A mediados de diciembre del año pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, celebraba un esperado avance de su cartera -se abría el proceso para posibilitar el cambio de sexo registral- y, al acercarse a una de las personas que solicitaban hora para el trámite, esta se tapó un ojo en alusión al actuar de Carabineros durante el estallido social. "Fue sorpresivo", señala hoy Larraín, quien bajó la cabeza ante el joven. "Hicimos un esfuerzo muy grande por hacer posible esta iniciativa, esfuerzo que significaba que hubo que convencer a parte de la propia coalición de la necesidad de este cambio y a la oposición de que no se podía hacer todo lo que se quería", explica. Y agrega que "esto no lo entendí como una cuestión personal, sino que era una señal a un ministro de Estado en un momento complejo. Pero tampoco me pareció mal ni me causó molestia".

Los casos de violaciones de derechos humanos durante la crisis social se han convertido en un flanco abierto para La Moneda, el ministro lo sabe, no las desconoce y asegura que el gobierno ha puesto de su parte para evitar su repetición. Ahora -dice- es el turno de la oposición para dar viabilidad a la agenda social.

¿Cuál es su balance a casi tres meses del estallido social?

En general, ha habido un cambio. Si uno lo piensa, ciertas decisiones de política pública muy discutidas en las últimas décadas, por ejemplo el tema de la revisión constitucional, el paso que se dio es una señal muy potente. Yo mismo pensaba que no era conveniente ni justificada una convención constituyente. Hoy día la admito como una opción posible. En el tema derechos humanos advertimos desde el primer día que se podrían generar conflictos. A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, hoy existe una red de instituciones que permiten enfrentar este tipo de situaciones: un Ministerio Público que investiga, una Defensoría Penal que presta servicio -que depende del ministerio- a todas las personas que han sido detenidas (...). Hemos ido avanzando en lo que podemos hacer, que es fortalecer las reglas del juego, el esquema normativo, los protocolos...

¿Estamos ante una situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos?

Creo que se han producido situaciones concretas, caso a caso, que se deben investigar y que son los tribunales los que tienen que definir esta situación. Ahora, si lo que me están preguntando es si aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a nuestra legislación y al Tratado de Roma, no creo que estemos en ese escenario. No ha habido una acción del Estado deliberada que a través de ataques generales y sistemáticos afecten a la población civil o a una parte de ella, como se define conceptualmente. A mí me parece que eso, definitivamente, no se perfila en ninguno de los informes de los organismos internacionales o nacionales . Pero lo que ocurre es que hay una violación a los derechos humanos de una persona cuando un funcionario público comete ciertas conductas que están definidas por la ley. Eso que se ha producido hoy, lamentablemente, se producía también antes del 18 de octubre. Cuando uno ve el informe del INDH o de los tribunales sobre el estado en las cárceles, ellos desde hace muchos años vienen diciendo que aquí ha habido violaciones a los derechos humanos. Cuando uno lee el informe de Naciones Unidas sobre la niñez y dice aquí el Estado de Chile por décadas ha violado los derechos de los niños no se está refiriendo a lo que ocurrió en el período 73-90, se está refiriendo a gobiernos democráticos.

¿Cree que son situaciones comparables?

No. Lo que quiero es solamente precisar el tipo penal o la conducta. Ahora se ha producido una convulsión que obligó a una acción policial inusitada.

Ha habido una conducta reiterativa de Carabineros...

No creo que haya una conducta reiterativa en el sentido que define la doctrina, actuaciones generales y sistemáticas, pero sí hay casos que se han repetido. Por ejemplo, en el caso del uso de la escopeta antisubversiva, creo que hubo en muchos casos un uso indebido que causó daño. No puedo decir que todos los casos fueron producto de eso, pero que hubo un uso indebido de los perdigones, creo que sí, y eso obliga a una acción. ¿Eso fue una conducta general? No, no todas las veces que Carabineros usó la escopeta fue con uso indebido, probablemente la gran mayoría se ajustó al protocolo. Veo que hay en algunos sectores políticos la voluntad, la intencionalidad de tratar de configurar que aquí de nuevo volvimos a la dictadura.

¿Y a qué cree que responde eso?

Es un interés político. Cuando el PC quiere llevar al Presidente a la Corte Penal Internacional está buscando un provecho político. Está tratando de ver si puede etiquetar en forma lapidaria al actual gobierno como lo que ocurrió años atrás. Eso es un abuso de los hechos. No corresponde a la verdad objetiva, este es un gobierno que ha hecho un esfuerzo desde el primer día para que se respeten los derechos de las personas y ha pedido que funcionen las instituciones y que se sancione duramente. Y el propio Presidente ha reconocido que han habido atropellos y violación a los derechos humanos.

El Presidente hace unas semanas señaló que lo peor de la crisis ya había pasado, ¿comparte ese diagnóstico?

Creo que pasó un período de mucha violencia, muy generalizada, con incendios, saqueos. No recuerdo haber visto tanta violencia concentrada en pocos días. Creo que esa situación pasó, pero no ha pasado todo y hay todavía contextos que nos hablan de situaciones en que no tenemos entera claridad y, por lo tanto, que abren incertidumbre.

¿Cómo proyecta esta etapa?

Esta es una etapa donde las autoridades, en general, el gobierno, Congreso, las autoridades deben hacerse cargo de un malestar que explotó el 18 de octubre y que exige respuesta. Y siento que en parte del mundo público hay voluntad de hacerse cargo de esas exigencias, sin embargo, no es un tema fácil... Hoy nos hacemos cargo de esa realidad, pero todo esto pasa porque el Congreso se haga cargo también de su responsabilidad, así como el gobierno tiene la suya, el Congreso tiene la propia y uno se pregunta si acaso vamos a responder ambos a estas.

¿Y cómo ve el ambiente en el Congreso?

Lo veo complejo, porque en menos de dos años, la mitad del período, hay más acusaciones constitucionales para un gobierno que las que ha habido desde el año 90, y solo en enero ya vamos con cinco interpelaciones. Aquí el tema no es de una confrontación, de quién hace mejor la pega o de quién se luce más ante los ciudadanos entre el Congreso y el gobierno o entre el oficialismo y la oposición o entre los partidos políticos. Aquí quien ha sido interpelado por los ciudadanos es la autoridad y la autoridad tiene que responder. Una respuesta muy potente es la constituyente y en paralelo hay toda una agenda. Este proceso supone que la agenda sea una agenda de Estado, es decir, que asuma como Estado, no en forma partidista, las demandas ciudadanas. Eso obliga a un trabajo entre el Congreso y el gobierno en un clima que no es compatible con estar en la mañana hablando del proyecto de ley y en la tarde siendo interpelado, acusado constitucionalmente. Aquí estamos frente a una coyuntura histórica. El gobierno y el Congreso tienen que entender que deben actuar de una manera distinta y eso supone sentarse en una mesa, buscar acuerdos y, además, sumar a la sociedad civil. No resolvemos el tema ni damos la respuesta suficiente si se juntan el Presidente con el presidente del Senado y la Cámara. Hoy día la desconfianza en el mundo político obliga a una legitimación con la participación de la sociedad civil, de alguna manera que sea parte del diálogo y parte, por lo tanto, de la solución. Ese clima, ese ambiente y esa forma de trabajar no la veo garantizada. Al contrario, veo que estamos todavía en dimes y diretes y eso puede terminar en un desenlace en que el mundo político no responda a la altura del desafío y, por lo tanto, se pueda ratificar el malestar ciudadano, porque habiendo sido notificado como lo fuimos el 18 de octubre, no fuimos capaces de avanzar en dar solución y dar respuestas satisfactorias.

Usted dice que la oposición y el gobierno deben estar a la altura de todo. ¿En qué está al debe el gobierno?

El gobierno ha tenido buena disposición para sentarse a conversar y uno empieza a mirar. El ministro de Hacienda ha buscado fórmulas de entendimiento, el ministro del Interior ha trabajado también temas con la oposición para resolver muchas de las inquietudes que se han puesto en leyes que dicen relación con temas de seguridad, violencia.

Entonces, ¿el problema es de la oposición?

El problema es, probablemente, hoy día más de la oposición que del gobierno en cuanto a lo que ha seguido después del estallido y después de las conversaciones que llevaron a abrir este proceso constituyente. Ha sido una seguidilla de acusaciones, interpelaciones, generando un clima enrarecido que no es compatible con este objetivo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional, no solo la oposición, también los partidos de gobierno que requieren actuar de la manera más unitaria posible y, por cierto, del gobierno, que tiene que hacer un esfuerzo distinto para llegar a entendimientos.

¿En qué sentido?

Lo veo como ministro, para no estar dándole recetas a nadie, que si yo quiero trabajar mi agenda en materia legislativa, en materia de políticas públicas, en derechos humanos, en la modernización (...), necesitamos para poder trabajar una alianza con los parlamentarios y la sociedad civil.

La oposición dice que ellos tienen voluntad de dialogar, pero que los proyectos que envía el gobierno no apuntan a cambios estructurales. No pueden estar obligados a apoyar un proyecto que para ellos es insuficiente...

Lo que advierto de esa observación es que la oposición no tiene conciencia de que ellos no están en el gobierno. Si bien ha habido muchos conflictos, entremedio un 18 de octubre y una alta desaprobación a la gestión del gobierno, aquí hay una democracia que eligió a Sebastián Piñera Presidente de la República, con una inmensa mayoría, y el que lleva la iniciativa en estos cuatro años es el gobierno. La oposición no puede pretender cogobernar y el gobierno tampoco puede imponer todo su punto de vista a la oposición. Tiene que haber un acuerdo, pero cada uno respetando su respectivo rol. La iniciativa, obviamente, está en manos del gobierno, que tiene que tener la sensibilidad y la flexibilidad para poder transar y llegar a acuerdos.

Esos roles se han desdibujado un poco, por ejemplo, analistas han planteado que el peso de los cambios se lo ha llevado el Congreso y no el gobierno...

Pero los cambios no se hubiesen hecho si el gobierno no hubiese estado de acuerdo. Si el gobierno no hubiese estado de acuerdo en llegar a este acuerdo por la paz y la nueva Constitución no se habría hecho. Otra cosa es que los actores, los protagonistas, estuvieran en el Congreso. Me parece que fue una buena señal de compartir la responsabilidad y eso ha sido valioso y positivo. Una reflexión al pasar: he sido parlamentarista doctrinario, de siempre, en mis tiempos académicos sostenía esa tesis. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque lo que ocurre en un régimen presidencial como el que tenemos, que puede darse, como le ocurre al gobierno, que la mayoría del Congreso sea opositor. Y en ese escenario es muy difícil gobernar. Los regímenes parlamentarios tienen una sola soberanía, un solo soberano, que es el que elige al Parlamento y al gobierno. Los regímenes presidenciales tienen un soberano, pero tienen dos decisiones. Y cuando elige a un gobierno y elige a un Congreso con otra mayoría, genera un problema en que los dos dicen 'yo tengo legitimidad'. Ese conflicto lo tenemos que resolver, porque me parece que ahí está la madre de todas las batallas.

¿Deberíamos avanzar a un régimen parlamentario?

Yo soy partidario. Si se produce una discusión a fondo sobre nuevas estructuras políticas para el país, es una opinión personal. Eso sería una buena solución. Nunca pensé que fuera viable, porque existe una cultura presidencialista muy fuerte y, por lo tanto, para mí era un ejercicio académico. Pero cuando veo el conflicto que estamos viviendo... El Parlamento tiene que ser la fuente de origen del Poder Ejecutivo para que así este pueda contar con una mayoría. Si se produce algún conflicto, alguna tensión, algún quiebre, bueno, no se produce un quiebre institucional. Si en el 73 hubiésemos tenido un régimen parlamentario, no habríamos tenido un golpe de Estado, porque se habría producido un gran cambio de gobierno sin necesidad de producir la crisis institucional que se produjo.