Es un tema que aparece de vez en cuando en la discusión técnica y legislativa. Para algunos es un sistema rígido que tiene efectos negativos en el mercado laboral, pero para otros es un sistema que no resguarda del todo los derechos laborales. Se trata de la indemnización por año de servicio.

En Chile, esta figura se encuentra regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. A partir de 1981, se incorporó un tope máximo al monto de la indemnización legal por años de servicio, limitando su cálculo a no más de 330 días de remuneración (equivalente a 11 meses, es decir, 11 años de servicio).

Precisamente para cambiar este límite de años, un grupo de diputados del Frente Amplio, entre ellos, Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Andrés Giordano, Carolina Bello y Emilia Schneider, presentaron un proyecto de ley que elimina el tope de 11 años. La iniciativa se ingresó el 7 de mayo a la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Entre la argumentación que entregan, resaltan los resultados de la Encuesta Laboral ENCLA 2023, elaborada por la Dirección del Trabajo. En ella se señala que el 76% de los trabajadores posee un contrato indefinido, lo que en principio los habilita para recibir la indemnización por años de servicio. Sin embargo, se precisa que “la existencia de un tope en la indemnización limita sustancialmente la compensación que un trabajador puede recibir en caso de despido, afectando particularmente a aquellos con mayor antigüedad en la empresa”.

De acuerdo al proyecto, esta limitación perjudica especialmente a los trabajadores de mayor edad, quienes enfrentan dificultades para reinsertarse laboralmente. “Para ellos, la indemnización por años de servicio se convierte en una herramienta clave para enfrentar el desempleo prolongado y garantizar un tránsito digno hacia una nueva etapa de su vida, siendo un respaldo esencial en momentos de vulnerabilidad económica”, menciona la iniciativa.

Y por lo mismo se enfatiza que estas razones, “de carácter doctrinario, normativo, histórico, económico y social, justifican plenamente la eliminación del límite actual en la indemnización por años de servicio, restableciendo el principio de reparación plena y proporcionalidad en su determinación”.

Además agregan que la propuesta busca “reconocer a todo trabajador con contrato indefinido el derecho a una indemnización por término de contrato proporcional al total de años efectivamente trabajados, sin limitaciones legales que reduzcan arbitrariamente dicha compensación”.

Visión de expertos

Los expertos laborales alertan que dicha medida generaría un aumento en los costos de las empresas, afectando el empleo.

Cristóbal Luksic, director del área Laboral de Mendoza Luksic y Valencia, afirma que “el trabajo parlamentario -por el que se destinan recursos públicos- debiera incluir estimaciones serias sobre cuántos trabajadores superan efectivamente los 11 años de antigüedad y cuál sería el efecto económico según el tamaño de las empresas”.

Para el especialista, “en un contexto en que los índices de despidos han ido en aumento, no resulta alentador avanzar en una medida que podría, incluso, incentivar más desvinculaciones. Eso no es deseable si lo que se busca es proteger el empleo y mejorar las condiciones laborales de forma efectiva”.

Mientras que para la abogada laboralista socia de Eguiguren Abogados, Ana Velásquez, si bien la eliminación del tope de los 11 años constituye una medida positiva para el trabajador, en cuanto a que fomenta la estabilidad laboral e incentiva la permanencia en el empleo, “desde el punto de vista empresarial eleva de manera significativa los montos que deben destinarse a indemnizaciones por término de contrato, lo que podría impactar especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, advierte.

En ese contexto, Velásquez indica que “la eliminación del tope de los 11 años, considerando la difícil situación económica actual del país, podría generar un efecto regresivo en el mercado laboral, ya que algunas empresas como mecanismos preventivos podrían optar por bajar los sueldos y tener una mayor rotación, aumentando el desempleo”.

En tanto, Diego Messen, socio de Moraga & CIA, plantea que “si bien podría constituir un beneficio para los trabajadores, al final del día contribuye a distorsiones económicas que podrían corregirse con, por ejemplo, mejores seguros de cesantía, donde no se vea afectada de manera directa e implícita la economía de la empresa, cuando debe tomar una decisión de desvinculación, tomado en consideración este factor”.