El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante 2026, otorgando al Ejecutivo un margen adicional de US$6.200 millones para enfrentar las necesidades actualizadas de financiamiento del Estado.

La iniciativa, que se encontraba en segundo trámite constitucional, fue respaldada por 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, superando el quórum de 26 votos requerido por tratarse de una norma de carácter especial.

El gobierno había ingresado el proyecto con urgencia suma, cuyo plazo de despacho vencía este 8 de julio.

Según lo planteado por el Ejecutivo, el objetivo del proyecto es adecuar el límite máximo de endeudamiento autorizado para 2026, establecido originalmente en la Ley de Presupuestos, a la realidad fiscal actual, que contempla mayores requerimientos de financiamiento para cumplir compromisos ya adquiridos por el Estado.

Durante la tramitación en la Comisión de Hacienda, el proyecto fue aprobado por mayoría de tres votos contra dos, en un debate donde surgieron dudas respecto de la evolución de las finanzas públicas y de la necesidad de ampliar el margen de endeudamiento.

En ese contexto, los senadores revisaron el informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y plantearon inquietudes sobre eventuales modificaciones presupuestarias para 2026 cuya trazabilidad, a juicio de algunos parlamentarios, no estaría suficientemente clara. Asimismo, se solicitaron mayores antecedentes sobre la metodología utilizada para calcular la presión del gasto fiscal y justificar el monto adicional solicitado.

Frente a esos cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que la iniciativa no guarda relación con el proyecto de Reconstrucción Nacional (megarreforma), descartando que el nuevo endeudamiento busque financiar esa reforma.

El secretario de Estado había explicado en la comisión que los recursos tampoco están destinados a solventar nuevas políticas públicas, sino a garantizar el financiamiento oportuno de obligaciones previamente comprometidas, ajustando la autorización legal a un escenario fiscal que se ha deteriorado respecto de las proyecciones consideradas durante la elaboración del Presupuesto 2026.

En esa línea, el Ejecutivo sostuvo que la actualización de las perspectivas macroeconómicas y fiscales proyecta un déficit cercano a US$3.800 millones superior al estimado originalmente, situación que hace necesario ampliar el límite de endeudamiento para asegurar la continuidad del financiamiento estatal.

Debate parlamentario

La discusión en la Sala estuvo marcada por fuertes diferencias respecto de las razones que justifican el incremento del endeudamiento y el manejo de las finanzas públicas por parte del Ejecutivo.

Mientras representantes del oficialismo defendieron la medida como una necesidad para asegurar el funcionamiento del Estado, legisladores de oposición cuestionaron que el gobierno solicite nuevos recursos en medio de la tramitación de la denominada “megarreforma” tributaria.

La diputada Vanessa Kaiser (PNL) afirmó que su sector respaldó la iniciativa “con mucho dolor”, argumentando que el endeudamiento limita la autonomía del país.

“Los nacional-libertarios lloramos cuando el Estado se endeuda. No solamente porque queremos y creemos en un Estado pequeño y eficiente (...). Cada vez que Chile se endeuda, somos menos soberanos”, sostuvo.

A juicio de la parlamentaria, la situación responde al deterioro de las finanzas públicas heredado del gobierno anterior.

“Sabemos que recibimos un Estado con sus finanzas en una situación crítica. Un Estado al que dejaron sin chicha ni chancho. Esta deuda que hoy vamos a autorizar con mucho dolor es consecuencia directa del deterioro de las finanzas públicas durante la gestión del gobierno anterior”, agregó.

Desde el oficialismo, el senador Javier Macaya (UDI) defendió el proyecto señalando que permite transparentar la realidad fiscal del país.

“Me parece que esto es una oportunidad, una iniciativa que permite transparentar una situación que existe, porque parte importante de las necesidades que se van a financiar con este aumento de deuda provienen de gastos permanentes y de obligaciones acumuladas”, afirmó.

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla (DC) manifestó sus reparos al señalar que no recordaba una solicitud de endeudamiento separada de la Ley de Presupuestos.

“Me llama la atención que recién hace unos ocho o nueve meses nos endeudamos en 17 mil millones de dólares en la Ley de Presupuestos. ¿Y cómo es que ahora el ministro viene a pedir otros 6.200 millones para solventar el funcionamiento del Estado?”, cuestionó.

El parlamentario añadió que la petición resulta contradictoria con la tramitación de la megarreforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

“Lo que no me cuadra es que, paralelamente a venir a pedir esta autorización de endeudamiento, el gobierno está tramitando una megarreforma en virtud de la cual está rebajando los impuestos a los sectores más pudientes del país”, sostuvo.

En la misma línea, la diputada Beatriz Sánchez (Frente Amplio) criticó que el Ejecutivo no acompañara la solicitud con un plan detallado sobre el destino de los recursos.

“Uno hubiese esperado que el gobierno presentara un plan con detalle para conocer el uso de estos recursos, pero sabemos que en realidad es para compensar lo que el Estado va a dejar de percibir a propósito de la megarreforma tributaria”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo podría haber priorizado iniciativas para enfrentar el desempleo y cuestionó la coherencia de solicitar más deuda mientras impulsa una reducción de la recaudación fiscal.

“El problema no es que el gobierno se endeude. El problema es que al mismo tiempo solicita endeudarse por 6.000 millones de dólares y busca bajar la recaudación del Estado para beneficiar a los más ricos. No hay coherencia”, indicó, agregando que la administración “muestra cada día más improvisación”.

También desde la oposición, la senadora Daniella Cicardini (PS) aseguró que los nuevos recursos no estarán destinados a fortalecer áreas sociales prioritarias.

“Este endeudamiento de 6.200 millones de dólares no es para construir más viviendas, ni más hospitales, ni para tener más carabineros en las calles, sino para financiar una obsesión ideológica del ministro Quiroz”, afirmó.

La legisladora sostuvo además que existe una contradicción entre el déficit fiscal invocado por el Ejecutivo y la menor recaudación que, a su juicio, generará la denominada “ley de los superricos”.

“Si el problema es fiscal, la solución no puede ser endeudar a Chile”, señaló, advirtiendo que el ministro de Hacienda “va a llevar a Chile a la mayor deuda pública de la historia” y que las consecuencias terminarán afectando principalmente a las familias de clase media y más vulnerables.

Por su parte, el senador independiente Alejandro Kusanovic reconoció el deterioro del escenario fiscal, aunque respaldó la necesidad de dotar al Estado de herramientas financieras para enfrentar la situación.

“No es un misterio que el escenario fiscal actual esté profundamente deteriorado”, afirmó, advirtiendo que un mayor endeudamiento puede traducirse en mayores tasas de interés para hogares y empresas y dificultar la reactivación económica.

No obstante, enfatizó que la aprobación del proyecto debe ir acompañada de una estrategia para recuperar la estabilidad fiscal.

“Aprobar esto demanda una hoja de ruta clara para devolver la confianza, ordenar la casa y hacer reformas profundas. No podemos exigir ahorros ni transformaciones si no aseguramos primero la base financiera para sostenerlos”, concluyó.