El 38% del FUT, Fondo de Utilidades Tributables, está hoy en manos de sociedades de inversión e inmobiliarias. Este alto porcentaje concentrado en empresas respecto de las cuales la autoridad duda sobre su carácter de “productivas”, es la razón por la que el gobierno está considerando restringir el uso de dicha figura jurídica para reinvertir utilidades en el nuevo sistema tributario que considera el acuerdo alcanzado recientemente. A su juicio, se trata de una figura que se ha utilizado para eludir el pago de impuestos.

El Ministerio de Hacienda prepara las indicaciones para materializar el protocolo de la reforma tributaria con el enfoque de cerrar ventanitas que considera focos de elusión, o diferimiento indefinido del pago de impuestos. El acuerdo implica crear un nuevo sistema integrado parcial, donde el contribuyente empresa pueda diferenciar entre utilidades reinvertidas y retiradas, pagando un 27% de gravamen por las primeras.

Aunque se ha señalado que este nuevo mecanismo tiene “olor” a FUT, que también permite la diferenciación de utilidades, en el gobierno se apresuran a explicar que no es lo mismo. Incluso en la minuta que Hacienda entregó a los parlamentarios de la Nueva Mayoría precisaron las cortapisas que tendrá el sistema integrado parcial para no convertirse en un FUT.

“El nuevo sistema tributario terminará con los mecanismos de “retiros para reinversión” que tengan como única finalidad evitar o diferir el pago del impuesto Global Complementario y Adicional. Tampoco estará permitido invertir en Sociedades de Inversión que tengan como única finalidad diferir el pago de impuestos”, indica textualmente el documento.

Su principal antecedente es que el FUT, según datos del Servicio de Impuestos Internos, prácticamente ha triplicado su monto en siete años. Y del total del FUT, de US$ 251 mil millones, hay US$ 95 mil millones que pertenecen a sociedades de inversión.

“Un 38% de utilidades que se han retenido, están acumuladas en empresas cuyo giro es sociedades de inversión, donde existe una concentración de instrumentos financieros; permite demostrar que las utilidades no se reinvirtieron en activos productivos como era el espíritu de la norma.  Se presume que en ese 38% existen mayores niveles de elusión”, precisan fuentes del SII.

Por ello, en Hacienda están enfocados en que el nuevo registro de “utilidades reinvertidas” contemple un límite de tiempo, después del cual se cobrará el impuesto correspondiente como si se hubiese retirado.

Respecto de las sociedades de inversión, fuentes ligadas al proceso, admiten que están evaluando cuánto y bajo qué condiciones se podrán utilizar como vehículo. Algunos parlamentarios optan porque se impida dejar parte de las utilidades en esta figura, y que sólo se permita la finalidad que definen como productiva. Otras voces, provenientes de la Alianza, explican que estos dineros se invierten en el mercado de capitales en otros proyectos productivos aunque no sean de la empresa, y que ello al final del día es ahorro.

Fundamentos.

Expertos explican que las sociedades de inversión han sido utilizadas como un vehículo de ahorro por los controladores de empresas generalmente para destinar  parte de lo que habían registrado como FUT. Y esto se podía invertir en bienes muebles, inmuebles, cualquier activo, en mercado de capitales, en valores inmobiliarios, en derechos sociales, en papeles, tanto dentro como fuera de Chile. Se podían utilizar en proyectos inmobiliarios, en compras de loteo, en condominios, en comprar y vender edificios, etc.

“Este tipo de inversiones per sé no es elusión y era absolutamente legítimo y frecuente que personas con ingresos altos conformaran una sociedad así porque en vez de tributar 40, pagaban 20 mientras no se retirara el dinero”, señalan fuente tributarias.

Claro que hubo algunos que eludieron el pago de impuestos llevando las utilidades a otras sociedades y por tanto nunca generaban ganancias; o compraban bienes y los hacían pasar por gasto. No obstante, aseguran que el SII tiene las herramientas para fiscalizar este tipo de irregularidades como compras de autos, casas, cuentas dudosas o contratos de familiares que no cumplen con las condiciones idóneas para asumir ciertos cargos. No obstante, en el gobierno y varios parlamentarios oficialistas son partidarios de cerrar sí o sí estas alternativas.