La semana pasada se aprobó el nuevo Código de ética del Poder Judicial, cuyo borrador fue entregado el mes de septiembre a los gremios involucrados. En esa ocasión la ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales señaló que “la ética es una invitación a cambiar de conductas desde nuestro interior, no desde la sanción exterior” y que será “la convicción de ser el mejor juez o jueza lo que nos traerá legitimidad y confianza en la ciudadanía”. Palabras que resumen el objetivo de este instrumento próximo a publicarse y que, según informó la vocera del máximo tribunal, entrará en vigencia en junio de 2026, poco más de dos años después de que se diera inicio al proceso para su elaboración.

Es sin lugar a dudas un paso importante para este poder del Estado dotarse de este Código -del que no había precedente en el país- y cuyo objetivo es prevenir conductas reñidas con la probidad, velar por la independencia necesaria en la administración de Justicia y evitar conflictos de interés, como asimismo poder abordar los desafíos que plantea hoy la tecnología, en especial la Inteligencia Artificial.

Es también una medida necesaria considerando los episodios recientes que han afectado al máximo tribunal, como la salida de los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Verónica Sabaj -destituido al acogerse una acusación constitucional el primero, y removidas por graves cuestionamientos las segundas-, y la situación del ministro Antonio Ulloa que enfrenta también una acusación constitucional que deberá conocerse y votarse en sala del Senado el próximo lunes. Estos casos pusieron a la actuación de los tribunales en el centro de la crítica ciudadana, redundando directamente en la confianza que se deposita en ellos. Un costo que se ve reflejado, por ejemplo, en la última encuesta CEP, donde solo un 14% de los encuestados declara que los tribunales le dan mucha o bastante confianza. Un hecho que denota, además, una realidad especialmente preocupante para nuestra institucionalidad, considerando que se trata de uno de los pilares del Estado de Derecho.

Sin embargo, por la misma gravedad de las situaciones que se han venido observando en el último tiempo, el hecho de que el documento se haya enfocado sólo en lineamientos generales, “relevantes para la ayuda, auto consulta y orientación respecto de los magistrados”, como señaló la ministra vocera -para lo cual se crea un Consejo Ético de carácter consultivo-, es una contribución positiva para la orientación de las conductas, pero aún insuficiente. Llama la atención, por ejemplo, que no se haya abordado en esta instancia el tema disciplinar y sancionatorio, que claramente debe ir de la mano de una mayor exigencia por el cumplimiento de ciertos estándares en las actuaciones judiciales.

Por otra parte, estos anuncios y medidas vuelven a relevar la necesidad de avanzar en las reformas al Poder Judicial con el objeto de mejorar su gobernanza -que plantea cambios que buscan mayor eficiencia y que también tendrán incidencia en el actuar de jueces- y en especial en un sistema de nombramientos que busca dar mayores garantías a la ciudadanía y transparencia, y que hoy son objeto de la discusión legislativa.