Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

Las universidades Finis Terrae, De las Américas, Autónoma, Central, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás acudieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para impugnar los nuevos aranceles fijados por el Estado. En su presentación, acusaron que la fijación de precios se transformó en un mecanismo que podría generarles pérdidas por $35.347 millones y hasta sacarlas del mercado. Afirman que los estudiantes más vulnerables del país se forman principalmente en estas entidades y que además reciben menos plata per cápita que las instituciones estatales. El Consejo de Rectores y otras casas de estudios entraron al conflicto.