El Centro de Estudios Públicos (CEP) ha publicado recientemente un estudio en el que cuantifica el costo económico de la llamada permisología, cuyas conclusiones son elocuentes. De acuerdo con la investigación, el costo estimado del exceso de burocracia alcanza a un 7,3% del PIB, y se deriva tanto de la subinversión como de la mala asignación de capital. Los investigadores también concluyen que de lograrse una reducción íntegra de las trabas regulatorias que reportan las empresas, el beneficio máximo proyectado sería un incremento del 0,7% en la tasa de crecimiento anual durante los próximos 10 años.

Entre los múltiples datos que contiene la investigación, se menciona que Chile se posiciona como el tercer país con más complejidades para la obtención de permisos a nivel OCDE; sin que ello se revierta es difícil imaginar que el país pueda dar pasos sustantivos en materia de productividad. También se recuerda que la burocracia ha obstaculizado significativamente el crecimiento en áreas clave, como la minería o las energías limpias, lo cual es un total contrasentido considerando el enorme potencial que el país tiene en estos sectores.

Un estudio llevado a cabo el año pasado por la Universidad San Sebastián, sobre análisis y costos asociados al sistema de evaluación de impacto ambiental, concluyó que se requirieron 985 días corridos en promedio para obtener un permiso ambiental, en circunstancias que el promedio histórico era de 434 días, estimando que la permisología le cuesta al país un 0,5% del PIB anual.

Es relevante que se tome plena conciencia del costo que el exceso de burocracia -un verdadero impuesto encubierto- supone para el país. Esto retrasa las inversiones -particularmente aquellas de mayor cuantía, las que además suelen ser muy intensivas en mano de obra-, eleva los costos de los proyectos innecesariamente -que en algunos casos se pueden tornar inviables- y atenta contra la posibilidad de que iniciativas más innovadoras o con tecnologías ambientalmente más limpias se pongan en marcha durante plazos razonables. La engorrosa tramitación ambiental de los proyectos también ha conllevado cambios en las reglas del juego, donde la certeza jurídica se puede ver seriamente alterada ante los inciertos criterios que pueden incidir en la otorgación de permisos o el cúmulo de requisitos que se pueden llegar a exigir. Los criterios discrecionales de la autoridad, que pueden entrampar por años un proyecto, se simbolizan en lo que ha sido el caso del proyecto minero-portuario Dominga, que lleva más de una década tramitándose en un interminable ir y venir de resoluciones jurídicas y del Comité de Ministros.

Hay proyectos por miles de millones de dólares que están a la espera de la obtención de sus permisos. Esto hace indispensable avanzar con la mayor rapidez posible en la dictación de normas que permitan simplificar el plazo y los trámites requeridos. El proyecto de ley que presentó el gobierno sobre ley marco de autorizaciones sectoriales, si bien ha sido objeto de algunos reparos, también avanza en una serie de aspectos; ello necesariamente debería ser complementado con una reforma a nuestra institucionalidad ambiental, donde el proyecto de ley respectivo avanza con mucha lentitud.