“En esto me voy a encadenar”. La singular reflexión Jorge Quiroz de esta semana en un seminario a propósito de su defensa al crédito al empleo incluido en la megarreforma sólo profundizó las dudas respecto del nivel de flexibilidad con que el ministro de Hacienda enfrentará la batalla legislativa de la reforma insigne de José Antonio Kast.

El emblemático proyecto, sin embargo, superó esta semana su primera valla. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa por 8 votos, todos oficialistas, contra 4 y la abstención de Zandra Parisi (PDG), en medio de las zigzagueantes negociaciones del gobierno con el partido liderado por Franco Parisi.

“Quiroz sigue muy seguro de que sus ideas son las correctas y, mientras tenga los votos para avanzar con el proyecto, difícilmente va a cambiar cosas sustantivas. Si sigue teniendo los votos ¿por qué debería hacer lo contrario?”, se pregunta con desaliento un economista de oposición, quien minimiza las posibilidades de que la izquierda pueda tener un papel relevante en las negociaciones que vienen en el Congreso.

La misma interrogante se ha instalado en la mente del mundo político y económico de gobierno y oposición, tras conocerse los detalles del proyecto y los duros cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a las medidas y la sostenibilidad fiscal de la reforma. “La gran encrucijada es si Quiroz se va a atrincherar en sus ideas o se va a abrir a negociaciones profundas”, comenta otro economista de centroderecha, quien cree que el papel de los parlamentarios de Chile Vamos puede ser relevante a la hora de mejorar el proyecto.

Pero la semana estuvo marcada por las esquirlas que dejó el informe del CFA. Liderado por Paula Benavides, el Consejo mostró sus dudas sobre si el crecimiento bastaría para moderar en toda su magnitud la baja de ingresos generada por el proyecto, especialmente por las medidas de rebaja tributaria. “La iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”, lanzó el CFA propósito del efecto deficitario de la iniciativa para los primeros cinco años de vigencia.

Entre los nueve riesgos fiscales que enumeró el organismo el martes pasado están la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría (a las empresas), y los mayores costos del crédito tributario al empleo y la exención transitoria de IVA a viviendas nuevas, entre otros.

La respuesta del Presidente Kast a la alerta del CFA fue inmediata ese mismo martes.

“Nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto a la institucionalidad”, dijo el Mandatario, quien anunció que Hacienda respondería a cada una de las interrogantes del CFA. Sin embargo, un cuidadoso y cauteloso Jorge Quiroz respondió luego que el informe del CFA sería “analizado detenidamente y en su mérito” y que la Dipres presentaría los descargos correspondientes ante la Comisión de Hacienda. Pero lejos de la contundencia del informe del CFA, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, realizó una breve presentación en la comisión, la que fue calificada de decepcionante por los parlamentarios de oposición.

Un economista de centroizquierda cree que lo que está en juego con el trámite de la megarreforma y las advertencias del CFA es la real convicción del oficialismo con la responsabilidad fiscal. “Este es un tren difícil de parar. La tentación ideológica de bajar los impuestos es muy grande en la derecha y esto podría quitar prioridad a la sostenibilidad fiscal en el proyecto. Es una prueba grande para el oficialismo porque si la derecha no defiende la salud fiscal, nadie lo hará”, explica la misma fuente.

“La pregunta es cuál es la convicción que tiene el gobierno de hacer un proyecto que sea más barato, que preserve sus principios, como bajar el impuesto de primera categoría, y hacer un subsidio al empleo más eficiente”, resume.

El crítico crédito al empleo

Luego de la presentación de los detalles del megaproyecto, el mundo técnico y político centró sus críticas en el crédito tributario al empleo que incluye en la megarreforma, al que se la atribuye un costo fiscal es de US$1.400 millones por año y un escaso limitado para nuevas contrataciones. Para los analistas, despejar las dudas con el mecanismo y abaratar su costo es clave para la sostenibilidad fiscal del proyecto.

El exsubsecretario de Hacienda de la segunda administración de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, destaca la importancia del proyecto para recuperar el crecimiento del país, pero reconoce como “prudente” tomar nota de las observaciones que hizo el CFA, especialmente en materia del crédito fiscal el empleo. “El gobierno tiene buenos motivos para aplicarlo al stock de trabajadores contratados, porque busca mitigar el aumento excesivo de los costos laborales por salario mínimo, 40 horas y la reforma previsional. Sin embargo, si este instrumento se focalizara en los nuevos contratos formales, el costo fiscal podría caer hasta en US$1.000 millones, logrando que todo el proyecto sea fiscalmente neutro”, afirma el también decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS.

“Para el balance de las cuentas públicas debemos mirar en su conjunto las iniciativas de recorte de gasto que ya inició el gobierno, que va en unos US$2.000 millones, muy por sobre las expectativas. Esto, para que sea permanente, tendrá que refrendarse en las próximas leyes de presupuesto”, añade Weber.

Pero el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, va más allá y dice que este proyecto debe conversar con las metas de balance y deuda prudente, las que se conocerán durante la tramitación legislativa. “Si el conjunto de medidas de esa proyección no fuera suficiente para mitigar los riesgos, entonces se podría evaluar algunas opciones o una combinación del monto de algunas medidas como el crédito tributario (al empleo), el compromiso de US$1.000 millones de rebajas adicionales a los US$2.000 millones ya realizados, y algo más de gradualidad y seguimiento y monitoreo”, afirma Acevedo, quien reconoce que no apoyaría ninguna medida relacionada con aumentar la carga tributaria.

“Con esto, una buena parte de los riesgos fiscales del proyecto de Reconstrucción que planteó el Consejo Fiscal Autónomo y el FMI desaparecen”, concluye Acevedo.

Para el exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, el proyecto tiene elementos positivos que contribuyen al crecimiento y otros que conllevan riesgos fiscales. “Una de las medidas que tiene un estímulo fiscal expansivo es el del crédito tributario al empleo: la experiencia internacional con programas como el que propone el proyecto no resulta alentadora. Estos planes son difíciles de diseñar correctamente, ya que el subsidio puede terminar premiando decisiones de contratación que las empresas iban a tomar de todos modos, generando empleo adicional sólo de forma marginal”, alerta el economista, quien cree que la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años y el debate paralelo sobre la eliminación del IVA sobre medicamentos y pañales son medidas preocupantes.

El Senado, la batalla final

Pese al álgido debate que se ha generado entre los diputados, en el mundo político coinciden que lo más probable es que el proyecto se apruebe sin grandes diferencias en la Cámara respecto de su propuesta original. Para aprobar la idea de legislar y todo su articulado se necesita una base constante de 78 votos y el oficialismo ya tiene una base de 76 votos seguros, sin contar los eventuales sufragios del PDG. A ellos se podrían también sumar tres descolgados de oposición.

Es por ello que se estima que la verdadera batalla para Quiroz y el gobierno será en el Senado, al igual como ocurrió con la reforma de pensiones. Las mayorías que necesita el oficialismo para aprobar la iniciativa esta vez pueden ser más frágiles y Hacienda deberá negociar con menos margen, concluyen en la derecha.

“Al igual como ocurrió con la reforma de pensiones, creo que será el Senado el espacio para discutir los detalles y avanzar con una gran reforma que nos saque del estancamiento”, precisa Alejandro Weber.

Un influyente empresario y exdirigente gremial cree que en esa instancia se podría negociar, por ejemplo, una baja más gradual del impuesto de primera categoría y pulir otras medidas que van en contra de salud de las finanzas públicas.

“Para los grandes empresarios es más importante disminuir la burocracia de los permisos y el equilibrio fiscal que muestre el proyecto, que una baja tan acelerada o profunda del impuesto de primera categoría. Si se percibe que hay problemas fiscales con la reforma y el mercado comienza a subir las tasas de financiamiento y se deteriora el riesgo país, eso sería mucho más caro para nosotros que la baja de impuestos”, explica el mismo empresario, quien cree que el gobierno estará obligado a negociar en el Senado con un clima político distinto al de la Cámara.

Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú, también espera que el proyecto se perfeccione en el debate parlamentario. “Existe espacio para que a lo largo de la tramitación legislativa se mitiguen los menores ingresos permanentes de medidas como el crédito tributario que fortalece el empleo. A su vez, se reafirma la importancia de avanzar aún más rápidamente en dos direcciones. Primero, en la implementación de medidas que faciliten la aprobación de permisos para proyectos de inversión, en gran medida sin efectos fiscales significativos de corto plazo. Segundo, continuar con los esfuerzos de eficiencia en el gasto público”, concluye el economista.