¿Cómo evalúa el rol que han tenido las FFAA y Carabineros durante en la pandemia? ¿Cree que debe haber algún cambio constitucional respecto al rol de ambas en la Carta Fundamental, o que debieran mantener atribuciones y límites que existen en la actualidad si gana la opción ‘apruebo’?

Esas son las preguntas que enviamos a cuatro expertos y expertas en materias de seguridad y orden público. Eduardo Vergara, Alejandra Lunecke, Lucía Dammert y Guillermo Holzmann entregan su visión y evaluación.

Para Dammert, socióloga y experta en seguridad, opina que “la oportunidad de una Convención Constituyente es clave para revisar los conceptos centrales de seguridad nacional, seguridad pública y orden público, así como el rol de las policías como encargadas de proteger a las personas y sus bienes, poniendo en duda la idea de la necesidad de una policía militarizada”.

Explica que “en este proceso se debe avanzar en mecanismos de fortalecimiento de una concepción democrática de la seguridad donde las policías tienen espacios claros de acción y están bajo el gobierno civil”.

Señala que la pandemia “a nivel global ha abierto el debate sobre la redefinición de los Estados de Excepción Constitucional, los que tradicionalmente pensados en situaciones de guerra entregaban un rol central a las fuerzas de seguridad. Chile no es una excepción”. Por esto Dammert, directora de Espacio Público, cree que “en una situación como la que enfrentamos se puede pensar en mecanismos de participación y apoyo militar y policial sin que eso limite el rol de los actores públicos como Intendentes o Gobernadores”.

Dice que, “especialmente respecto al rol de Carabineros y sus atribuciones considero de especial relevancia la revisión de su Ley Orgánica que dentro de muchos espacios abiertos refiere a los ‘servicios policiales’ como concepto indefinido que permite múltiples espacios de autonomía institucional”.

El analista político señala primero que todo que el actual escenario de Chile “está definido por la superposición de dos ‘normalidades’”: la del 18 de octubre y la pandemia. “En ambas el Gobierno ha usado sus recursos bajo la lógica de sus objetivos políticos, su responsabilidad estatal y el manejo de la gobernabilidad más que de la gobernanza. Esto es, privilegiando un modelo de administración de crisis antes que un modelo de gestión, por lo cual utiliza la autoridad para imponer sus visiones (incluido el diagnóstico) y decisiones”. Con estas dos “normalidades”, “ha quedado en evidencia la debilidad y/o insuficiencia institucional del Estado de Chile en diferentes ámbitos, desde la transparencia hasta lo sanitario, varios de los cuales no pueden ser llenados o respondidos solo por policías y militares desplegados en las calles”.

Por esto, Holzmann señala que en este contexto, el uso de las capacidades policiales y militares han servido a dichos objetivos. En el caso de la policía existe en la actualidad la convicción “de una necesaria y profunda reforma, teniendo a Carabineros como actor principal, asociado a temas de derechos humanos, organización, despliegue, recursos y control civil sobre el accionar institucional, entre varios otros aspectos, cuyo origen es previo a octubre del año pasado, pero se incrementan exponencialmente desde ese mes a la fecha”. En tanto que el comportamiento de las FFAA “ha sido adecuado y prudente en su despliegue y ejercicio de sus facultades extraordinarias, sometiéndose integralmente al Estado de derecho vigente. Las FFAA han actuado como actores institucionales y no como políticos, lo cual significa un rol netamente estatal”.

El académico de la Universidad de Valparaíso agrega que el coronavirus ha instalado “una serie de elementos nuevos respecto a las características del Estado, sus responsabilidades y las funciones que le corresponden a distintos organismos en la estructura burocrática. Es necesario avanzar hacia una arquitectura estatal que sea eficiente, cercana a la gente, con capacidad de garantizar efectivamente los derechos humanos y las oportunidades de desarrollo. La pandemia termina reafirmando que la desigualdad exige respuestas estructurales con visión de futuro y no con seudos imperativos del pasado”.

Por eso opina que si se avanza a una nueva Constitución habrá que replantearse varios temas “y ampliar la mirada respecto al tipo de Estado que queremos tener y el sistema político a desarrollar a futuro, cautelando los valores republicanos y fortaleciendo los procesos democráticos de toma de decisiones, los mecanismos de control. En este punto, no puede suceder, en tiempos de catástrofe, un paralelismo decisional entre autoridades comunales y el Ejecutivo, por ejemplo”. Como tampoco que las FF.AA. se transformen en árbitros de situaciones “propias de la conducción política”.

Respecto a las FFAA indica que “es fundamental establecer la plataforma básica de sostenimiento, desarrollo y proyección incorporando al profesionalismo militar una mayor asociatividad dual, tanto al interior del Estado como con el sector privado, y establecer su rol como parte de la base industrial del país. En lo organizacional, establecer en el rango constitucional la figura del Estado Mayor Conjunto con sus respectivas características para aportar en un Estado integrado. Vincular el rol de las FFAA a la soberanía efectiva que el Estado debe desplegar en el todo el territorio y sus dimensiones, más que a las amenazas externas, por ejemplo”.

Finaliza señalando que “en el caso policial es necesario una redefinición respecto a los riesgos y conceptualización de la seguridad pública en términos de establecer que el rol policial es generar condiciones de seguridad expresadas a través de la prevención en el caso de Carabineros y de la Investigación en el caso de la Policía de Investigaciones. ¿Se necesita otra policía o se puede replantear los roles actuales? Es parte del debate, donde los parámetros de evaluación de la organización policial se basan en el respeto a los derechos humanos, una institucionalidad sólida y con capacidad de adaptación, distinción clara entre responsabilidades policiales y militares sin dejar de lado que son recursos que el Estado posee para asegurar condiciones de calidad y dignidad de vida a toda la población. Obviamente, es necesario generar estrategias para neutralizar y eliminar la corrupción lo cual exige mayores niveles de transparencia como también estrategias adecuadas para la lucha contra el crimen organizado. Estamos frente a una oportunidad. Es responsabilidad de todos no desperdiciarla”.

El Director Ejecutivo de Fundación Chile 21 estima que es irresponsable evaluar el rol de Carabineros y las FFAA durante la pandemia, sin al mismo tiempo considerar el factor político “si bien se ha instalado que se mandan solos o actúan con total autonomía, tras ello hay decisiones políticas”. Continúa, explicando que de la misma forma en que el gobierno ordenó la instalación de las FFAA durante el estallido social, su actuar bajo la pandemia también responde a un marco político.

“Los grados de autonomía con los que estas instituciones cuentan son producto de las concesiones y el poder que se les ha otorgado bajo una Constitución que les protege y cubre de manera desproporcionada. En paralelo, gran parte de las situaciones de violencia a las que se ven enfrentados, son resultado del fracaso de políticas sociales y económicas, junto con mensajes irresponsables por parte de la autoridad”.

Argumenta que los mecanismos de control civil no son los adecuados y son la herencia de un marco constitucional que ha equiparado, en ciertos aspectos, a las FFAA y Carabineros, lo que se ha traducido en “poder y blindaje”. Para Vergara, durante décadas diversos gobiernos han delegado la labor de seguridad interior, en lo normativo y operativo, como “un fierro caliente a estas instituciones y usándoles como fronteras de control social para barrer la inseguridad desde algunos territorios profundizando la desigualdad”.

Todo esto, según Vergara, sería parte de un “diseño y doctrina de seguridad que privilegia mantener el orden sobre la seguridad de las personas y se sustenta en cifras y territorialidad centrada en un grupo de delitos”. El cientista político explica que estas instituciones son deliberantes (aunque la Constitución lo prohíbe expresamente) porque pueden hacerlo y debido a que nadie los quiere gobernar.

Señala que, a pesar de que la pandemia se transformó para Carabineros y las FFAA en un “tanque de oxígeno para volver a vivir tras el estallido social”, su rol se apega a instrucciones políticas y sus atribuciones. “No olvidemos que Carabineros, hasta la llegada del primer caso del virus estaba fuertemente cuestionado por casos de brutal abuso policial. Pero a pesar de todas sus crisis, un mes más tarde volvía a repuntar en aprobación”.

Para él, la tregua que experimenta Carabineros es peligrosa porque “en la práctica la institución no ha cambiado en nada”. Señala que la reforma a Carabineros sigue atascada y con cada situación de “violencia y caos, como en El Bosque, La Legua y otros territorios”, la institución vuelve a su lógica de poner el orden público por sobre la integridad de las personas y la resolución de conflictos.

Estima que a medida estas situaciones vayan aumentando “volveremos a ver una policía incapaz de prevenir y controlar en el marco del respeto de los DDHH y en consecuencia un nuevo aumento de la violencia”.

Sin embargo, a su consideración, el debate constitucional abre una oportunidad para abordar el rol de estas instituciones. “Estas están protegidas por un manto constitucional que hace que los cambios sean prácticamente imposibles y una coraza de protección política que impide siquiera llegar a ese manto”. Esto, para Vergara, se traduce en autonomías que van “desde su presupuesto, la libertad de uso de recursos, las garantías de secreto, el diseño de su despliegue, pasando por sus mecanismos de evaluación interna hasta la justicia misma”.

De esta manera, el cientista político estima que el punto de partida del debate constitucional “debe ser la redefinición de la seguridad, el cuestionamiento al perfil militar de Carabineros y el rol que en nuestro país deben tener las FFAA”.

Para la académica de la Universidad Alberto Hurtado, se ha visto, en las últimas encuestas, un aumento de la “positiva evaluación ciudadana al rol que han tenido las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en la crisis sanitaria”. Para ella, esta valoración ha sido producto del rol que estas instituciones han tenido en el control sanitario y por sus labores de ayuda y asistencia en diversos territorios.

“Esto podría hacernos pensar, que va quedando atrás todo el debate público que produjo el rol que éstas jugaron en el 18/10 chileno y su participación en el uso excesivo de fuerza y violación a los derechos humanos”.

Estima, por otro lado, que la ambivalencia es parte de este rol que cumplen como institución. “Por un lado, tenemos una policía que reprime y castiga, al mismo tiempo que debe asistir, colaborar y ayudar a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas están llamadas a actuar en tiempos de guerra, pero deben asistir a zonas aisladas y o actuar en situaciones de catástrofes en tiempos de paz”.

La investigadora adjunta de IDEA argumenta que estos roles son mandatados y definidos por la Constitución y que representan “las dos almas de cada institución militar y policial”. Además, a su consideración, es este rol asistencial y de ayuda social el que mejor desarrollan las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas del Orden y Seguridad. Este sería el fundamento de la confianza ciudadana respecto de ellas.

“Por tanto, no nos confundamos. El desafío que hoy enfrentamos respecto a nuestras instituciones militares y policiales requiere una evaluación integral de su rol y actuación y, por tanto, una reforma que se oriente a regular y controlar el uso que ellas hacen de la fuerza cuando buscan ejercer autoridad. Es este rol el que se aleja del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos y que debe ser profundamente revisado en un nuevo pacto constitucional”, cierra Lunecke.