Luego de semanas de críticas y como resultado de un proceso de consulta masivo donde participaron gremios empresariales y personas de la sociedad civil, el Ministerio de Medio Ambiente informó durante este jueves que no avanzará en la definición de los sitios prioritarios, “hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”.

El listado, llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), establece 99 sitios prioritarios en tres macrozonas del país.

“Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”, precisó la cartera en un comunicado.

La repartición liderada por la ministra Maisa Rojas agregó que se encuentra trabajando para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, “con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.

Una duda evidente acerca de la decisión de la cartera es si la implementación de la Ley Sbap, y particularmente, la definición de los sitios prioritarios y sus consecuencias, se concretará durante este gobierno. El exsubsecretario de Medio Ambiente de Piñera I y II, Rodrigo Benítez, cree que no.

“Con las más de 2.000 observaciones recibidas a la fecha, sería razonable pensar que esto queda para la siguiente administración”, dice Benítez, apuntando que “este tema requiere un análisis detallado porque las implicancias de las declaraciones de sitio prioritario son complejas y pueden afectar a los propietarios de terrenos. Un nuevo gobierno, del color que sea, debiera considerar los antecedentes presentados y eventualmente racionalizar la propuesta inicial”.

De hecho, el promedio de las observaciones de la consulta pública en el ministerio de Medio Ambiente es de 500. El actual proceso de consulta, respecto de los sitios prioritarios, llega a las 3 mil, siendo un récord de observaciones.

El proceso de consulta pública concluye el próximo 2 y 4 de diciembre, cuando el ministerio, teniendo cerradas todas las observaciones, podrá comenzar el análisis y respuesta de las mismas.

Reacciones de gremios

Luego del anuncio, el presidente de Consejo Minero, Joaquín Villarino - que dijo hace un día en Pulso que el “el ministerio se ha saltado el procedimiento que está establecido en la propia ley”- valoró la determinación de la cartera tras un consenso unánime de los sectores productivos del país.

“Valoramos la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de estudiar con mayor profundidad la implementación de esta ley, y en específico la designación de los sitios prioritarios. En todos los sectores productivos existe consenso en la necesidad de un diálogo técnico y multisectorial que permita equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico regional”, apuntó Villarino.

Por su lado, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también valoró positivamente el anuncio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de “no avanzar” en la definición del primer listado de sitios prioritarios.

“Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, sostuvo el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, en un comunicado.

El líder del gremio minero reiteró el llamado al ministerio a concretar las acciones multisectoriales que han solicitado.

“Esperamos que se conformen las mesas de trabajo y y el diálogo necesario para lograr hacer un análisis técnico acabado sobre este tema. Como gremio, reiteramos nuestra disposición a colaborar en la revisión de los sitios prioritarios, aportando con propuestas concretas que permitan resguardar la biodiversidad sin afectar innecesariamente actividades que son vitales para el desarrollo productivo”, agregó.

Desde la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) también valoraron la decisión del Ministerio del Medio Ambiente y destacaron la consideración de las preocupaciones gremiales.

“Como industria turística creemos firmemente en la conservación de la naturaleza; es nuestro principal activo y la base sobre la cual se construye el turismo sostenible. Pero también es fundamental que cualquier política pública se desarrolle con diálogo, evidencia y equilibrio, de modo de compatibilizar adecuadamente la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico de los territorios”, sostuvo la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

Desde SalmonChile, en tanto, destacaron que la decisión del órgano estatal se debió a las objeciones públicas levantadas desde distintos gremios productivos y la sociedad civil.

“Esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados”, señaló el presidente del gremio, Arturo Clément.

“Si bien creemos que esta decisión es positiva, consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer. Aún quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP en trámite que deben ser analizados también con la participación de distintos actores. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos”, concluyó el líder gremial.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, declaró que, “tal como advertimos, insistir en esta línea pone en riesgo la mantención de proyectos y el inicio de otros, afectando con ello la inversión y el empleo”, a la vez que valoró la medida.

“Nos resulta gratificante que la autoridad de Medio Ambiente priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos, en el entendido que la institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo. Es necesario mantener este sano equilibrio para mejorar las condiciones de nuestro país de manera integral”, puntualizó Echavarría.

Por otra parte, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, dijo que “consideramos acertada la decisión del Ministerio de no avanzar en la definición del primer listado de Sitios Prioritarios mientras se profundiza el análisis técnico del proceso. Debemos cuidar la legitimidad de esta ley, lo que depende de que esta etapa se lleve adelante con rigurosidad científica y criterios metodológicos claros y conocidos por todos”.

Además, señaló que “una política de esta envergadura requiere un marco reglamentario completo y bases sólidas que permitan resguardar la biodiversidad sin generar incertidumbre ni afectar la planificación productiva y la inversión”.