En un mundo interconectado, donde el dinero y las decisiones atraviesan fronteras en segundos, la lucha contra los delitos económicos ya no puede ser entendida como un esfuerzo puramente nacional. La corrupción, el soborno transnacional, el lavado de activos y la evasión fiscal no conocen de fronteras. Y si los delitos operan sin límites, la respuesta debe ser contundente.

En este contexto, organismos multilaterales como la OCDE han promovido estándares globales de integridad que no son simples aspiraciones éticas, sino verdaderos pilares para el desarrollo económico sostenible. Principios como la responsabilidad empresarial, la transparencia en los flujos financieros, la protección efectiva de denunciantes y la persecución penal del soborno internacional son hoy componentes esenciales de cualquier sistema que aspire a ser parte de la economía global moderna.

Uno de los desafíos más frecuentes en América Latina -y también en Chile- es la tendencia a reducir el compliance a su dimensión más básica: el cumplimiento legal mínimo o la implementación de un modelo de prevención de delitos centrado exclusivamente en evitar sanciones penales (Ley 20.393 y su reciente modificación por la Ley 21.595). Esta mirada reduccionista no solo limita la efectividad de los programas, sino que invisibiliza la verdadera esencia del compliance como cultura organizacional, basada en la ética, la rendición de cuentas y la gestión proactiva de riesgos. Desvirtuar su propósito es, en la práctica, restarle valor a los estándares que promueve la OCDE y empobrecer las herramientas con las que contamos para prevenir conductas que dañan la economía y la convivencia social.

¿Por qué es tan importante que estos principios se traduzcan en prácticas reales? Porque los delitos económicos no solo desvían recursos públicos, también debilitan la confianza institucional, distorsionan la competencia y abren espacio para la captura del Estado y de empresas privadas por intereses ilegítimos. Las organizaciones con gobernanza deficientes pueden ser utilizadas -con o sin conocimiento de sus directivos- para facilitar sobornos, lavar activos o canalizar fondos ilícitos. El crimen organizado no actúa al margen, sino que se infiltra en estructuras formales para dar apariencia de legalidad al dinero del delito. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es solo la justicia, sino el desarrollo económico y social de comunidades enteras.

Chile ha hecho avances importantes, pero también enfrenta desafíos estructurales. La cooperación internacional, el intercambio de información financiera, el fortalecimiento de las unidades de inteligencia y la articulación entre el sector público y privado son pasos ineludibles si queremos que las promesas de transparencia se conviertan en realidades institucionales. Pero también lo es avanzar hacia empresas más conscientes del entorno en el que operan, con sistemas de compliance que vayan más allá del “checklist” legal, capaces de detectar riesgos, frenar abusos y fortalecer las defensas éticas de sus propias estructuras. Ser parte de sistemas globales de integridad no debiera verse como una imposición externa, sino como una decisión estratégica.

En el mundo de hoy, la integridad no es solo un valor: es una condición, sin la cual no es posible construir un desarrollo económico sólido, confiable y sostenible. Esa infraestructura se construye con puentes, no con murallas; con coordinación, no con improvisación. Y sobre todo, con un compromiso que trascienda gobiernos y ciclos electorales.

Es importante pertenecer a la OCDE, pero lo es mucho más ser OCDE. Y eso implica encarnar principios de integridad, transparencia y responsabilidad en cada rincón del sistema y en cada empresa, porque son precisamente esas estructuras las que el crimen organizado busca vulnerar.

*La autora de la columna es directora de empresas y socia de Eticolabora