El 10 de diciembre de 2024, a las 10 de la mañana, Michael Clark ingresó al piso 8 de la Torre I del edificio de la Comisión para el MErcado Financiero (CMF) para declarar por primera vez ante un organismo público sobre la toma de control de Azul Azul y su rol en Sartor, bajo la intervención del regulador en esa fecha.

Clark fue interrogado por el fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, en una diligencia videograbada de 2 horas, en la que estuvo acompañado de su abogado Antonio Rubilar.

Allí reveló la rápida forma en que se visaban los créditos al interior del grupo y sobre todo, la precariedad de los controles internos: se aprobaban operaciones en cadenas de correos electrónicos con un puro OK.

Según su relato, el nexo con Sartor comenzó en octubre de 2020, cuando fue contactado para aportar una visión profesional externa. “Yo trabajé en el Banco Penta como en 2014, y la gente de Sartor llegó a ofrecer sus fondos allá, y me parecieron fondos innovadores para lo que se hacía en Chile, y quedamos en contacto. En algún minuto me llamaron y me ofrecieron participar del directorio. En esa época conocí a Pedro Pablo Larraín y a Alfredo Harz”, sostuvo.

En su comparecencia, Clark se presentó como un actor secundario. “Soy director independiente en Sartor AGF, no soy socio de dicha sociedad, ni participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”, declaró y detalló que no participaba en el día a día de ninguna de las sociedades del grupo Sartor, “ni tengo poder de representación, no tengo oficina, correo corporativo, y voy una o dos veces al mes a reuniones de directorio de Sartor AGF”.

La CMF apuntó directamente a los conflictos de interés, por su participación como director y acreedor a través de su empresa Redwood Capital SpA. “Tengo tres sociedades: Redwood Capital, Antumalal y Kaysen. La primera es asesoría financiera y las dos últimas son de inversiones”, explicó.

Sobre Kaysen dijo que no tiene ninguna inversión relacionada con Sartor. “En dicha sociedad tengo algunos socios y tenemos un terreno, que está arrendado a Gasco”. Según registros mercantiles, sus socios son su cónyuge Andrea Toro Cunha y Christian Cheetham Moreno.

Antumalal la definió como una sociedad de inversiones que tenía cuotas del fondo Tactical Sport, una sociedad de responsabilidad limitada en la que él es dueño del 90% y su señora del otro 10%. Antumalal entonces tenía el 10% de las cuotas de Tactical Sport. Diez días después de esta declaración, el 20 de diciembre de 2024, la Universidad de Chile anunció en un comunicado que Clark, a través de Antumalal, se había transformado en el dueño de Tactical Sport, dueña del 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. La CMF ofició a Clark y lo forzó a hacer luego una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). En su primera respuesta, Clark informó que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de USD 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo”. En total, pagó US$ 5.719.482. Y cruzando las fechas, hizo la compra solo tres días después de prestar declaración en la CMF.

El otro vehículo de inversión de Clark, Redwood Capital SpA, es una sociedad operativa de asesoría financiera, 100% de él. “No tienen ninguna inversión en la AGF ni en la AFIP”, aclaró, aunque reconoció que Redwood Capital SpA le pidió a la AGF $ 875 millones en septiembre de 2023, con el fin de refinanciar pasivos. “Se presentó en comité de riesgos, en el que no voté, porque era operación conmigo y porque en ese tiempo ya no votaba. Se documentó con pagarés notariados con impuestos pagados, y ese crédito se pagó en julio de 2024, con un refinanciamiento que no tiene nada que ver con Sartor, extinguiéndose la deuda”, detalló y agregó que el pago lo hizo mediante un financiamiento en base al mandato de un cliente que explicó así: “Yo tengo una operación, en la cual el cliente se comprometía a financiarme, y cambié el financiamiento de Sartor al financiamiento nuevo. Es un mandato para actuar a cartera propia. Este cliente es quien me financió para pagar el crédito que me otorgó Sartor”. No dijo quién era ese cliente.

Después reiteró que se abstuvo de aprobar ese financiamiento a Redwood. “Ayer revisé la cadena de correos con los OK dados por los directores, y me parece que cuando se presentó la operación, se indicó que esta sociedad era mía. Recuerdo que la opinión de riesgos fue favorable, y con intereses de mercado, ya que para resguardarme pedí que la tasa fuera a mercado”.

En el interrogatorio Clark admitió que, él mismo aprobó en el comité de crédito algunos flujos de dinero hacia las sociedades de los controladores de Sartor, como Pedro Pablo Larraín. “En comité de crédito vi pasar y aprobé operaciones para estas personas, a través de sociedades de inversión”, reconoció, justificando su voto en que “fueron financiamientos con opinión favorable de las áreas de riesgo y comercial... y entiendo que estas operaciones están pagadas en su gran mayoría”. Para dejar bien deslindada su responsabilidad sostuvo haber solicitado explicaciones: “Entiendo que la administración y el área de Compliance debió haber advertido ello, así como también el área de riesgos y la gerencia de riesgos”. Aseguró que nunca las recibió.

El fiscal también le preguntó por su relación con alguno de los protagonistas del caso Primus como Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar o Antonio Guzmán. “Yo como persona natural, no tengo, ninguna relación de ningún tipo, con ninguna de estas personas. Antonio Guzmán Neira vive en mi condominio, y quizás estamos en algún chat en común a raíz de dicho condominio. Ninguna de mis sociedades ha tenido o tiene ninguna relación con ellos”, remató.