativa podría incluir aproximadamente a 200 mil personas al crédito formal.

La tercera alternativa apunta a volver a lo que existía en Chile antes de 2013 para los segmentos crediticios inferiores a 200 UF, dado que se “restablece el factor multiplicativo de 1,5 sobre la tasa promedio del segmento, tal como rige para los créditos superiores a 200 UF”. Esta fórmula “podría permitir la inclusión financiera de alrededor de 250 mil personas”.

El documento también simuló cuál habría sido la TMC promedio entre 2015 y 2024 en caso de que se hubiesen implementado estas fórmulas, y concluye que “para los créditos de 0–50 UF habría sido de 46,2% en la Alternativa 1, de 48,8% en la Alternativa 2 y de 52,2% en la Alternativa 3. Por su parte, para los créditos entre 50–200 UF, las tasas respectivas habrían sido de 35,2%, 36,5% y 39,7%“.

La cuarta y última alternativa, considera crear un nuevo tramo de la TMC para créditos de hasta 20 UF o hasta 25 UF, “para incorporar al crédito formal a personas de bajos ingresos que demandan montos reducidos (menos de $1 millón) y hoy son más proclives a acceder al crédito informal”.

El estudio también aprovecha de hacer un llamado: “Resulta necesario que la CMF actualice la evaluación de impacto utilizando datos recientes y las mejores metodologías disponibles”. A juicio del estudio, se requiere de ello para calibrar de manera más precisa cuántas personas podrían acceder al crédito formal con cada una de las alternativas propuestas.

El debate

Luego de la presentación del estudio que hizo González, el decano de la facultad donde se realizó el encuentro, Alejandro Weber, moderó un conversatorio con la economista Cecilia Cifuentes y el presidente de BancoEstado, Mario Farren.

Cifuentes planteó que el cambio que se hizo en 2013 a la TMC no funcionó y hay que revisarlo. Recordó que cuando se legisló esta política ella estaba en el gobierno. “Me quedé con la sensación, que después del caso La Polar (...) había un objetivo, a lo mejor no declarado, de decir: hay un segmento de la población que preferimos que no se endeude, porque no sabe endeudarse, por lo tanto, no preocupaba tanto el tema de excluir a ese grupo. Eso ya partía de un error”, comentó.

Entre las propuestas del estudio de Valtin Consulting, Cifuentes dijo que optaría por la tercera alternativa, dado que “es lo más simple, lo más razonable, lo más parejo”. Farren coincidió con la economista.

El presidente de la estatal señaló que la legislación de 2013 “es un caso de pésima regulación”, porque generó exclusión. “Las divisiones de crédito de consumo de las instituciones financieras en Chile desaparecieron”, sostuvo. Además, Farren enfatizó que “el crédito informal es una división de negocios del crimen organizado”, lo que Cifuentes respaldó.