Laureate International Universities es una red de educación creada en Estados Unidos en 1999 y que está integrada por más de 60 instituciones en 27 países, y que cuenta con asesores internacionales de la talla de la ex secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Su arribo a Chile se produjo en 2000, con la compra de la U. de Las Américas y tres años más tarde sumó a la U. Andrés Bello,  la universidad con mayor matrícula en el país (43 mil alumnos), mediante una inversión de US$ 37 millones por el 80% de la propiedad, según reportes de prensa de la época. Hoy el grupo incluye también al instituto profesional AIEP, la U. Viña del Mar y la Escuela Moderna de Música y Danza. En total, un paquete de 172.400 estudiantes.

La acusación

En su página web, Laureate Chile señala que "como inversionista extranjero, Laureate Education Inc. (a través de su filial Laureate International B.V.) ha suscrito 6 contratos de Inversión Extranjera con el Estado de Chile al amparo del Decreto Ley 600, instrumentos a través de los cuales ha dejado establecida expresamente la manera en que operará en el país, ya sea por medio de la prestación de programas y servicios a sus instituciones asociadas o por su calidad de miembro activo de ellas".

A través de esta figura, Laureate estableció un negocio abierto, apegado a la legislación vigente y que le reporta sustanciosos márgenes de utilidades, como quedó en evidencia en su salida a la bolsa estadounidense, el año pasado, cuando informó que las instituciones chilenas aportaron US$ 536 millones en 2015, sólo superado por Brasil US$ 672 millones, México US$ 678 millones y Estados Unidos US$ 731 millones.

Según una investigación desarrollada por el Ministerio de Educación y que dio a conocer Ciper, la venta de servicios de Laureate a sus instituciones, que por ejemplo se traduce en programas de inglés o textos de estudios, plantea una infracción a la ley que prohíbe el lucro en las universidades, ya que se establece que no resultan ventajosas desde el punto de vista económico, marcan un acuerdo unilateral y, en muchos casos, no responden necesariamente a los requerimientos del alumnado, condiciones que según este informe del gobierno, "afectaron la rentabilidad de la Universidad de Las Américas durante los años 2013 a 2015", cita a modo de ejemplo.

El efecto de la nueva ley

La próxima promulgación de la futura Ley de Educación superior abrirá un nuevo escenario para el grupo Laureate en Chile. Si bien la caída del artículo 63, que impedía la presencia de controladores con fines de lucro en las universidades, dejó un espacio para que persista la sospecha de lucro en este tipo de planteles, la norma incorpora un aspecto que hasta hoy no existía en la legislación: la regulación a las operaciones entre partes relacionadas. Un golpe al corazón del "negocio" del holding norteamericano, ya que según el Mineduc, el 21% de los gastos de la UDLA van a parar a transacciones con sociedades relacionadas. La creación de la Superintendencia de Educación Superior, incluida en la futura ley, será una pieza clave para definir el futuro del grupo estadounidense en el negocio de las aulas chilenas.