El 7 de abril, el 11º Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la imputada por colocación de artefacto incendiario, en el edificio Tánica, en Vitacura, en 2020. La entidad penitenciaria le habilitó un espacio físico en la cárcel de mujeres de San Miguel para poder realizar sus estudios de derecho en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La jefa del penal advirtió: “Las personas vinculadas a las redes anarquistas se organizan, principalmente, por Internet”.
Desde el gremio enviaron un oficio al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, en el que manifestaron su preocupación por las intervenciones reprogramadas por falta de stock de antisépticos y los posibles pacientes infectados con la bacteria que causó el brote. El retiro de los insumos afectó a la red pública y privada de salud; sin embargo, las clínicas aseguran que no tuvieron que suspender su atención.
¿Es bueno para Chile que Boric se haya convertido en el delfín de Piñera? En algunos casos, por supuesto que sí. La protección de los ciudadanos del sur de Chile, el cuidado de la economía y evitar el cierre total del país es una buena decisión. El problema es que la tozudez ideológica del gobierno convierte estas definiciones, que son propuestas de sentido común, en complejos procesos de deliberación que se prolongan eternamente y que generan enormes consecuencias.
Daniela Dresdner -militante RD- es socióloga y ha investigado y teorizado respecto a las vías con que se puede destrabar el conflicto mapuche, donde siempre manifestó que desplegar a las FF.AA. en la zona es un error. La escalada de violencia la hizo cambiar de opinión, aunque con matices, los que expone en esta entrevista.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, luego de casi dos años de investigación, busca fijar las primeras penas contra los controladores de la empresa y funcionarios municipales de cuatro comunas. Entre los acusados está además un empleado del Ministerio de Energía que está formalizado por sobornos. El Ministerio Público pretende probar este caso de corrupción en 11 municipios, exponiendo testimonios de 216 testigos y 2.109 pruebas.
En la Ley de Seguridad del Estado se exige que sea el Ministerio del Interior el que, a través de una denuncia o querella, permita abrir una causa penal para que el Ministerio Público pueda perseguir la conducta que habría desplegado el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) la semana pasada. Hoy el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, descartó que el Ejecutivo emprenda acciones en contra del comunero, dejando sin efecto la posibilidad de buscar una condena contra "los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido ". Ex abogados de La Moneda acusan: "el gobierno está tomando palco".
En al menos cuatro casas de estudios ya han existido manifestaciones que han obligado a suspender las clases de una parte del estudiantado. El fenómeno va en crecimiento y no tiene un fin claro.
A pesar de que el gobierno optó por decretar un estado de emergencia para la Macrozona Sur, al cabo de 30 días esa medida tendría que ser visada por el Congreso, donde la principal incógnita es el reparo de las fuerzas de izquierda. Sin embargo, un grupo transversal de parlamentarios pretende seguir tramitando un nuevo mecanismo para que el Mandatario pueda usar a militares en tareas de orden y seguridad interna. Ministro Jackson, en tanto, informó que no insistirá en esa iniciativa y que por prudencia prefería esperar que concluyera el proceso constitucional. Ese comentario molestó a los parlamentarios.
La firma de big data Unholster, mediante su proyecto Scanner Constituyente, analizó 3.840 votaciones hechas en los últimos tres meses. El ejercicio deja a Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y los convencionales de pueblos originarios como los grupos más a la izquierda, mientras hacia la derecha se ubica Vamos por Chile, el Colectivo del Apruebo y el Colectivo Socialista.
El general (R) Marcelo Núñez fue uno de los primeros altos oficiales que se presentó en la zona de conflicto bajo estado de excepción. Aunque el argumento para su desplazamiento fue la pandemia, igualmente cumplió labores de apoyo a las policías para el control de la violencia rural. Valora la iniciativa del gobierno de apoyarse en las FF.AA., aunque advierte que "si van a estar solamente en la Ruta 5 Sur, los hechos van a seguir pasando. Hay que ver las rutas adyacentes, porque hay muchas de alto riesgo".
El sargento se declaró culpable de haber disparado a un civil desarmado de 62 años durante la primera semana de la guerra.
El antecesor de la ministra Izkia Siches criticó la medida ingresada por el gobierno, pues señala que "el terrorismo no es acotado, la quema de casas no son acotadas, los delincuentes no actúan de manera acotada. Este estado reducido a las rutas, me parece insuficiente". Sostiene, además, que no están claras las facultades que tendrán las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Los antecedentes se presentaron ante la Conferencia Episcopal en octubre de 2020. Los hechos ocurrieron en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y en una jornada de trabajo del Arzobispado de Santiago el año 2019. El denunciante nunca supo lo que pasó con esto, ni tampoco si la Iglesia abrió una investigación en contra del prelado. Lo único claro, hasta el momento, es que el relato se derivó a la Nunciatura y luego a la Congregación para los Obispos en el Vaticano.
Tras semanas de intensas e infructuosas tratativas con sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, el Presidente se vio obligado a recurrir a una herramienta que nunca quiso aplicar. Antes de firmar el decreto que ingresó esta mañana a la Contraloría, el Mandatario consultó a sus asesores más cercanos, al comité político y a senadores de la Macrozona Sur como Jaime Quintana y Francisco Huenchumilla. Los costos políticos que conlleve la determinación aún están por verse, según afirman en Palacio, sin embargo, en el oficialismo ya resienten las deslealtades que -acusan- dejaron las negociaciones.
Aún queda un recurso para anular el juicio en que el Tribunal Oral de Viña del Mar sentenció al cineasta a cumplir una pena de 5 años y un día de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual. En 647 páginas, los magistrados explican cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía Oriente, y querellantes, que los convencieron de la culpabilidad del director de "Qué pena tu vida", dándole especial credibilidad a los testimonios de las víctimas, al perfil del acusado y desestimando una colaboración con la indagatoria: "Eliminó prueba incriminatoria en su contra".
