Exjefe de la Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía: “Los grupos radicales que actúan en la zona tienen instrucción militar”

El general (R) Marcelo Núñez fue uno de los primeros altos oficiales que se presentó en la zona de conflicto bajo estado de excepción. Aunque el argumento para su desplazamiento fue la pandemia, igualmente cumplió labores de apoyo a las policías para el control de la violencia rural. Valora la iniciativa del gobierno de apoyarse en las FF.AA., aunque advierte que "si van a estar solamente en la Ruta 5 Sur, los hechos van a seguir pasando. Hay que ver las rutas adyacentes, porque hay muchas de alto riesgo".




En marzo de este año se concretó el retiro del general de brigada, Marcelo Núñez. El alto oficial fue uno de los primeros en aproximarse al cargo en la denominada “zona roja” del conflicto mapuche, cuando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia a nivel nacional, por la pandemia del Covid-19.

Por entonces, si bien el Ejército se trasladó a la zona para apoyar las labores en el combate contra la pandemia, la ocasión fue usada para experimentar el trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para apoyar el trabajo de las policías ante la creciente escalada de violencia rural, entre La Araucanía y el Biobío. Lo primero, en esa época, fueron los “patrullajes mixtos”, donde los militares controlaban ciertos lugares, en compañía de Carabineros y la PDI.

El general (R) Nuñez estuvo entre febrero y julio del año pasado en La Araucanía, luego de ser por dos años agregado de Defensa en Rusia. “Allá la Inteligencia es otra cosa”, advierte de entrada, para luego conversar con La Tercera PM cómo las FF.AA. se desplazan en la Macrozona Sur y cuáles son las virtudes y debilidades del reciente decreto de estado de excepción, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric.

“En el Ejército tenemos la doctrina de que entre más compleja es una zona para ir a desempeñarse, mejor, y en La Araucanía hay un problema complejo”, señala.

¿Como los cortes de ruta?

Pero es que eso era todos los días. Mire: robos de camionetas, cortes de ruta y quemas eran todos los días, pero cuando estuve allá hubo dos eventos de magnitud. Uno, en Pichi Pellahuen, en la zona de la cordillera de Nahuelbuta, prácticamente en el límite de Capitán Pastene y el paso hacia la provincia de Arauco, quemaron más de 20 camiones y máquinas, lo que fue en distintos puntos simultáneamente, y la quema de la casa patronal en el fundo Miraflores. Las zonas más complejas, donde se repetían constantemente atentados era Carahue, Lautaro, Victoria y Ercilla.

¿Y dónde veía que se acentuaba la complejidad para abordar este tema?

Yo como jefe de la Defensa apoyaba la acción de Carabineros, por ejemplo, después de la quema de la casa patronal en Miraflores fue para allá una comisión de Carabineros y se instruyeron patrullajes mixtos. En este tipo de controles fueron detenidas algunas personas que tenían requerimientos judiciales y, al mismo tiempo, se lograba mantener segura la zona, pero allá hay un problema que no se ha podido abordar: la represalia.

¿Qué significa eso?

Cuando hay una acción por parte del Estado en tomar detenida a una persona que, de acuerdo a la óptica de las comunidades más radicales, tiene algún grado de importancia, se produce una represalia por parte de estos grupos. Por ejemplo, atacaron una bomba de bencina en Victoria, lo que de haberse propagado habría complicado el centro urbano de la localidad. Hay que tener mucho cuidado con las represalias, porque cualquier líder radical que sea detenido, se viene algo de inmediato. O por ejemplo, ayer ya hubo un atentado en respuesta al estado de excepción.

Si eso está tan claro, ¿por qué las autoridades policiales y gubernamentales no pueden desactivar estos grupos y sacarlos de circulación?

Están identificados, se sabe dónde están, quiénes son, pero no hay forma de prever la amenaza, ni cuándo van a atacar. La Inteligencia que hay no es suficiente. Lo que pasa es que hay un conflicto entre la Inteligencia y el Poder Judicial, porque este último no toma como insumo lo que entrega la Inteligencia. No hay ningún canal de conversación entre ambas institucionalidades, porque si trabajaran con cierto grado de concordancia, podría ser mucho más eficiente. Son los jueces y los fiscales quienes finalmente ordenan las pesquisas a Carabineros, porque la policía uniformada solo actúa en flagrancia, y las situaciones de flagrancia son muy pocas, como barricadas, por ejemplo, donde entre que llega la policía al lugar, los tipos ya se escaparon.

¿Qué apoyo ha entregado el Ejército a Carabineros?

Logístico y tecnológico. Ahora, obviamente cuando había que accionar contra algunas situaciones, los que actuaban eran los carabineros. Nosotros solo podemos repeler en legítima defensa, por lo tanto, si a nosotros nos atacan, podemos usar nuestro armamento. El tema es que cuando están las FF.AA. en la zona roja, los hechos violentos bajan porque hay una inhibición de estos grupos y, como ocurrió en el estado de excepción pasado, estos hechos se trasladan a zonas adyacentes, como en Los Ríos, donde subieron estos delitos. Se van trasladando. Mire, para atacar este problema se requiere una solución integral; los militares no van a solucionar la situación en La Araucanía, solo van a cooperar. Por ejemplo, la política de compra de tierras es muy buena para abrir el dialogo y aislar a las organizaciones violentas, lo que facilitará una persecución judicial más efectiva.

El decreto ingresado por el gobierno ayer, dice que las FF.AA. pueden actuar solo en las carreteras, ¿Qué le parece esa medida?

Es que no dice que “solo pueden actuar en carreteras”. Habla de rutas, no es claro en entregar una exclusividad determinada.

¿Es más amplio que el anterior, entonces?

Es que obviamente si dentro de los considerandos se pone énfasis en que son las rutas, primero hay que definirlas, porque si van a estar solamente en la Ruta 5 Sur, los hechos van a seguir pasando. Hay que ver las rutas adyacentes, porque hay muchas de alto riesgo y que están claramente determinadas, tanto en La Araucanía y Arauco. Generalmente, todos los hechos violentos que ocurren en los fundos o en las forestales, no son en rutas, entonces queda muy abierto.

¿Y ahí se necesitan las FF.AA.?

Es que la presencia militar diluye estas acciones, pero ¿qué podríamos hacer en concreto? Resguardar el anillo exterior mientras actúa Carabineros, pero eso también se analiza en el minuto. El papel aguanta mucho, porque las situaciones en terreno son muy distintas a lo que se piensa desde acá, pero siempre tiene que ser la policía quien ejerza la acción, no las FF.AA., salvo que sean atacadas.

¿Cuántas rutas tienen allá?

Allá hay más de mil rutas, especialmente las internas. Yo patrullaba en helicóptero y había mucho camino interior que era prácticamente incontrolable, porque había mucha vegetación, lo que era muy apropiado para realizar las acciones que hacen estos grupos violentos.

“Hemos dado prueba de que respetamos los derechos humanos”

Cuando estuvo en La Araucanía, el general (R) Núñez tuvo un breve un impasse público con el delegado presidencial de la Macrozona Sur, de esa época, Cristián Barra, quien señaló que le llamaba la atención la reticencia de las FF.AA. a involucrarse en el conflicto. Lo atribuyó a una constante necesidad de asesorarse con abogado.

“Nosotros íbamos con abogado a todas las reuniones que tenían una implicancia legal. Es importante esto, porque no nos podemos involucrar en órdenes judiciales, porque es inconstitucional, podemos llegar hasta cierto límite. No había un tema de voluntad, sino que legal, y obviamente eso causa situaciones incómodas, pero lamentablemente yo no podía pasarlas por alto. Yo tenía gente bajo mi mando y tengo una responsabilidad con ellos que no podía soslayar”, advierte.

¿Cuál es la sensación interna de los funcionarios del Ejército cuando se les requiere para un estado de excepción de este tipo?

Lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo de personal importante, porque dejamos de hacer otras cosas para mandar más gente a La Araucanía. Esto es algo que va en beneficio de la región y el país, por lo tanto, lo tomamos de manera muy profesional. Ahora, las aprehensiones legales son propias de la situación, pero hemos dado prueba de que respetamos fehacientemente los derechos humanos.

La ministra del Interior, Izkia Siches, señaló ayer que no querían ser “el gobierno en que un militar mate a un comunero” ¿No es una declaración que los comprometa, cree usted?

Es que es obvio que no es deseable que sea así, pero lo importante es que se respete el estado de derecho y al hacerlo valer, se pueden desarrollar ese tipo de situaciones. Será el contexto en que se dé una situación de ese tipo lo que avale si se actuó bien o mal, porque si ocurre que hay disparos a los funcionarios militares, y se repelen conforme a los Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), bueno, eso se ajusta plenamente al decreto que funda el estado de excepción. Como le decía, entre octubre del año pasado y marzo de éste, no hubo ninguna situación de derechos humanos que lamentar, y además se bajaron los índices de violencia, entonces, la misión se cumplió.

Al ver cómo actuaban los grupos violentos, ¿Qué sensación les dejaba, en términos de información: manejaban técnicas paramilitares?

Definitivamente. Los grupos radicales que actúan en la zona tienen instrucción militar, usaban equipos de seguridad que protegían la acción principal que se estaba realizando, lo que involucra una planificación importante. Ahora último: cuando quemaron más de 30 camiones, ahí la acción fue rápida, de no más de 10 minutos, y en distintos puntos. Yo le aseguro que la acción que estaba haciendo el grupo principal, estaba siendo protegida por equipos de seguridad desde otros sectores. Aquí hay una planificación y una instrucción militar.

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