Klaus Schmidt-Hebbel: "A diferencia de algunos de mis predecesores, seré disciplinado: voy a opinar de política fiscal a través del Consejo"

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En cuanto a la conformación del órgano que encabeza, el nuevo presidente del CFA señala que "la posición política que expresa cada ciudadano que emite fuera del CFA debe ser y será independiente de nuestro actuar como consejeros".


Dos anuncios de política fiscal presentó el gobierno durante la semana: el envío del proyecto de ley que entregará autonomía al Consejo Fiscal y la estrategia para reducir el déficit estructural durante los próximos cuatro años.

Asimismo, se presentó a los nuevos integrantes del Consejo Fiscal Asesor (CFA). Si bien el plazo de permanencia expiraba el 31 de mayo para los cinco consejeros, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, decidió cambiar a solo tres de los cinco miembros: Andrea Repetto (presidenta), Juan Pablo Medina y José Yáñez fueron relevados de sus funciones. Por su parte, Aldo Lema y Gonzalo Sanhueza fueron renovados. A ellos se sumaron Andrea Tokman, Jorge Rodríguez Cabello y Klaus Schmidt-Hebbel, este último designado como nuevo presidente del CFA.

El execonomista jefe de la Ocde y profesor titular de Economía de la PUC plantea que su misión como cabeza de esta instancia asesora será "procurar que nosotros opinemos de política fiscal en el marco del Consejo Fiscal Asesor y que no aparezca cada consejero emitiendo públicamente su opinión particular". Esto, a propósito de la última polémica por los gastos comprometidos, versus presiones de gastos que dividió al CFA anterior y donde expresaron públicamente sus diferencias.

¿Cómo definiría el estado actual de las finanzas públicas del país?

-Están determinadas principalmente por la Ley de Presupuestos que fue definida el 30 de noviembre del año pasado, tras la aprobación del Congreso. En segundo lugar, por posibles desviaciones de las variables macroeconómicas respecto de los supuestos que se incluyeron en el mismo presupuesto. También están marcadas por la situación que señaló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre los gastos comprometidos o presiones de gastos, respecto de los cuales el gobierno debe hacerse cargo. Esos tres factores son los que determinan la situación fiscal, que no es fácil.

La estrategia fiscal del gobierno apuntará a reducir el déficit fiscal estructural en 0,20% por año, lo que se traduce en un balance de -1,2% al término de 2021 y de -1% si se considera el último presupuesto que ellos elaborarán para 2022. ¿Esto era el mayor esfuerzo que se podía hacer o el gobierno pudo ser más ambicioso?

-Como presidente nominado del Consejo Fiscal Asesor (CFA) no me corresponde evaluar eso. No me corresponde decir si es ambiciosa o no. Y en particular, porque el CFA todavía no se ha reunido, por tanto, no tenemos ninguna posición oficial que evalúe la política fiscal por parte del Consejo. A diferencia de algunos de mis predecesores seré disciplinado: voy a opinar de política fiscal a través del Consejo. Y ojalá sea en forma unánime en las evaluaciones que nos corresponde hacer como Consejo Fiscal Asesor.

¿Cuando dice que no será igual que sus predecesores se refiere a la polémica por los gastos comprometidos versus presiones de gastos que dividió públicamente al Consejo Fiscal Asesor?

-No me voy a referir a las actuaciones específicas. Solo digo que voy a procurar que nosotros opinemos de política fiscal en el marco del Consejo Fiscal Asesor y que no aparezca cada consejero emitiendo públicamente una opinión particular. Ese es el espíritu que animará mi trabajo.

Precisamente fue esta polémica la que provocó el quiebre del CFA, ya que por un lado Andrea Repetto, Juan Pablo Medina y José Yáñez criticaron la forma en que Hacienda presentó los mayores gastos que debía enfrentar, mientras que Gonzalo Sanhueza y Aldo Lema apoyaron al ministro Larraín.

-No me voy a pronunciar sobre esa situación, porque es demasiado reciente y refleja un conflicto al interior del propio Consejo. Pero más allá de eso, es importante señalar que da lo mismo que esto se llame gastos comprometidos o presiones de gastos. Simplemente se trató de identificar que algunos ministerios han mostrado una tendencia de incrementos del gasto que implican desvíos crecientes respecto de su presupuesto. Políticamente, es muy difícil incumplir con esas presiones de gasto. Lo sustantivo es que hay que hacerse cargo y la fórmula para aquello es reduciendo el gasto fiscal total. En qué partidas se hacen dichos ajustes es de decisión del gobierno de turno, sobre lo cual el Consejo Fiscal no tiene atribuciones para expresarse.

En este debate el Consejo tuvo diferencias públicas sobre la materia, ¿es eso lo que usted quiere evitar como presidente del CFA?

-Claro. Eso es lo que se buscará. Un ejemplo institucional de cómo se manejan adecuadamente los posibles disensos internos de un Consejo del Estado es el que presenta la conducción de la política monetaria por el Consejo del Banco Central. Aunque existe siempre la opción de votos de mayoría y de minoría de los cinco consejeros del banco, se publican las actas de las reuniones en que se da cuenta de dichos votos de mayoría y minoría. Pero no sale cada consejero del Banco Central -entre los que estuvieron presentes o ausentes de la reunión formal- al día siguiente de la reunión dando a conocer y justificando su visión o su voto mayoritario o minoritario. Eso no se produce. Y este ejemplar proceder institucional debería cumplirse también en el CFA.

¿Esta crítica apunta implícitamente al rol que tuvo la expresidenta del Consejo Andrea Repetto?

-Yo no apunto con el dedo a nadie, pero factualmente constato que hubo opiniones divergentes de integrantes del CFA que asistieron y que no asistieron a la reunión donde Hacienda y el CFA abordaron el tema de los gastos comprometidos, que luego fueron ventiladas públicamente. Como ya dije previamente, esa no es una buena fórmula y contrasta con la muy buena práctica del Banco Central. Durante mi presidencia en el CFA trabajaré para entregar una opinión colegiada del Consejo, pero las actas, por supuesto, pueden dar cuenta de las posturas mayoritarias y minoritarias.

Respecto de la renovación del Consejo Fiscal Asesor, el ministro de Hacienda cambió precisamente a los consejeros que lo criticaron en la polémica de los gastos comprometidos, y solo mantuvo a quienes apoyaron su visión. ¿Afecta este tipo de decisiones la institucionalidad fiscal?

-No tengo ninguna opinión sobre eso. Pero quiero aclarar lo siguiente: el ministro Larraín esperó a que se cumpliera el período completo para el cual fueron nombrados los consejeros, el cual venció el 31 de mayo recién pasado, antes de renovar a los consejeros. Esto marca una diferencia con lo que sucedió con el exministro Alberto Arenas, quien le pidió la renuncia a buena parte de los consejeros, mucho antes de que finalizara su período. Sobre la composición de este Consejo no me corresponde emitir opiniones. Solo puedo señalar que mis cuatro colegas en él son profesionales muy destacados, con una gran experticia en temas macroeconómicos y fiscales.

El nuevo Consejo quedó integrado, además de usted, por Andrea Tokman, Aldo Lema, Gonzalo Sanhueza y Jorge Rodríguez Cabello. Esa conformación para algunos economistas quedó inclinada hacia un pensamiento de centroderecha, al contar con un solo integrante de centroizquierda, ¿cuál es su visión al respecto?

-La posición política que expresa cada ciudadano en las elecciones o en las opiniones personales que emite fuera del Consejo Fiscal Asesor debe ser y será independiente de nuestro actuar como consejeros. Cada uno de nosotros cuida su prestigio profesional y nadie va a poner en peligro dicho prestigio, tomando u omitiendo posiciones no técnicas. El capital humano de un profesional es su reputación técnica, que se cuida en su desempeño en cualquier instancia técnica, como es un Consejo Fiscal Asesor o un Consejo del Banco Central.

Sobre el proyecto de ley que presentó el gobierno que otorga autonomía al Consejo Fiscal, el hecho de que sea el Presidente de la República quien nombre a su timonel y que, además, su período culmine justo con el del gobierno que lo nombró, ¿le resta independencia, considerando además que si en una votación hay empate es este último quien decide?

-Acá hay distintas fórmulas. El proyecto señala que cuatro consejeros son nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado, similar al Banco Central, y el presidente es nombrado directamente por el Presidente de la República. En otros países, el modelo es que todos los consejeros sean designados por el Presidente, pero ratificados por el Senado. Y en terceros países, todos los consejeros son nombrados por el Poder Ejecutivo.

¿No ve que esta fórmula le pueda restar autonomía al Consejo?

-Las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría es tres votos de cinco. Muy excepcionalmente, cuando hay empate entre cuatro consejeros asistentes, el presidente dirime. Durante mi período como gerente en el Banco Central, no recuerdo ni una sola ocasión en que, debido a la presencia de solo cuatro de los cinco consejeros, el presidente hubiese tenido que dirimir un empate de votos. Es una situación muy poco probable que, si se produjera, no pondría en peligro la independencia del Consejo.

Pero la pregunta apunta a si el hecho de que el Presidente de la República sea quien nombre directamente al presidente del Consejo ¿podría restarle autonomía en su actuar?

- Nuevamente, la independencia de un Consejo del Estado está anclada en sus reglas de comportamiento y en la idoneidad profesional de sus consejeros. Otra vez, el Banco Central de Chile es el ejemplo institucional a seguir.

¿Entonces está tranquilo con este modelo de autonomía?

-Totalmente. Es mucho más importante que el Consejo Fiscal Autónomo pueda ser llamado por el Senado y la Cámara para responder y transparentar todos sus estudios y presentaciones. Esto le entrega una independencia muy potente. Pero también la principal independencia es que si bien cada uno de los consejeros puede tener una posición política, en Chile existe una tradición muy sana de nominar a economistas cuya reputación personal y profesional apunta a hacer análisis serios y tomar decisiones técnicas.

Las principales clasificadoras de riesgo señalaron que lo principal es la reducción del déficit fiscal efectivo y la estabilización de la deuda para que Chile recupere su posición crediticia previa. ¿Cuál debería ser el camino del gobierno para lograr ambas cosas?

-La única estrategia de política fiscal que se puede adoptar para fortalecer la opción de que las clasificadoras de riesgo vuelvan a reclasificar la deuda soberana en un notch superior, retornando al nivel que teníamos hace un año, es reducir el déficit y con ello reencauzar la senda futura de la razón de deuda pública bruta (y neta) a PIB, de manera que vaya convergiendo hacia un nivel estable. Pero es imposible saber en qué año las clasificadoras pudiesen mejorar nuestra clasificación de riesgo, porque ello también dependerá de otras variables, como el crecimiento del PIB y la estabilidad macroeconómica general del país.

La promesa de campaña del gobierno apuntaba a llegar a balance fiscal en seis a ocho años. Sin embargo, conocida la nueva ruta, eso no se cumplirá, ya que en ocho años se llegaría a un déficit de 0,4%. Usted que participó del equipo económico en esa etapa, ¿por qué cree que se fijaron metas de largo plazo que al final del día no dependían del gobierno y que eran difíciles de cumplir?

-Si bien las políticas públicas tienen un impacto en el corto y mediano plazo, deben hacerse pensando en el largo plazo, y por ello me parece bien que un gobierno -cualquiera que sea- haga políticas pensando en las trayectorias y los beneficios de largo plazo. Reducir el déficit fiscal estructural en 0,25% o 0,20% es estadísticamente lo mismo, y el cambio posiblemente se debió a que el gobierno se encontró con una situación fiscal peor de lo esperada y eso hace más difícil reducir el déficit de manera más rápida. Si con esta trayectoria de reducir el déficit en 0,20% anual se llega a un balance de cero en 2026 o 2027, no tiene ninguna diferencia en términos de impactos económicos. Lo esencial es que exista una trayectoria precomprometida y que esta se cumpla. Este gobierno, al igual que el anterior, será juzgado por si cumple o no sus compromisos fiscales. Al final del día, lo importante es que se fije una meta, que puede ser más o menos ambiciosa, pero que debe cumplirse.

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