El tono de la discusión sobre la ley de biodiversidad y áreas protegidas sigue subiendo. El nuevo gremio nacido de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) -la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G.- solicitó a un estudio jurídico evaluar las opciones legales posibles para acudir a tribunales y revocar el alcance de la ley mencionada.

El presidente de la agrupación, Patricio Gatica Rossi, dijo que “estamos decididos a defender a los pequeños y medianos mineros y recurriremos a todas las instancias que nos permite la ley y la democracia. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos; y estamos trabajando para incorporar a todos los sectores productivos del país que se verán afectados por las nuevas normas”.

Hace unas semanas, la Sonami afiló el debate apuntalando que 273 instalaciones mineras están dentro de las áreas protegidas que comprende la ley -que serían unas 99 áreas-, las que serían afectadas directamente. Aunque la industria minera no ha sido la única afectada, también lo ha sido el sector forestal, salmonero y de construcción.

“No exagero si digo que la inquietud que hay, especialmente en pequeña minería, yo la comparo prácticamente con la inquietud con la que partimos este gobierno. En donde había un proceso constitucional en marcha que ponía en riesgo la supervivencia de la minería y hoy día, diría yo, estamos enfrentando lo mismo. La pequeña y mediana minería no sabe realmente a qué se va a enfrentar”, dijo Jorge Riesco, presidente de la Sonami, por esos días.

A su turno, y en representación de las forestales, el presidente nacional de Pymemad, Michel Esquerré, y el presidente nacional de Aprobosque, José Carter -miembros de la red Futuro Madera-, señalaron en una columna que “no se trata de oponerse a la conservación, sino de advertir que las decisiones se están tomando sin diálogo efectivo ni evaluación transparente del impacto que podrían tener sobre las economías regionales y miles de familias que viven del bosque”.

La Ley 21.600 creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y a la fecha se encuentra en etapa de consulta ciudadana. En primera instancia, el plazo de consulta era entre el 17 y 21 de octubre, el que se extendió entre el 3 y 5 de noviembre, dadas las manifestaciones en contra del plazo de consulta y la ley.

El origen de la discusión se dio por la publicación en el Diario Oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) -con fecha 3, 4 y 5 de septiembre de 2025- de tres listados de sitios prioritarios, que consideraron la macrozona norte, centro y sur del país. Tras la publicación, inició el proceso de consulta ciudadana con un tiempo máximo de 30 días a través de un sitio web del MMA para hacer observaciones.

Las acciones que baraja el gremio

Calculando qué hacer, el nuevo gremio designó como asesor jurídico al abogado Juan Carlos Urquidi Fell - especializado en marcos regulatorios e institucionalidad de los recursos naturales y derecho ambiental-, quien dice a Pulso que están en etapa de definiciones. Su objetivo es “realizar un estudio profundo de opciones, con tal de encontrar el mejor mecanismo que asegure que la ley no se aplique o se congele”, afirma.

Urquidi analiza que el Servicio de Biodiversidad tendría atribuciones por encima de otros servicios técnicos, a tal punto, dice, “viene a reemplazar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”.

Una minuta que maneja el gremio, indica que con la Ley N°21.600 el SBAP tendría la potestad de elaborar planes de conservación ambiental de cumplimiento obligatorio para los servicios públicos competentes. Los que a su vez, “deberán establecer requisitos para la elaboración de dichos planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales, estableciendo condiciones o exigencias para lo siguiente”.

Aquello, dice la minuta, podría afectar de lleno proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, basándose en el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

“Esta ley la redactaron los científicos y los biólogos”, dice el abogado, no fue pensada para concretarse como tal, puesto que choca con diferentes normas y organismos.

“Si (la ley) te confiere facultades de imponerte a otros organismos para que provean información relativa a los estados de conservación, en el fondo, tiene la supremacia total y es una dictadura verde”, afirma Urquidi. “El tema de los sitios prioritarios es la primera capa de la entrada en vigencia de ley, luego, cede lugar a los usos del territorio”.