Justamente este domingo 25 de mayo, Jorge Rodríguez Cabello (52 años) termina su período como presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cargo que comenzó a ejercer en junio del 2022. La historia del economista con este organismo, que poco a poco ha ido tomando más peso en a discusión técnica fiscal, partió mucho antes, hace siete años, cuando ingresó en junio de 2018 a la entidad que tenía la calidad de asesora.

En mayo de 2019 fue uno de los primeros consejeros en ser nombrado para la institución que ya comenzaba a operar como Autónoma.

“Fue un bonito desafío comenzar en una institución desde cero”, dice Rodríguez en su última entrevista como presidente del Consejo Fiscal Autónomo.

Sus últimas dos semanas estuvieron marcadas por el cruce de declaraciones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien calificó como “inusualmente severo” el tono del último informe en el que el CFA alertó de que se está llegando a un punto de inflexión y que, de no cambiar el rumbo, las finanzas públicas seguirán peligrosamente empeorando. El CFA defendió al día siguiente sus atribuciones en el acta de la reunión siguiente. “No queremos seguir discutiendo en función de tonos, queremos discutir los temas de fondo”, responde ahora.

En su despedida, este sábado Jorge Rodríguez tenía previsto reunirse con el ministro Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

¿Esta discusión con Hacienda empaña en algo su término en el CFA?

No, porque si uno mira un período más largo, de 6 años, era una institución que no existía los primeros meses. Hacíamos informes y nadie iba ni siquiera a verlos y, por lo tanto, si yo comparo con la actualidad, el crecimiento es tan sustantivo que una discusión más, una discusión menos, no afecta esa mirada más larga.

¿Ha conversado con el ministro Marcel después del duro intercambio de la semana pasada?

Hemos tenido algunas conversaciones para tratar de aclarar los puntos mutuamente y sentimos que estamos bastante más cerca respecto de la preocupación de los temas de fondo de las finanzas públicas, que es donde en realidad nos interesa poner el foco.

¿Cómo fue el tenor de esa conversación?

Fue para reencauzar la discusión hacia los temas de fondo, que es el interés del Consejo y también debe ser del Ministerio de Hacienda.

¿Y esas conversaciones fueron telefónicas o presenciales?

Telefónicas.

¿Al CFA lo tomó por sorpresa la reacción de Hacienda?

Hacienda no nos había contestado de esa forma antes. Habíamos trabajado en las reuniones trimestrales habituales que tenemos siempre antes de cada Informe de Finanzas Públicas. Esta forma fue una innovación de la que se deben sacar lecciones, de cómo hacer lo más institucional posible este diálogo, porque si hacemos recomendaciones, nos interesa que nos contesten las recomendaciones.

¿Cuál sería esa fórmula?

Lo importante es que sea formal e institucional. Nos interesa también informarle de todo a la comisión mixta de Presupuestos, porque finalmente ellos son los que aprueban los presupuestos, y muchos proyectos de ley de ingresos y de gastos tienen que ser aprobados en esa comisión y en el Congreso en general. Y, por lo tanto, también son un actor relevante.

El ministro dijo que la respuesta vía oficio se debió a que no pudieron asistir a la sesión donde, en general, hacen sus comentarios. ¿Cuando ustedes presentan sus informes semestrales, Hacienda está presente?

La ley le mandata al CFA que en mayo y octubre de cada año vaya a exponer a la comisión mixta su análisis de la situación fiscal. En esas sesiones Hacienda no está presente. La Comisión puede invitar a otros actores, pero hasta el momento no ha sido nunca así.

¿Cuál es la reflexión que hace sobre este episodio?

Nosotros encontramos que es razonable que el Ministerio de Hacienda quiera responder a las críticas que a veces hacemos y respecto de las recomendaciones, nos interesa que nos contesten: si les parecen bien, si las quieren conversar en mayor detalle y si no les parecen bien, bueno es parte de la regla del juego. Ahora, lo que nos interesa es que esa conversación sea fluida y se mantenga en los ámbitos técnicos, en el interés de la sostenibilidad fiscal.

¿Y en este caso, se salió de ese marco técnico?

Entendemos que estamos en un año electoral, que a veces los temas se tienden a politizar. De hecho, cuando fuimos al Congreso, algunos parlamentarios advirtieron que había un riesgo de que algunos sectores usarán nuestro informe en términos políticos. Estamos conscientes de que eso puede pasar, pero hacemos el mayor esfuerzo para que la discusión se mantenga en términos técnicos.

En ese sentido, ¿el CFA se ha mantenido alejado de los ciclos políticos?

Le hemos hecho críticas y valoraciones tanto al gobierno anterior como al presente gobierno, en las cosas que el CFA ha estimado pertinentes. En ese sentido creo que si uno mira los informes de la historia del CFA queda claro que no hay ningún sesgo en ninguna dirección.

¿En la respuesta de Hacienda, el ministro se extralimitó? ¿Pudo afectar eso la autonomía del CFA?

El Ministerio de Hacienda puede contestarnos, porque somos un órgano asesor. Lo importante es que la discusión se encauce en los términos técnicos y no haría más énfasis en cómo fue el tono, porque el ministro encontró que nuestro tono fue muy duro, y no queremos seguir discutiendo en función de tonos, queremos discutir los temas de fondo.

¿Algunos ex CFA dijeron que se cruzó una línea y afectó la autonomía del CFA?

En los seis años que tiene el CFA, este ha sido plenamente autónomo. No se ha dejado influir por nadie para dar sus opiniones. Ha sido crítico cuando ha tenido que hacerlo y ha valorado las cosas que hay que valorar. Por lo tanto, no veo ahora que se haya amilanado la disposición del CFA de seguir opinando según el análisis de sus integrantes. Sabemos que a Hacienda a veces le gustarán nuestras recomendaciones y a veces no. Es parte de las reglas del juego.

¿El ministro en la conversación le reconoció algún error de parte de ellos en cuanto al tono, a la forma?

No, más bien la conversación fue del futuro, de cómo se puede reencauzar esto a los temas de fondo, de finanzas públicas.

¿Qué análisis hace del contenido de oficio de Hacienda? ¿Toman en algo en consideración?

Hacienda en su informe destaca ciertas cosas que no tenemos una gran diferencia. Por ejemplo, en una parte Hacienda nos dice que nosotros tenemos que tener conciencia de que la situación fiscal estrecha que hay ahora es fruto de una acumulación de varios años. Sentimos que hemos transmitido eso con bastante fuerza. Instalamos el concepto de que, de los últimos 17 años, en 15 ha habido déficit estructural. Esa es una frase que el CFA empezó a usar para que todos tomaran conciencia de que esto no sucedió de un minuto a otro, sino que fue una acumulación a lo largo del tiempo. Otro punto importante en el oficio del ministro era que también se deben considerar la posibilidad de mejorar los ingresos estructurales, no solamente fijarse en el gasto. Y hemos hecho ver eso en muchos informes. Ahora, en este informe hicimos un énfasis en el gasto, porque a este gobierno le queda poco tiempo, y el mismo ministro ha dicho que ya no van a haber más proyectos tributarios en este gobierno.

Pero el ministro dijo que el informe del CFA tuvo un tono “inusualmente severo”.

Nosotros dijimos que estamos en un punto de inflexión y decidimos usar ese concepto en el sentido de que llegó la hora de actuar. Estamos conscientes de las palabras que usamos. Y eso es, efectivamente, como un paso extra respecto de lo que veníamos diciendo antes, que era situación de estrés fiscal, lo cual todos los actores compartían. Subimos el tono, porque consideramos que está quedando muy poco margen para llegar a la deuda prudente de 45% del PIB. Entonces, como Consejo no podemos seguir repitiendo el mensaje como si nada, porque este gobierno está llegando a su fin, va a venir un nuevo gobierno y queremos que quede instalado este concepto de que hay que ponerse de acuerdo una vez por todas para hacer un plan efectivo.

“Llama particularmente la atención la sugerencia que realizó el Consejo de pausar la tramitación del nuevo Decreto de Política Fiscal, facultad que es propia del Ejecutivo”, dijo en el oficio Hacienda, quejándose de que el CFA se estaba sobrepasando en sus atribuciones. ¿Cuál es su análisis?

El CFA hace recomendaciones estrictamente no vinculantes y estamos totalmente conscientes de eso. No aspiramos a que eso cambie. Hacemos recomendaciones que el gobierno puede tomar o no. No creemos que nos hayamos excedido de nuestras funciones, porque la ley dice textualmente: contribuir al manejo responsable de la política fiscal y pensamos que todo lo que hemos dicho va en esa línea. Al ser estrictamente no vinculantes, difícilmente podamos ir más allá de lo que la ley nos mandata porque podemos haber sugerido pausar el cambio de las metas fiscales, pero es una recomendación. Entonces, es difícil que una recomendación exceda el mandato.

Por la forma que escaló la discusión, ¿da cuenta de lo tensionada que están las cuentas fiscales hoy en día?

Lo que más nos interesa transmitir, y ese era el propósito fundamental del informe, es que todos los actores políticos, Congreso y Ejecutivo, y la ciudadanía tomen conciencia de lo estrecha que están las cuentas fiscales, que esa estrechez estará presente, por lo menos, durante todo el próximo gobierno. Eso es lo que queremos transmitir y que se tomen acciones para poder superar esta situación.

Hacienda reclama que si bien el CFA llama a buscar soluciones entre el Congreso y el gobierno, las medidas más específicas apuntan al Ejecutivo. ¿Cómo reciben esa crítica?

El encargado de la política fiscal es el Ejecutivo, que tiene amplias potestades que yo personalmente valoro. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva de gasto y de proyectos en materia tributaria. Son materias que están en manos del Ejecutivo, porque la Constitución así lo asegura. Esto no quita que el Congreso también tiene un rol importante en el desempeño de la política fiscal, porque son los que aprueban el presupuesto y los que tienen que aprobar todas las materias legislativas.

¿Qué tan cerca se está de superar la barrera del 45% del PIB de deuda?

Nosotros hicimos una simulación tomando el déficit estructural promedio que existió en los últimos 17 años, que es un 2%, y dijimos: ¿qué pasa si ese déficit se repite? Y si se repite, efectivamente en el 2027 estaríamos superando el nivel de deuda del 45% de PIB. El llamado es a que no se repita esa situación. Es un plazo no muy lejano, por eso subimos el tono.

“Es importante hacer un acuerdo ahora”

¿El próximo gobierno debería fijar su decreto fiscal anclado en la meta de deuda del 45% del PIB?

Lo que queremos evitar es que cuando asuma un próximo gobierno diga: “¿sabe qué?, el 45% del PIB como techo del nivel de deuda me quedó corto, así que voy a fijarme un 50%“. Eso sería algo muy dañino para la credibilidad de la regla fiscal en Chile. Por eso es que es importante hacer un acuerdo ahora. Por definición, cuando uno tiene una regla dual, lo que tiene que hacer es que los balances que se proyecten sean consistentes con no superar el 45% de nivel prudente de deuda.

Ese escenario le da poco espacio para gastar…

El escenario que hace la Dirección de Presupuestos es que, si se implementan todas las medidas que están proponiendo de ajuste tanto legislativas como administrativas, en promedio las holguras de la próxima administración serían cero. En un año tendría levemente positiva, en otro levemente negativa. Eso significa que no hay espacio para ningún gasto nuevo en la próxima administración, si es que no consiguen nuevos ingresos.

¿Es realista pensar en una trayectoria fiscal como esa?

El gasto ha venido creciendo en los últimos 15 años a un promedio del 4,9%. Para que se cumpla la meta y no se supere el nivel prudente de deuda pública, el gasto tendría que crecer a tasas más cercanas al 1% o el 1,5%. Entonces estamos hablando de que el país, o consigue más ingresos o se va a tener que acostumbrar a un crecimiento de gasto muchísimo menor al que ha estado acostumbrado. Es un desafío viendo los números, pero estamos a tiempo aún de tomar un acuerdo sustantivo que abarque a todos los actores políticos, Congresos y Ejecutivo, de que nos pongamos en esa meta y lograr un acuerdo político.

¿El llamado al acuerdo político es porque hay que cortar harto gasto público?

Claro, no estamos hablando de gastos superfluos. Los distintos gobiernos en los últimos años han hecho esfuerzos de cortar gastos. Siempre uno puede seguir encontrando más cosas, pero aquí ya estamos hablando de cifras más sustantivas. El déficit estructural que tenemos en promedio ha sido dos puntos del PIB, entonces o hay que conseguirse una cantidad de ingresos grande o recortar gastos, pero son cifras significativas, no son recortes del gasto sin dolor. Por eso es que el sistema político tiene que ponerse de acuerdo y ser capaz de hacerlo, porque también hay temas que genuinamente se va a querer proteger. Ahí perfectamente el sistema político puede decir que quiere proteger la PGU o la inversión pública que genera más crecimiento a futuro. Hay que elegir ciertas cosas para proteger, pero no se puede proteger todo, porque si eso pasa no hay margen para el ajuste del gasto.

¿Esta estrechez a qué se debe? ¿A que se pensó que se tenían más recursos de lo que había y se hicieron políticas distributivas, como la gratuidad o la PGU, sin contar con los recursos asegurados?

No quiero referirme a alguna política sectorial, pero el país ha estado en los últimos 15 años haciendo políticas sustantivas en diversos ámbitos: en educación, la PGU también, que tienen un costo bien alto. En los últimos años, la tónica ha sido comprometer gasto con expectativas de ingresos, pero esos ingresos lamentablemente no han llegado como se esperaba. Esa es la dinámica que hay que romper a través de una fórmula técnica, considerando que hay expectativas ciudadanas por mayores beneficios. En ese caso, la responsabilidad fiscal indica que se pueden hacer si es que tengo los ingresos.

¿Cuáles serían los efectos para la economía chilena si no se cumplen las metas fiscales propuestas?

Tiene un doble efecto. El primero es la credibilidad de la política fiscal. Eso es difícil de medir qué significa, pero efectivamente erosiona la credibilidad de las instituciones. Lo segundo es que, a mayor endeudamiento del país y mayor riesgo se genera un mayor costo de endeudamiento. Y ese costo de endeudamiento no es solo del gobierno, sino que se transfiere a toda la economía, afectando a las empresas e incluso a las familias. Además, el gobierno tiene que gastar cada vez más recursos del Presupuesto en pagar intereses.

¿Qué recomendación haría para su sucesor o sucesora?

Le recomendaría mantener un alto estándar técnico y autónomo de su informe; una buena gestión interna del propio CFA, que no hay que descuidar, y tiene que tener muy buenas comunicaciones externas de los informes. Esos son tres pilares de tener una buena institución.