En agosto pasado entró en vigencia la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales. Dentro de las características del nuevo cuerpo legal, se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”. Además, agrega como categoría de “delito económico” los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.