“La gratuidad llegó para quedarse y será un derecho social garantizado, no un bien de consumo”. La frase, repetida como un mantra durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet prometía emparejar la cancha. Ahora, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberá analizar algunos de los alcances de esa promesa, a casi una década de su puesta en marcha. El 14 de octubre pasado, siete universidades privadas iniciaron una inédita consulta a esa entidad para que se pronuncie sobre el mercado de la educación superior y el reparto de las millonarias platas del financiamiento estatal.

De acuerdo al Presupuesto de la Nación, la educación superior chilena contará con US$ 2.715 millones para gratuidad este año, 7,1% más en términos reales que en 2025; es decir, US$ 180,7 millones adicionales para esta política pública.

Las universidades Finis Terrae, De las Américas, Autónoma, Central, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás ingresaron al TDCL una consulta de carácter no contencioso que revela cómo, según sus análisis, la mencionada política pública ha terminado favoreciendo a las universidades estatales del CRUCH y a las del G9 (públicas no estatales), mientras que las entidades privadas, que se sumaron más tarde a la gratuidad e hicieron las inversiones y armonizaciones requeridas, enfrentan ahora una compleja situación financiera por la fijación de sus precios que las dejan fueran de mercado.

Avisan del riesgo de quiebra y sostienen que el mecanismo de la gratuidad ha mutado en una herramienta de control de precios y redistribución de riqueza, que castiga selectivamente a las instituciones privadas, que más encima son las únicas que absorben a los estudiantes realmente más vulnerables.

Todo partió con las Resoluciones Exentas N° 887 y N° 3.263 del Ministerio de Educación, que fijan los aranceles para 2026, considerado el primer año en régimen total de la gratuidad, con todas las entidades que se sumaron ya adscritas, toda la institucionalidad relativa funcionando y al menos un par de años de historia de la política pública en sus aulas. El sistema arrancó en 2016, después se sumaron los Institutos Profesionales, y paulatinamente, otras entidades. Ya estaba realmente “andando” y ahora faltaba algo que, en todo caso, se sabía que traería polémica: la fijación de los aranceles que la educación superior chilena podrá cobrar hasta 2030. Por primera vez ya comenzaba a correr la fijación de precios. Y las cifras desataron la tormenta.

Primero la PUC y luego todo el CRUCH

Liderada por el abogado Mario Bravo, un experto en Libre Competencia que trabajó 12 años en la FNE y que ha participado en varios de los casos más mediáticos del sector, como la colusión del confort y la regulación de los grupos económicos, entre otros, la consulta fue admitida a trámite. A fines de diciembre, el tribunal extendió el plazo para recibir nuevos antecedentes y al cierre de esta edición el sistema entero ya estaba en el caso.

Así, la ofensiva legal ha escalado hasta un nivel sistémico. Todas las universidades de Chile están ahora en el TDLC. Ello, luego de que en diciembre decidiera salir a mostrar su verdad la Pontificia Universidad Católica (PUC) -una de las supuestas universidades más beneficiadas por la gratuidad- y que el pasado 11 de febrero el Consejo de Rectores (CRUCh) en pleno se sumara a la presentación ante el TDLC con las 30 universidades que lo componen. Además, fuentes del sector confirman que el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), también evalúa hacerse parte del proceso.

En juego están los US$ 2.715 millones, casi lo mismo que cuesta una línea de metro.

El informe Butelmann

La solicitud de las siete universidades privadas no es una demanda. Es, al final de cuentas, un requerimiento al TDLC para que se haga cargo de una situación que exige una mirada de mercado con urgencia. Y eso, abre un debate que podría tener consecuencias insospechadas para la educación superior chilena que se financia con fondos públicos. Bravo adjuntó al expediente un informe económico de Butelmann Consultores -donde una de sus socias es la economista Andrea Butelmann, exministra del TDLC-, en el que se muestra que el Estado regula y compite en el mercado educacional, entregando “mayores subsidios a la entidades públicas”, lo que permitiría al sector estatal operar con ineficiencias y precios predatorios, que podrían llevar a la insolvencia técnica de los entes privados.

Las universidades Finis Terrae, De las Américas, Autónoma, Central, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás piden al TDLC que proponga las modificaciones necesarias para fomentar la competencia y regular los servicios de educación superior “en lo referente al Financiamiento Institucional para la Gratuidad, por considerar que no se prestan en condiciones competitivas en el Mercado de Educación Superior”, sostienen en su escrito. La Fiscalía Nacional Económica también pidió más plazo para analizar los antecedentes que solicitó a la Subsecretaría de Educación Superior.

La denuncia ante el TDLC expone que el Estado exige a los entes privados estándares de calidad equivalentes a los de la Universidad de Chile o la PUC para pasarles más financiamiento, pero las obliga a operar con menos de la mitad del presupuesto.

Estas son las cifras, nudos y conflictos que reveló la consulta al TDLC y que tiene a todo el sistema universitario pendiente.

1. El Monopolio del Decil 4

Los datos muestran que la gratuidad generó una fuerte estratificación. Los planteles privados son los que sostienen hoy la cobertura de la clase media vulnerable que el Estado buscaba cubrir con la gratuidad, ya que las universidades del CRUCH y del G9 capturan sistemáticamente a los alumnos de los deciles de puntaje superior (8, 9 y 10), dejando fuera a la masa estudiantil más pobre, por falta de vacantes o cortes de puntaje.

Esto convierte al decil 4 -unos 70 mil estudiantes- en un “mercado cautivo” de las universidad privadas, ya que el Estado no tiene dónde más colocarlos por sus bajos puntajes. Solo entre las siete universidades de la consulta al TDLC , el 66,5% de la matrícula total estudia con gratuidad.

Esta cifra revela además el riesgo con que operan: no pueden renunciar a esta política pública, porque perderían a dos tercios de sus alumnos (su base de sustentación), pero quedarse adentro las obliga a aceptar condiciones tarifarias que -denuncian- comprometen su viabilidad futura.

2. La pelea por los subsidios

La consulta sostiene que el Ministerio de Educación incurre en un conflicto de interés estructural al actuar simultáneamente como regulador (fija precios) y sostenedor de las universidades estatales, que compiten en el mercado.

Basándose en un análisis de los balances financieros 2024 del sistema, la consulta da cuenta de una enorme disparidad de financiamiento, ya que las universidades privadas no reciben el Aporte Fiscal Directo (AFD), ni fondos basales por desempeño, platas que marcan la diferencia con las estatales, que reciben en promedio $1.678.807 anuales por cada estudiante matriculado (solo por subsidios). En el mejor de los casos, una universidad privada recibe, por ese concepto en promedio, $52.660.

3. Pérdidas por $35.347 millones

Esta asimetría se profundiza, dicen las universidades privadas, con la nueva fijación de aranceles que podría generarles pérdidas casi equivalentes a $35.347 millones, mientras que las universidades estatales experimentarían un aumento de ingresos anuales de $43.543 millones. Eso, porque el nuevo arancel sube para algunas universidades y carreras, pero baja para otras en función del cálculo del Estado.

Para que una entidad educacional pueda operar con gratuidad, además de cumplir con un serie de requisitos de acreditación y calidad, solo puede cobrar lo que el Estado le impone.

4. “Poda de cifras”

Las universidades de la consulta acusan que en la ingeniería detrás del algoritmo que determinó los precios para cada universidad y carrera hubo “manipulación” de variables estadísticas, ya que el regulador habría eliminado de la base de cálculo los costos reales informados por las universidades privadas, calificándolos de valores atípicos. Al suprimir estos datos, el costo promedio del sistema descendió artificialmente, permitiendo fijar un arancel regulado menor.

Adicionalmente, el mecanismo de agrupación de instituciones, que también determina aportes estatales, introdujo nuevas variables al cálculo como la antigüedad de los claustros académicos o la investigación histórica, dos elementos en que las privadas no corren con ventaja.

El informe de Butelmann Consultores detalla que el mecanismo utilizado por la Subsecretaría para forzar la baja de los costos de referencia consideró además agrupar a las universidades por el costo de su docencia en pregrado, abultado por doctorados. Esto permitió clasificar a las estatales (que tienen muchos doctorados financiados por el Estado) en grupos de “precio alto” y a las privadas en grupos de “precio bajo”.

5. Costos reales

El nuevo decreto tarifario, advierten las consultantes, fuerza al sector privado a operar bajo sus costos reales, comprometiendo la solvencia institucional y la calidad educativa que reciben sus estudiantes con gratuidad. Según los documentos, “el Estado inyecta más recursos basales por alumno a sus propios planteles que a los privados”, distorsionando la competencia antes de que se pague el primer peso de gratuidad.

Eso, porque las universidades del Estado cuentan con un piso de solvencia garantizado por la Ley de Presupuestos que es inexistente para sus competidores privados: Aporte Fiscal Directo (AFD), Aportes Basales por Desempeño, planes de Fortalecimiento y los fondos regionales (ESR).

6. Crisis en salud y veterinaria

Los datos muestran un castigo financiero selectivo del Estado en las carreras de alto costo. Un archivo que contiene el detalle línea por línea de los aranceles por carrera, revela que el “promedio” esconde un fuerte recorte a las privadas, especialmente en carreras que requieren alta inversión en infraestructura clínica y laboratorios.

“Para el área de Salud que incluye Medicina y Odontología, la reducción del arancel regulado para las universidades privadas con gratuidad es en promedio $780.000 (reducción de 10,6% respecto al arancel transitorio, ponderadas las carreras su matrícula de gratuidad), mientras que las Universidades Estatales aumentan en $207.000 (alza de 3%). En el área de Veterinaria y Pesca, las Universidades Estatales tienen un aumento de $450.000 (8% con respecto al arancel transitorio), mientras que las privadas con gratuidad se reducen en $860.000 (reducción de 18% respecto al arancel transitorio)”, indica el informe Butelmann.

En su consulta al TDLC las universidades afirman que estuvieron mucho tiempo tratando de convencer al regulador de esos errores.

7. 92,9% de sus costos reales

¿Puede una empresa sobrevivir vendiendo sus productos bajo el costo de producción por cinco años? Según el informe económico de Butelmann Consultores, los nuevos aranceles regulados permitirán a las universidades estatales y del G9 cubrir, en promedio, el 107% de sus costos de docencia. En la práctica, el regulador les asegura un margen de utilidad operacional del 7% por cada alumno gratuito matriculado.

Para las universidades privadas, la ecuación financiera es inversa. Los mismos aranceles cubrirán apenas el 92,9% de sus costos reales. El decreto tarifario les impone una pérdida estructural del 7,1% por cada estudiante.

Esta fijación de precios configura, según el escrito legal, una práctica de “estrangulamiento de márgenes”, ya que algunas instituciones enfrentan un riesgo de insolvencia a mediano plazo, aunque esas situaciones no se detallan.

8. El castigo regional

También se expone que el Estado financia con montos muy superiores a la educación en Santiago, en desmedro de las regiones: Una universidad estatal con sede en la capital administra un presupuesto promedio de $9.019.000 por alumno, mientras que su par estatal ubicada en regiones desciende a $6.749.000, según el reporte. Una diferencia de más de $ 2,2 millones anuales.

Para las universidades privadas regionales, el escenario es de “tormenta perfecta”: deben competir en desventaja contra las estatales locales, que reciben subsidios basales y regionales para compensar sus costos, mientras ellas sufren el recorte de aranceles.

La consulta advierte que este diseño de incentivos podría provocar un repliegue de la oferta privada.