El informe que el Ministerio de Salud presentó ante el Congreso en materia de listas de espera -con datos al segundo trimestre- ha traído señales mixtas, pues si bien las nuevas consultas de especialidad, intervenciones quirúrgicas no GES y GES retrasadas mostró una leve mejora respecto del primer trimestre, en relación con igual período del año pasado se observa que hay un aumento de 125 mil pacientes. En cambio, se observa cierto estancamiento en materia de tiempos de espera. Un informe de Libertad y Desarrollo señala que el promedio de días de espera para lograr una atención GES ha subido tanto respecto del año anterior (6%), como respecto del primer trimestre (4%), mientras que en el caso de las consultas de especialistas -que el segundo trimestre sumaron más de 2,2 millones personas- están prácticamente iguales (en ambos casos el descenso alcanza al 1%), alcanzando en promedio 355 días. Por su parte, las intervenciones quirúrgicas han caído 4 y 2%, respectivamente, pero aun así con esperas promedio que superan los 400 días.

Pese a los avances puntuales que se pueden encontrar -y que por cierto son bienvenidos-, es claro que el país sigue arrastrando una enorme deuda en materia de listas de espera, constituyendo una apremiante realidad. Al cierre del primer semestre lo que tenemos es que más de 2,6 millones de personas están a la espera de algún tipo de prestación médica en el sector público, cifra que pese al paso del tiempo sigue manteniéndose relativamente estable y que habla de que hay un problema estructural. Lo mismo ocurre en materia de tiempos de espera, pues a pesar de que el gobierno ha logrado mejoras, sigue estando lejos de estándares razonables.

Es necesario calibrar lo que significa que una persona tenga que esperar más de 300 días para lograr una consulta médica de especialidad o más de un año para ser operada, cifras que no solo dan cuenta de que no se está cumpliendo la promesa de asegurar con eficacia el derecho a la salud, sino que además se está dañando enormemente la calidad de vida de los afectados. En 2024 más de 36 mil personas murieron en una lista de espera, un dato que por sí llama a una profunda reflexión.

El Ministerio de Salud ha destinado más de $73 mil millones para hacer frente a las listas de espera, y aun cuando ello seguramente mejorará en parte algunos índices -particularmente en tiempos de espera-, el problema estructural seguirá ahí. Claramente será una de las deudas pendientes que deberá asumir el gobierno siguiente, desafío que será particularmente exigente. Como ya se ha indicado en estas páginas, una drástica reducción en las listas de espera no pasa solo por inyectar más recursos -pues el presupuesto para salud se ha multiplicado en las últimas décadas, sin que se observen mejoras en igual proporción-, sino que ante todo requiere especial énfasis en materia de gestión.

El nuevo gobierno puede apoyarse en diversos insumos que han lanzado voces expertas, como por ejemplo la Alianza Académica para una Salud Oportuna -conformada por académicos de distintas universidades-, entre cuyas propuestas figura gestionar trayectorias de cuidado de personas en vez de tiempos y listas de espera, fortalecer las capacidades diagnóstica y terapéutica en la atención primaria de salud, o rediseñar el modelo de priorización de pacientes.