Un intenso debate político y jurídico marcó el rechazo en la Sala de la Cámara de Diputados de un proyecto que buscaba incorporar a la Fiscalía Militar en la investigación de delitos de espionaje y otros ilícitos vinculados a instalaciones castrenses.

La propuesta, impulsada por el diputado republicano Luis Sánchez, no logró el quórum necesario y fue archivada, pese a obtener mayoría simple.

La votación registró 76 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, al tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, requería al menos 78 respaldos para avanzar, lo que selló su destino legislativo en su primer trámite.

El proyecto planteaba modificar el Código Penal y otras normas para establecer que delitos relacionados con armas, elementos peligrosos o eventuales actos de espionaje cometidos en recintos militares fueran inicialmente investigados por la justicia castrense.

En concreto, se proponía que cuando estos hechos ocurrieran en instalaciones militares o involucraran información de carácter estratégico, la causa fuera derivada a la Fiscalía Militar. Posteriormente, si se determinaba que el imputado no era miembro de las Fuerzas Armadas, los antecedentes serían remitidos al Ministerio Público.

La idea de la propuesta apuntaba a que la justicia militar tuviera un rol inicial en la custodia de la información sensible, especialmente en casos que pudieran afectar la seguridad nacional.

El caso que originó la propuesta

La moción surgió a raíz de un episodio ocurrido en mayo de 2025 en Pozo Almonte, donde dos personas ingresaron a una base de la Fuerza Aérea.

Si bien existieron sospechas de espionaje, la Fiscalía solo formalizó a dos involucrados por infracción a la Ley de Control de Armas, debido a las limitaciones legales que impiden a la justicia militar investigar a civiles.

Este hecho fue considerado por sus impulsores como una brecha en la institucionalidad, que impediría abordar adecuadamente situaciones que comprometen información estratégica.

Argumentos a favor y en contra

En la instancia parlamentaria, quienes respaldaron la iniciativa sostuvieron que era necesario fortalecer la respuesta del Estado frente a amenazas a la seguridad, incorporando desde el inicio a instituciones especializadas en el manejo de información militar.

Asimismo, se destacó que el proyecto contemplaba resguardos para civiles, respetando tratados internacionales y el debido proceso, al establecer que la justicia ordinaria asumiría finalmente la causa si los imputados no eran militares. También se subrayó que el endurecimiento del tratamiento para personal castrense podría actuar como un factor disuasivo frente a eventuales actos de espionaje.

En contraste, los detractores del proyecto advirtieron que la iniciativa introducía distorsiones en el sistema judicial, al permitir que civiles fueran sometidos, aunque fuera de manera inicial, a tribunales militares.

Según estas posiciones, ello podría vulnerar garantías fundamentales como el debido proceso, además de generar incertidumbre jurídica y posibles dilaciones en las investigaciones.

También se cuestionó que la propuesta no abordaba de manera integral el fenómeno del espionaje ni modernizaba sustantivamente una legislación considerada obsoleta, con más de un siglo de antigüedad.