Este lunes el gobierno presentó un proyecto de ley que busca ordenar las tarifas eléctricas.

La iniciativa considera diferentes aspectos como resolver la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras de energía sin aumentar la tarifa de la luz, abrir contratos con las generadoras eléctricas y entregar una nueva versión del subsidio eléctrico.

El académico de la Usach, Humberto Verdejo, experto eléctrico, examina favorablemente el proyecto, señalando que se hace cargos de diferentes problemas estructurales del sector eléctrico.

¿Qué le pareció el proyecto?

-Es un proyecto ambicioso, porque trata de resolver todos los temas pendientes que están relacionados directamente con las tarifas. Ojalá que se pudiese tramitar y abordar todos los puntos, porque esta sería la oportunidad de poder hacer un saneamiento de las tarifas y partir de cero. En el fondo, hacer un borrón y cuenta nueva y olvidarnos de las deudas y los problemas que tienen las tarifas hoy.

Hay un tema que ha estado en discusión harto tiempo, que es la apertura de contratos eléctricos. El proyecto habla de una apertura voluntaria. ¿Qué le parece este punto, y cómo se hace cargo de la discusión que se venía dando?

-La renegociación del contrato se ha venido solicitando de manera transversal, porque de todos los sectores políticos en algún momento han dicho: tenemos que abrir la discusión de la renegociación de contrato. Ahora, el problema que estaba o que existía hasta este proyecto, es que el Estado no puede obligar a dos privados a renegociar un contrato.

Lo que pretende la iniciativa es que, por una única vez, los contratos que las empresas decidan revisar tengan el espacio para hacerlo de manera competitiva y transparente. Este objetivo busca bajar la tarifa, porque nosotros tenemos una baja del cargo del pago de las deudas distribuidoras del 2028 en adelante, pero el 2027 igual vamos a tener tarifa alta.

Esta es la única forma de gatillar una disminución de costo del precio de la energía rápidamente. Y sería natural pensar hacerlo una única vez, porque los contratos tienen esta consideración que garantiza un precio en el largo plazo, pero dada la coyuntura y los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, en términos de normalización tarifaria, es una buena medida.

Ahora, esto tiene que ser súper transparente, competitivo, y lo más importante, voluntario. Porque si no hay voluntariedad, el Estado no puede obligar a los privados a renegociar los contratos.

¿Cuánto duran estos contratos?

-Los contratos en general duran entre 15 y 20 años. Me da la sensación que la idea del gobierno es tratar de ajustar esos contratos caros, que deben ser cuatro o cinco, bajarlos ahora, extenderles la duración y de esa manera bajar la tarifa ahora, ya que es la única forma de poder reducir la tarifa final al usuario.

¿Y cuáles son los contratos caros que hay, con qué empresas?

-Tengo entendido que es Engie, Generadora Metropolitana, Enel y uno más, no recuerdo el cuarto.

¿AES Andes?

-Parece que es AES. Creo que son los cuatro más caros que quedan.

El año pasado estas empresas rechazaron abrir sus contratos, ¿el ambiente es distinto ahora?

-Sí, es que esto depende, evidentemente, del contexto político. La postura que tenía el gobierno anterior era ir directamente a esos contratos costosos. Lo que veo de afuera, es que la postura acá es un poco distinta, en el sentido de que esto sea voluntario.

El que quiera lo hace, y ahí lo que está apostando la autoridad es que aquellas empresas que todavía tienen contratos caros, vean la posibilidad de ayudar al usuario bajando el precio ahora, pero también extendiendo la duración, y que a la larga eso los beneficie a todos: se mantienen las condiciones de financiamiento de ello, y, lo más importante, se logra reducir la tarifa en el corto plazo.

Con este proyecto, ¿se logra este mensaje que está transmitiendo el gobierno de “ordenar las cuentas”?

-Sí, eso es lo que busca la autoridad. Aquí lo más importante es que por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales. Porque cuando partió el proceso de normalización tarifaria, el Valor Agregado de Distribución (VAD) no se tocó, la transmisión ni se miraba, y solamente se trató de resolver el problema con los generadores.

Acá no. Acá evidentemente tenemos un problema con las distribuidoras de corto plazo, que es el VAD 2020-2024, pero también hay uno de mediano plazo que el 2024-2028.

Este espacio apuesta a que las mismas empresas también se den cuenta que tienen que tratar de ayudar para resolver el problema tarifario.

Impacto en las cuentas de la luz a largo plazo

Este proyecto habla del 2028 y de distintos años en el futuro. A largo plazo, ¿cómo se está viendo el alza y la baja de las cuentas de la luz?

-Lo que tenemos certeza es que sin proyecto es que el 2028 las tarifas bajan porque el cargo de pago de deuda a las generadoras pasa de $24 del día de hoy a $9 nominales. Entonces, en enero del 2028 hasta el 2035 las tarifas debiesen bajar.

Eso es a no ser que ocurra una catástrofe internacional de que los combustibles se disparen, o lo que sea. Pero en un escenario estable las tarifas van a bajar en enero del 2028. El punto es que esa baja hay que hacerla convivir con las deudas pendientes.

El proyecto de ley hace uso de esa baja de enero del 2028 en adelante, incorporando el pago de la deuda. Lo que va a ver el usuario es que las tarifas van a bajar igual, pero un poquito menos.

¿Y para este año y para 2027, cómo se está viendo?

-Ya sabemos que hay un 5% promedio a nivel nacional de ajuste de generación y transmisión para el segundo semestre. Para el próximo año, dependiendo de cómo se comporte el dólar y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, debiésemos estar en un escenario sin mayores distorsiones, y estar pensando, probablemente, en una actualización similar a lo de ahora.

No debiésemos tener mayores sorpresas para el 2027, a pesar de que 2027 ingresa la licitación corta del 2025, que está indexada principalmente a gas, pero en un escenario conservador no debe sostener variaciones mayores a lo que tenemos el día de hoy, sin perjuicio que igual se pensó en extender el subsidio al 2027 con cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) para tener un colchón en el caso de que pudiese ocurrir alguna situación compleja.

¿Qué le pareció el subsidio?

-El subsidio siempre ha sido una solicitud de extensión, y dado que el año complejo que queda es el 2027, me parece razonable que se haya comprometido los mismos recursos. Es decir, US$ 120 millones de financiamiento con cargo al FET para el 2027, dado que el 2028 las cuentas van a bajar.