En junio de 2011, La Polar reconoció un serio problema de provisiones, tras haber repactado unilateralmente la deuda de miles de clientes, la antesala de uno de los peores escándalos financieros del país que derivó en el descubrimiento de balances alterados y entrega de información falsa al mercado.

En medio de la polémica, proliferaron las mociones parlamentarias y los proyectos de ley que, en ese momento, impulsó el primer gobierno de Sebastián Piñera con medidas que buscaban dar más transparencia a la industria financiera y mayor protección al consumidor.

Apareció el Sernac Financiero, el proyecto de ley de Registro de Deuda Consolidada (Redec), que se aprobó en 2024 y que entró en vigencia este mes; y se ajustó el modelo de cobro de comisiones para que bancos no pudieran hacer cambios unilaterales, entre otras medidas.

Y surgió otra idea: modificar la fórmula de cálculo de la Tasa Máxima Convencional (TMC), el cobro máximo permitido por la ley para operaciones de crédito. La idea era reducir el techo autorizado para evitar “abusos”, tasas “usureras”, “cobros excesivos” o “arbitrarios”, según las consignas de esa época.

Algunos apuntan al economista Franco Parisi como el principal impulsor de esta medida; otros, al entonces senador del PPD Eugenio Tuma. El primero empujó la idea desde el ámbito técnico; y el segundo, por el lado político.

La moción que lideraba el entonces senador Tuma, y que empezó a avanzar rápidamente en el Congreso, planteaba que el interés máximo convencional no podría exceder en tres veces la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central (BC).

“En el periodo donde la TPM fue del 0,5%, los créditos de consumo habrían tenido un techo de 1,5% nominal. Se habría generado una desbancarización prácticamente del 100%”, comenta Pablo Correa, en ese entonces coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Es decir, con ese interés, tan bajo, ningún banco hubiese prestado un crédito de consumo.

“Para hacer frente a esta moción, que hubiera tenido efectos devastadores sobre la bancarización, el Ejecutivo entró con este proyecto de cambiar la fórmula de cálculo de la TMC, pero sobre todo, abrir los segmentos de cálculo para los créditos de consumo en los tramos más bajos”, explica Correa, quien en ese momento fue parte de la redacción muy inicial del proyecto, pero no continuó en la tramitación posterior.

Quien sí estuvo durante todo el proceso fue el economista Salvador Valdés, que entonces era asesor senior de Hacienda. “Eugenio Tuma es el inventor de la fórmula que opera hoy”, asegura.

El ministro de Economía de la época, Pablo Longueira (UDI), recuerda que impulsaron este cambio para destrabar el proyecto de ley del Sernac Financiero, que estaba paralizado por una serie de iniciativas parlamentarias que se habían presentado y que no tenían relación con la idea matriz. “Logré inmediatamente un acuerdo y bajé todo”, comenta. A cambio, se comprometió a ingresar una iniciativa sobre la TMC. Piñera lo respaldó.

”Nuestro principal objetivo fue regular de mejor forma los créditos menores a 200 UF. No fue fácil porque se armó una campaña muy fuerte, que con este proyecto de ley se iba a desbancarizar a la gente mas modesta, que se irían a la informalidad y caería en manos de los usureros. Por cierto que nada de eso ocurrió, fue todo lo contrario, la bancarización aumentó“, comenta Longueira.

El gobierno tomó en consideración ocho mociones parlamentarias que se habían presentado en el Congreso, y formuló su propio proyecto de ley. En 2013 se aprobó.

Así, la TMC bajó desde el 56,94% anual que marcaba en enero de 2013 y el 47,91% en que estaba en diciembre de ese año; al 31,54% anual en que está hoy para créditos de hasta UF50 (unos $ 2 millones). Para el siguiente tramo, de hasta 200 UF, está en 28,06% anual. La fórmula está establecida por ley y la cifra vigente es calculada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cada mes.

Al poco andar y de manera paulatina, los bancos cerraron sus divisiones especializadas que se dedicaban a atender a los segmentos de la población de menores ingresos. Ya no existe CrediChile, BCI Nova, Banefe, de Santander, y Banco Condell, de Itaú.

Si bien parte de la población se vio beneficiada por esta rebaja en la tasa de interés que cobran las instituciones al dar créditos de consumo, las personas más riesgosas -aquellas que pertenecen a los estratos socioeconómicos de menores recursos- y que no calificaban como clientes de un banco, se vieron forzadas a recurrir a otras vías de financiamiento, en algunos casos a préstamos informales que cobran tasas usureras que superan el 100% anual.

La discusión actual ocurre en un contexto en que la mayor parte de los hogares en Chile gasta más que sus ingresos, según la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE.

La ley mandató a la entonces Superintendencia de Bancos (hoy CMF) a analizar los efectos de la aplicación de esta legislación, y la conclusión a la que llegó el regulador fue que las potenciales personas excluidas del sistema crediticio formal, a noviembre de 2017, eran entre 205 mil y 275 mil. No se han hecho estudios adicionales a la fecha.

“Esta ley ha bajado la TMC, pero ha tenido un impacto negativo en los sectores de menores ingresos, y eso nos preocupa”, dijo en 2018 el entonces superintendente de Bancos, Eric Parrado.

El año pasado, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, estimó que más de 500 mil personas quedaron fuera del crédito formal por la baja en la TMC. “Hay estudios de hace 10 años atrás que hablaban de 300 mil personas. Pero eso fue cuando las tasas incluso todavía daban margen. Lo que pasa es que la metodología quedó fuera de contexto: hoy la TMC impide trabajar en segmentos que no estaban 10 años atrás”, argumentó.

Sin embargo, Salvador Valdés estima que “el número de personas beneficiadas por la reducción de tasas es probablemente 10 veces mayor que el número de personas que perdieron acceso a crédito pagando hasta 80% anual compuesto, como ocurría bajo la norma anterior”. Igualmente cree que hoy se pueden hacer ajustes a la TMC para mejorar cómo opera, dado que el escenario ha cambiado: hoy existe Redec.

Gobierno analiza costos y beneficios

Actualmente, no está en poder de la CMF hacer cambios a la fórmula de cálculo de la TMC. El Ministerio de Hacienda es el que puede impulsar ajustes en el Congreso, mediante una ley. Y precisamente esa es una de las iniciativas que el gobierno está evaluando.

El mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confidenció a los empresarios, en un encuentro realizado en diciembre en la Sofofa, que buscarían combatir el crédito informal ajustando la TMC.

Y cuando el gobierno, ya en funciones, anunció su proyecto de ley de reconstrucción nacional el 14 de marzo, una minuta de prensa de la Oficina del Presidente especificaba que impulsarían “medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a usura y crédito informal”. Todo apuntaba a la TMC.

Sin embargo, no está del todo definido que el Ejecutivo vaya impulsar una medida que flexibilice la TMC. Es un tema en análisis que genera división al interior del gobierno, dado que, si bien estiman que podría beneficiar a personas que hoy están en manos de préstamos “gota a gota”, también creen que otros usuarios podrían verse perjudicados al establecerse eventualmente una tasa máxima mayor, elevando los intereses. Por eso, en el gobierno están en estos días analizando los costos y beneficios de la medida. Y decidir luego si se incluye en el proyecto de Ley que el gobierno pretende enviar la próxima semana.

El debate

El presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y excomisionado de la CMF, Mauricio Larraín, cree que sí se debería flexibilizar la TMC. “Una flexibilización bien diseñada y focalizada no implica desproteger al deudor; al contrario, permite que el crédito formal exista donde hoy simplemente no llega”.

Larraín argumenta que “el diseño actual está generando el efecto opuesto al buscado”. Primero, señala que ha provocado exclusión financiera. “Al fijar una TMC demasiado baja, muchas instituciones no logran cubrir costos ni riesgo, y dejan de prestar. El resultado es que cientos de miles de personas quedan fuera del sistema formal”, sostiene.

Segundo, sostiene que “la demanda por crédito no desaparece; se traslada a esquemas informales, con tasas mucho más altas y sin protección al consumidor”. Tercero, habla de una “desalineación con la realidad económica: en créditos de bajo monto, los costos fijos son altos respecto al préstamo, lo que vuelve inviable operar bajo los límites actuales”.

En cuarto lugar, Larraín hace una comparación internacional: “Chile tiene techos más restrictivos que la mayoría de los países que aplican este tipo de regulación, lo que agrava los problemas de acceso”, puntualiza el profesor titular de la Universidad de los Andes.

De hecho, el Banco Mundial recomendó eliminar la TMC en Chile. “Se recomienda eliminar los topes a las tasas de interés y reemplazarlos por requisitos de asequibilidad e idoneidad (...) En Chile, los topes han restringido claramente la disponibilidad de microfinanzas productivas, a la vez que podrían llevar a algunos consumidores a recurrir a prestamistas informales con tasas aún más exorbitantes”, dijo el organismo en un informe de 2022.

En todo caso, Larraín estima que “la flexibilización debe ser focalizada y significativa, no generalizada”. Apunta a concentrar los cambios en créditos de bajo monto, por ejemplo, hasta 200 UF, “donde el problema es más agudo”. También cree que podría haber “mayor holgura en la tasa: permitir tasas más altas en ese segmento, alineadas con riesgo y costos. Esto puede implicar subir los límites o incluso eliminar la TMC en ese tramo”.

Asimismo, el exCMF cree que debe haber un rediseño del cálculo al “permitir que los costos de originación y administración se cobren como comisiones fuera de la TMC, de modo que la tasa refleje principalmente el riesgo”.

El socio líder de riesgo financiero y asuntos regulatorios en Deloitte, Jorge Cayazzo, cree que la TMC “ya no es necesaria en el mercado actual”. Si bien estima que en el pasado fue un aporte, ahora, “con un mercado del crédito mucho más desarrollado, competitivo y transparente y, además, con información consolidada del comportamiento del pago de los deudores (Redec), pierde sentido como instrumento de protección y se transforma más bien en un impedimento para el desarrollo del mercado del crédito”.

Los oferentes de crédito han llamado a revisar la TMC, de manera unánime. “Un alza relativamente moderada de la TMC respecto de los niveles en los que se encuentra hoy día, solo a BancoEstado permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”, dijo Mario Farren hace una semana.

Pablo Correa también cree que hay que hacer cambios. “Efectivamente, tuvo un efecto (en la desbancarización) y eso no se puede negar. Hoy vale la pena, sin lugar a dudas, volver a diseñar el sistema, porque han pasado muchas cosas desde 2013 hasta hoy. Hay un mercado muchísimo más competitivo, que tiene muchos más actores que la banca, y sobre todo, hay más tecnología, y tenemos una ley que va a permitir tener scoring de crédito individual (Redec)”, afirma el también exvicepresidente de BancoEstado.

Por eso, Correa cree que hay que “pasar a tener una tasa máxima que sea diferenciada por riesgo y no por monto. Y que eventualmente en el futuro sea innecesario tenerla“.

Más que flexibilizar la TMC, salvador Valdés haría algo vinculado con Redec. “Por ejemplo, si alguien ha tenido buen comportamiento y tiene un grado de endeudamiento moderado, entonces la ley debería autorizar una tasa mayor por un tiempo limitado. Pero condicional, no subir la tasa máxima para todos: eso sería un error”. Los cambios los haría “con mucho cuidado”, porque a su juicio “este tema es un avispero político”.

Longueira no es partidario de flexibilizar la TMC. “No se justifica flexibilizarla, lo único que lograrán es subirle la tasa a los que ya están bancarizados. El problema es otro. Con el auge del crimen organizado, en muchos sectores se ha creado una red de prestamistas informales, mucha gente que está incluso bancarizada es atrapada por estas mafias. Mientras no enfrentemos este problema de fondo, puede ocurrir exactamente lo contrario, que muchos bancarizados vean subir sus tasas y recurrirán a los prestamistas que obtiene dinero fácil del narcotráfico”, comenta.

Eugenio Tuma coincide con Longueira. “Es castigar a los usuarios volver a revisar una tasa máxima que fue regulada razonablemente al colocar un tope respecto del costo real del dinero, que es en relación a la captación, y no a la colocación. Lo que quieren es legitimar la usura a través del cambio de la TMC para volver a prestarle a usuarios riesgosos”.

Otra opinión tiene el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la comisión de Hacienda, quien cree que sí “es necesario revisar la TMC”, porque “la evidencia muestra que cuando se fijan techos demasiado bajos, lo que ocurre no es que desaparezca el crédito caro, sino que desaparece el crédito formal para los segmentos de mayor riesgo. Eso termina generando un efecto no deseado: más desbancarización y mayor exposición de personas vulnerables a mercados informales, como los llamados créditos ‘gota a gota’ de mafias, donde no hay regulación, protección ni tasas transparentes”.

Igualmente Macaya estima que “cualquier ajuste a la TMC debe equilibrar dos objetivos: proteger a los consumidores de abusos, pero también no expulsarlos del sistema financiero formal. De lo contrario, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”.