El proyecto eléctrico del gobierno -que busca ordenar las cuentas eléctricas, evitar que estas aumenten y resolver la deuda que tienen los consumidores con las distribuidoras- ha concitado gran apoyo del sector eléctrico del país.

Este lunes la comisión de Minería y Energía del Senado escuchó diferentes voces de la industria acerca de la iniciativa de ley, que considera un subsidio eléctrico similar a los que se han entregado en el pasado y que fue aprobada la semana pasada en general y particular por la comisión de Minería y Energía de la Cámara.

Un eje de la discusión ha sido la solidaridad de proyecto, llamada socialización. El proyecto plantea que todos los consumidores pagarán menos del 3%, evitando que algunos clientes paguen incluso el 20%.

El director ejecutivo de la fundación Energía para Todos, Javier Piedra, declaró que no toda la deuda eléctrica es similar. “Socializar sin distinguir tarifa distribuidora y origen genera subsidios cruzados que son regresivos, y existe una alternativa: equidad tarifaria con límite máximo de impacto. Nuestra propuesta es separar el pago de la deuda con las distribuidoras por tarifa BT1, no BT1, residencial y comercial, limitar el cargo a que éste sólo genere un máximo de un 3% de alza en la cuenta de la luz y sólo en donde exista inequidad”.

En tanto, el gerente general de CGE, Iván Quezada, afirmó que “los clientes que tienen bajas tarifarias no forman parte de quienes van a pagar las deudas. Todos aquellos que se les devuelve porque pagaron más, no son parte de este proyecto (...). Si nosotros no tenemos este criterio de solidaridad, van a haber clientes que van a pagar 20% más. Y eso, para las condiciones que tiene este país, me parece personalmente poco presentable”.

Intereses por VAD

Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, representante de las distribuidoras, quien valoró distintos puntos del proyecto como la solución al retraso de proceso tarifarios, analizó que “es indispensable que el mecanismo que se defina permita un adecuado reconocimiento de los ingresos y los intereses que hoy en día reconoce la regulación respecto de las deudas de reliquidación”.

Añadió que “cualquier mecanismo de normalización debiese resguardar adecuadamente los saldos asociados a los procesos tarifarios, considerando los criterios establecidos por la regulación vigente”.

Sobre el proceso de reliquidación correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) 2024 - 2028 -que el proyecto propone extenderlo su límite de tiempo hasta el 2030, para que no el proceso 2028-2032 no se atrase-, Meriches sostuvo que en “el caso de la reliquidación del VAD 2024-2028, supone reconocer los intereses generados hasta la implementación de la reliquidación. Esto es después de la publicación del decreto tarifario y no sólo con la publicación de esta ley”.

El timonel del gremio de la distribución apuntó en la sesión que “se podría evaluar que la reliquidación asociada a este periodo comience a aplicarse una vez publicado el decreto, y no necesariamente postergarse para el siguiente periodo tarifario”. Si el proyecto es aprobado como está hoy, quedaría un decreto VAD para el periodo 2024 y 2030, y luego 2030 y 2034.

Racionamiento: una causal nueva

En tanto, el director ejecutivo de Acenor, Juan Ignacio Gómez, representante de los clientes libres, grandes consumidores de energía del sistema, puso la atención en los cambios que hace el proyecto de ley al decreto de racionamiento.

“De las cosas que más nos preocupan es una pequeña modificación en materia de decretos de razonamiento. Los decretos de razonamiento se incorporaron en nuestras legislaciones en el año 98 a partir de una sequía muy fuerte que, hasta donde yo recuerdo, fueron los últimos cortes por racionamiento que hubo a la población”, enfatizó Gómez.

El decreto de racionamiento debe ser dictado por el ministerio de Energía, con un previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), basándose en dos razones principales: si se proyecta un déficit de generación en el sistema eléctrico por fallas extensas en centrales eléctricas, o en contextos de sequía.

El proyecto expande las razones para decretar racionamiento, añadiendo dentro del marco legal “cualquier otra circunstancia que determine la insuficiencia del sistema para abastecer los consumos y que se encuentre debidamente fundada en el referido informe”.

“¿Cuáles son los problemas de esto? Primero, hay una causal genérica nueva. Esto incluye problemas de transmisión, de ciberseguridad… incluso uno podría pensar un ejemplo, si uno quisiera llevar el argumento al extremo, que en una situación de déficit porque hubo un incremento del consumo repentino y no previsto, los clientes tendrían que ser compensados por la misma indisponibilidad que generaron ellos”, analizó en su exposición ante el Senado.

El jefe del gremio postuló que la norma está cerrada en su núcleo, y “por tanto modificarla para otras materias genera un problema. Si el día de mañana uno tuviese una restricción de transmisión, que es algo que se ha comentado en el trámite de este proyecto, la pregunta es ¿quién paga? Hay compensaciones que paga la generación por un problema de transmisión. No se entiende cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de la medida”.