A partir del estallido social de octubre pasado ha surgido una fuerte demanda por una política fiscal con mayores niveles de protección social y un mayor énfasis redistributivo. Lo cierto es que una política fiscal verdaderamente progresista es aquella que asegura que los beneficios sociales que se entregan sean duraderos en el tiempo. Cuando la trayectoria de gasto público no es sostenible, la crisis fiscal que esta situación desencadena conlleva altos costos en materia de bienestar social, especialmente para los más necesitados.