-Somos carabineros, estamos haciendo un procedimiento. Necesitamos entrar con urgencia.

La frase fue ésa. Y la escuchó a través del citófono la empleada de la casa. Era casi la medianoche del 30 de marzo y para entonces las amenazas contra el RN Cristián Barra (47) -uno de los asesores más conocidos del Ministerio del Interior- eran tales, que ya no era llegar y  abrir la reja. Por eso, y porque los niños estaban en la casa, la mujer prefirió salir a mirar. Estaba oscuro, pero alcanzó a distinguirlos. Unos 20 tipos con aspecto de barristas esperaban en silencio para ingresar al pasaje. Asustada, tomó el teléfono y llamó a su jefe. Cristián Barra inmediatamente se comunicó con la policía.

La historia la cuenta desde su oficina en La Moneda, a la cual no es posible acceder sin pasar por la vigilancia de un mudo agente que, por seguridad, lo sigue a todos lados. El despacho del jefe del programa Estadio Seguro, que en las últimas semanas ha llevado al límite la polémica cruzada del gobierno por hacer desaparecer las barras bravas del país, consta de poco más que un escritorio, pero por todas partes se ven recuerdos de las operaciones en que le ha tocado intervenir. Recortes de diarios junto a los 33 mineros en la mina San José. Una bandera de Magallanes. Una distinción de la UK Football Policing Unit, símbolo de su tarea actual.

“Sabía que al meterme en esto iba a asumir costos personales y que iba a ser duro, pero jamás pensé que a este nivel”, dice mostrando un papel impreso. “No creí que iba a encontrarme con personas dispuestas a amenazar a mis propios hijos o a mi señora”. El papel contiene una de las 50 amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses, entre cientos de mails con insultos, y que él mismo ha investigado y entregado a la justicia. Dice que tiene identificados a los autores y a qué barras pertenecen. Y que lejos están de hacerlo dar pie atrás.

El programa Estadio Seguro comenzó en abril de 2011, impulsado por el Ministerio del Interior, pero fue recién con la llegada de Barra, en octubre, que se empezaron a tomar medidas drásticas. Su predecesor en el cargo, Matías Eguiguren, de perfil técnico y ex Celfin, había elaborado un pretencioso plan centrado en mejorar la infraestructura de los estadios, que fue rechazado por su elevado costo de US$50 millones. La llegada de Barra, un asesor sin título universitario pero de gran experiencia política, significó el comienzo del ataque frontal contra las barras bravas. En pocos meses, fueron prohibidos el ingreso de fuegos artificiales, bombos, lienzos y papel picado al estadio; se intentó instaurar la prohibición de permanecer de pie durante un partido; y el jueves pasado se modificó el código penal de la ANFP con durísimas sanciones para los clubes que tengan  nexos con las barras.  “Antes a los barreros les entregaban ayuda económica: entradas para vender, recursos para transporte. Se quedaban en el hotel y viajaban con los dirigentes”, afirma.

En La Moneda lo describen como un tipo duro, capaz de soportar presiones con inteligencia, y como un gran negociador. Muchos en la oposición, en cambio, lo definen como un simple operador político que se encarga de hacer el trabajo sucio del gobierno.

En este momento se están discutiendo con suma urgencia en el Senado dos proyectos de ley, que de ser ratificados allanarán el camino para acabar con las barras bravas. Establecen fuertes penas para quienes ejerzan la violencia en los estadios y mejoran la infraestructura de seguridad, con un plazo de dos años para adoptar control de identidad mediante huella digital o carné. La meta final de Barra es llegar a un sistema de público totalmente abonado, y a la ausencia absoluta de policías en los estadios. La mayor parte de las iniciativas surgieron de un viaje a Europa que realizó al asumir el cargo, visitando estadios en España e Inglaterra. También lo han aconsejado Marcelo Salas e Iván Zamorano, ambos amigos suyos.

“Aquí llegó el momento. Vamos a implementar y decidir, aunque a los barristas no les guste”, dice Cristián Barra. “Es un tema de largo aliento, pero también un camino sin retorno. Después no va a poder venir una autoridad a revertir las decisiones que estamos tomando”.

Decisiones que han despertado el repudio de las barras bravas, y en buena parte de los hinchas corrientes, quienes lo acusan de estar destruyendo la “fiesta” del fútbol. La fuerte polémica por la prohibición que cayó sobre la histórica “bandita de Magallanes”, la semana pasada, terminó de poner los focos sobre su gestión. Hasta el año pasado, solía ir domingo por medio a ver a la Universidad Católica junto a sus hijos. Hoy ya no puede. Tampoco los va a dejar al colegio, ni revela en qué comuna queda la casa a la cual se acaba de cambiar.

Ahora asiste al estadio solo, o junto a la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, a ver los partidos en las casetas de seguridad, desde donde coordina a Carabineros. Sabe que tiene en sus manos la papa más caliente. Pero también que de eso se trata, justamente, su trabajo.