La preocupación por la sustentabilidad de las pensiones, su monto y financiamiento, no es tema de debate solo en Chile. En Europa no hay marchas multitudinarias, pero sí es un tema entre políticos y expertos.  Tras la crisis de deuda de 2009, los países europeos se embarcaron en una ola de reformas previsionales, básicamente para reducir el peso fiscal de sus sistemas de pensiones. Según la OCDE, los países europeos destinan entre 11% y 16% de su PIB al pago de pensiones. A partir del próximo año, todos los miembros de la UE deberán transparentar no solo cuál es el costo fiscal actual, sino también a futuro por pagos previsionales. Se espera que esto deje en evidencia la debilidad del sistema.

El corazón de los sistemas europeos sigue siendo la pensión estatal, pagada bajo un sistema de reparto Pay as You Go (PAYG), en el que los trabajadores financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados. Sin embargo, en la última década, el aumento del peso en las carteras fiscales ha llevado a que se introduzcan cambios, impulsando segundos y terceros pilares de ahorro, con programas previsionales en cuentas individuales vinculados a los empleadores, y ahorro voluntario, que es incentivado con beneficios tributarios.

Pero la presión es creciente, más aún por las bajas tasas de interés mantenidas por el BCE, que afecta el rendimiento de los bonos, hasta ahora instrumento favorito de inversión. Los fondos de ahorro colectivos, vinculados a empresas, también presentan problemas, básicamente por su estructura de beneficios fijos (se promete un monto específico). En Reino Unido, el gobierno está evaluando reformas para reducir la presión sobre las empresas, cuyos fondos de pensiones alcanzaron un déficit de 965.000 millones de libras esterlinas en julio. En Alemania, los fondos de pensiones de las empresas del DAX deben hacer frente a un récord de 426.000 millones de euros en deudas, según Bloomberg. El regulador europeo estima que los fondos de pensiones de empresas, de los cuales dependen millones de personas en toda la región, tienen actualmente recursos solo para cubrir 76% de sus compromisos con los trabajadores.

La situación se agrava hacia 2030, cuando gran parte de los baby boomers se retire. La Comisión Europea prevé que la población en edad de jubilar (65 años o más) aumentará en 30 millones de personas a partir de 2030. Hasta 2060, la población en edad de jubilar habrá aumentado en casi 60% respecto a los niveles actuales. Para hacer la cifra más dramática, en el mismo período, la población en edad de trabajar (15-64 años) se habrá contraído casi 12%.  No sólo eso, los baby boomers también vivirán más. La OCDE estima que los trabajadores europeos vivirán entre 18 y 23 años de sus pensiones.

Son varios los países los que han adoptado recientemente o están discutiendo nuevas reformas. En una evaluación realizada a diversos sistemas de pensiones, UBS Asset Management destaca que las propuestas comparten dos factores comunes: elevar la edad de jubilación y el impulso de planes de ahorro privado, para reducir la dependencia de las pensiones estatales. A eso se suma un tercer factor, la igualdad de la edad de jubilación entre hombres y mujeres.

Finlandia, la reforma por estrenar

Es el caso más reciente en Europa. A partir de 2017 entrará en vigencia en Finlandia la mayor reforma que se haya hecho a su sistema previsional en décadas. Desde el próximo mes de enero, la edad mínima de jubilación subirá tres años hasta alcanzar los 65 años, desde los 62 actuales. A partir de 2027, sin embargo, la edad de jubilación se indexará a las expectativas de vida, por lo que podría superar los 70 años. Dinamarca, país con uno de los sistemas previsionales más sólidos según UBS Asset Management, implementó esta medida. Las proyecciones a 2050 muestran que lo daneses podrán jubilar recién a los 72 años para entonces.

Finlandia además igualará la edad de jubilación para hombres y mujeres, y premiará con un aumento de 0,4% en la pensión cada mes que las personas continúen trabajando después de los 65 años. El país nórdico tiene un sistema basado en una pensión Nacional, que garantiza un ingreso mínimo a personas con pensiones laborales bajas. El corazón del sistema es así la pensión laboral, ligada directamente a los ingresos salariales, y a la que trabajador y empleador aportan en conjunto un 24,4%. A partir de 2017, también se aumentará el porcentaje que aporta el empleado desde la ecuación, desde un 4,1% a 5,7%.

Bélgica, más restricciones

A partir de este año, los belgas deben trabajar por más tiempo para poder tener derecho a la pensión básica. La última reforma, aprobada en septiembre de 2015, elevó la edad mínima de jubilación de 61 a 62 años, continuará aumentando hasta los 63 años en 2019. Mientras, la edad legal de jubilación subirá de los 65 años actuales a 67 años hacia 2030. Más importante aún, y con el fin de garantizar la estabilidad del sistema, el gobierno de centroderecha de Karl Michel introdujo una serie de restricciones para poder acceder al retiro anticipado. Las restricciones comenzaron a regir también desde enero, y desde entonces el número de personas que se acogió al beneficio cayó casi 7%, a su menor nivel desde 1980. La medida no afecta solo a los empleados públicos, sino a todos, pues la reforma incluye igualar paulatinamente los requisitos y edad de jubilación de los trabajadores de distintas industrias. Además, a partir de este año, los trabajadores con programas de ahorro colectivos no podrán acceder a sus ahorros de manera anticipada, sino a la par con su pensión.

La reforma no ha estado exenta de polémica. Las protestas en Bélgica no han terminado. Apenas hace mes y medio varios sindicatos se tomaron las calles de Bruselas reclamando que las reformas implican un recorte en las pensiones.

Suiza, un peligroso referéndum

A diferencia de sus pares belgas, los trabajadores suizos tendrán un voto en la próxima reforma previsional. Los suizos irán a las urnas el próximo 25 de septiembre para votar a favor o en contra del alza de 10% de la pensión estatal (primer pilar). La medida es una iniciativa de los sindicatos y duramente criticada por el Gobierno. El ministro del Interior suizo, Alain Berset, ha advertido que un alza de esa magnitud pondría en peligro el sistema de bienestar del país. Proyecciones del gobierno afirman que para 2030, el sistema tendrá un déficit de 8.300 millones de francos suizos (unos US$8.500 millones) y con el alza de 10% el déficit superaría los 12.000 millones. Pero los sindicatos aseguran que mayor crecimiento económico permitirá mantener las pensiones, a pesar del cambio demográfico y la reducción de los trabajadores activos. Berset presentó la “Reforma 2020” en 2014. El proyecto de ley sigue en discusión y propone entre otros puntos: elevar la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años, indexar en el futuro la edad de jubilación a la expectativa de vida, obligar a los trabajadores a cotizar desde los 18 años y no desde los 25, y reducir la tasa de pago de la pensión entregada por el segundo pilar.  De ser aprobada la reforma, los cambios entrarían en efecto a partir de 2020.

Simplemente trabajar más

Hay otro grupo de países donde las reformas se concentran básicamente en un punto: extender la vida laboral. En Austria, el gobierno saliente presentó al Congreso una ley en marzo, que de aprobarse, se concentrará en promover el empleo en la tercera edad. La reforma propone que las mujeres que trabajen más allá de los 60 años, y los hombres después de los 65 años, deberán pagar solo 5,1% de ahorro previsional, en lugar de 10,25%. El aporte del empleador también se reduce en la misma magnitud (de 12,55% a 6,25%). Sin embargo, se esperaba más, una reforma más profunda, que eleve la edad de jubilación y ponga límite a las altas jubilaciones de los empleados públicos (por sobre los 3.300 euros). El proceso electoral, que recién concluirá en noviembre, impidió una reforma más ambiciosa.

En Alemania, las pensiones también entrarán al debate electoral, con miras de los comicios del próximo año. La última reforma establece que la edad oficial de jubilación suba de 65 (aunque en realidad puede ser 63) a 67 años a 2030, mientras las cotizaciones subirían de 19% a 22%. Pero el Bundesbank ha advertido que no es suficiente, y recomienda que al menos se suba la edad de jubilación a 69 años. El banco central alemán ha advertido que, de no modificar el sistema, las pensiones caerán en 2060 de 48% del ingreso medio neto actual a apenas 42%, a pesar de un aumento de la cotización a casi 24%. Es decir, que alguien con un ingreso neto de 2.000 euros y que hoy recibe una pensión por 960 euros (sin aporte de ahorro privado) recibiría 840 euros. La recomendación ha abierto el debate y el Instituto de Economía alemana (IW) ha propuesto que la edad de jubilación suba a 73 años en 2041.

En Suecia, la reforma es más modesta. Una comisión parlamentaria concluyó que es inevitable subir la edad de jubilación, tanto la mínima como la obligatoria. Los expertos y políticos concluyeron que la edad mínima de jubilación debería subir de 61 a 63 años; y que los trabajadores deberían poder continuar activos en el mercado laboral hasta los 69 años en lugar de 67. La ministra de Asuntos Sociales, Annika Strandhäll, ha propuesto que el alza sea resuelta antes de las próximas elecciones, convocadas para 2018, y así evitar que el tema se contamine de la campaña electoral.

La importancia del ahorro privado

Siguiendo la recomendación de la OCDE y de la Comisión Europea, los países de la UE han impulsado en las últimas décadas programas de ahorro individual. Algunos son de cobertura obligatoria (usualmente el segundo pilar), mientras otros son promovidos, a través de beneficios tributarios y son voluntarios (tercer o cuarto pilar). Uno de los últimos países en sumarse a esta tendencia es Gran Bretaña. La última reforma, que se inició este año, busca mantener el costo fiscal de las pensiones e incluso reducirlo a partir de 2040. Para ello, a partir de este año se simplificó el sistema de múltiples pensiones estatales en una sola, para la cual los trabajadores deberán aportar 35 años en lugar de 30. Otra gran sorpresa se anunció para abril de 2017. A partir de ese mes todos los trabajadores de entre 18 y 40 años podrán abrir una cuenta individual, cuyo capital se podrá invertir en activos financieros o mantener en efectivo. Los trabajadores podrán ahorrar hasta 4.000 libras esterlinas al año y recibir un bono de hasta 1.000 libras esterlinas de parte del gobierno. La única condición es que los fondos sean utilizados para adquirir una vivienda o no ser retirados antes de los 60 años.

Los críticos de la medida creen que existe el peligro de que los más jóvenes opten por este sistema, reduciendo lo que destinan a ahorrar directamente para sus pensiones.

Otra crítica fue a la reforma que permite, desde el año pasado, a los mayores de 55 años, hacer múltiples retiros del fondo ahorrado, con exenciones tributarias. Una encuesta de la fundación Citizens Advice reveló este mes que la mitad de quienes ya han retirado sus fondos, no saben cómo harán frente a los costos de salud y otros gastos tras su retiro. “La gente subestima su longevidad, en unos seis u ocho años, y en consecuencia no ahorra lo suficiente”, concluye una investigación del Instituto Max Planck para Políticas Sociales, con sede en Munich. El peligro no está ahora, advierten, sino en 20 años, cuando las pensiones estatales deberán ser recortadas en Alemania y otros países debido a su alto costo fiscal.