El día en que Diego Ancalao cruzó la puerta de la Lista del Pueblo (y las hipótesis sobre las firmas falsas)

Foto: Agenciauno

Fue el filósofo Pablo Razeto quien actuó de nexo y prestó las instalaciones para realizar la primera reunión entre uno de los fundadores de la Lista, Rafael Montecinos, y Leonardo Ponce, el defenestrado integrante del comité ejecutivo. Hoy, ante la denuncia del Servel de falsificación de firmas, miran ese día con otros ojos. En tanto, la asociación de notarios se sumará a las acciones judiciales del Servel, mientras la familia del fallecido notario Zaldívar está evaluando sus propias iniciativas.




Fue de a poco que Diego Ancalao entró en la retina de la Lista del Pueblo (LdP), y casi a última hora: sólo el 24 de julio logró reunirse con dos de los representantes de ese colectivo, una semana antes de que se decidieran por el nombre de Cristián Cuevas como su abanderado, a quien más tarde desembarcaron.

Hombre clave de este encuentro fue Pablo Razeto, quien es cercano a la LdP y tiene buenas relaciones con el comité ejecutivo de la Lista. Incluso les prestó las instalaciones del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad (IFICC) -del cual es director-, ubicado en Macul con Los Alerces, para que realizaran sus reuniones.

Razeto -que apoyaba la candidatura de Ancalao- le solicitó al comité encargado de la búsqueda de candidatos que sostuvieran una reunión y conocieran sus ideas. La citación fue el 24 de julio. El primero en llegar al IFICC fue Leonardo Ponce –hoy expulsado de la Lista-, quien saludó a Ancalao que ya estaba presente en el lugar. Luego se sumó Rafael Montecinos, integrante del Klan Kiltro y que se autodefine como fundador de la LdP.

Ambos -Ponce y Montecinos- niegan haber conocido a Ancalao previamente, no obstante su nombre había estado sobre la mesa como posible abanderado y había sido desechado -dicen hoy- por sus antecedentes previos respecto de falsificación de firmas y estafa a través de una empresa inmobiliaria. “Todo era vox populi”, recuerda Ángel Spotorno, otro de los expulsados por el affaire Cuevas.

Además el 5 de junio, Ancalao había obtenido el apoyo mediante un video del constituyente Rodrigo Rojas para la recolección de firmas que se sumaba al que ya había entregado Benito Baranda, y al que después dio Gastón Soublette. Rojas no es cualquier convencional; es una de las figuras relevantes y más escuchadas dentro de la Lista.

Rojas ahora dice que no lo conocía, que Ancalao lo contactó por redes sociales. Cuenta que se reunieron, conversaron sobre su proyecto político y él le contó su experiencia con los patrocinios. Decidió apoyarlo, “de forma muy puntual para juntar las firmas, pues siempre consideré que mientras más voces estuvieran presentes en el debate político era bueno para Chile. Siempre quedamos muy en claro que eso no significaba que la Lista lo apoyaría”, recuerda Rojas. Y cierra asegurando que una vez que comenzó el trabajo en la Convención el 4 de julio, no se involucró más en el tema electoral.

La conversación

Volvamos al encuentro en el Centro de Filosofía. Los emisarios de la Lista conversaron con Ancalao y a la salida se encontraron con un equipo de TV. Inmediatamente pensaron que alguien había filtrado la reunión. “Pablo, de muy buena fe, nos pidió por favor escucháramos a Ancalao, lo que se transformó finalmente en una trampa. No creo que Razeto que es un científico, un filósofo, haya sabido lo del canal de TV, debe haber sido el mismo Ancalao”, acota Spotorno.

Ponce incluso por tuit ese mismo día negó que hubiese un apoyo a Ancalao de parte de la Lista: “No había interés de la LdP en Ancalao, atendido su pasado político de centro derecha. Al salir de la reunión llevó a MEGA y declaró que la lista del pueblo estaba “pololeándolo”. Toda la Lista supo de esa reunión también por esa nota de televisión”.

La historia restante es conocida: la LdP se dividió por la candidatura de Cuevas, Montecinos y Verónica Guzmán presentaron la competencia de recolección de firmas que ganó Ancalao, rúbricas que el Servel desestimó y denunció por falsificación pues 23.135 de ellas fueron realizadas en la notaría de Patricio Zaldívar que dejó de funcionar en 2018.

La hipótesis de los notarios: robo o falsificación

El caso motivó que el Servel anunciara que entregará los antecedentes a la justicia. Pero no sólo eso: también se podría sumar un proceso iniciado por la Asociación de Notarios. Así lo señala, el presidente de dicha entidad, Carlos Swett, quien afirma que lo primero que buscan es establecer el modo en que se llevó a cabo el fraude. Su hipótesis es que pudo haberse plagiado o robado los timbres de la notaría.

“En principio las fichas de inscripción serían falsificadas. Hay que ver dos cosas: primero, que sean los timbres de la Notaría Zaldívar, porque los pueden haber mandado a hacer- hay una posibilidad de que los hayan sustraído o de que los hayan plagiado. También cabe despejar si se le hizo la firma al notario Zaldívar”, acota.

“Nosotros vamos a analizar las acciones a seguir, si nos hacemos parte”, dice Swett.

Zaldívar no terminó su cargo por fallecimiento, sino porque en 2018 presentó su jubilación y fue reemplazado por su hija Loreto Zaldívar como notaria interina. Luego, en octubre de ese año, la Corte de Apelaciones nominó a Pilar Gutiérrez como titular de la 18a Notaría de Santiago, lo que se materializó en 2019. Ambas mujeres fueron objeto de una querella que el pasado 3 de agosto presentó el expresidente Eduardo Frei en contra de 8 notarios por validar rúbricas falsas en el caso que mantiene por la millonaria estafa de su hermano Francisco.

En las oficinas que hace dos años albergaban al notario Zaldívar -en el piso 8 de la calle Huérfanos 669- esta mañana había instrucción de Gutiérrez de no hablar con la prensa, bajo el argumento de que ya no tienen relación con Zaldívar.

Mientras que la familia del abogado Patricio Zaldívar Mackenna -fallecido en febrero- evaluaba hoy qué camino seguir ante la constatación de que su nombre fue utilizado para intentar levantar de forma ilegal la candidatura de Ancalao. Así lo hizo saber a La Tercera su hija María Jesús Zaldívar.

Asesora de Ancalao busca respuestas

El día 23 agosto, los patrocinantes de la candidatura de Ancalao acudieron al Servel con las 23 mil firmas, repartidas en tres bolsas de papel. Ellos calcularon 35 mil firmas considerando las 15 mil que lograron reunir vía online.

En aquella ceremonia protocolar estuvieron presentes los patrocinantes Denisse Olivares Jiménez, psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Leandro Salvador Sáez Tapia (22); José Miguel Jara Ramírez (31), trabajador social, y Victor Antonio Llanquileo Landeros (48).

Hoy, ninguno de ellos contestó a las consultas planteados por La Tercera PM sobre quiénes en particular eran los encargados territoriales de recolectar las firmas a favor del excandidato, quien ayer los culpó de las firmas falsas. Según transcendió, la vocería la asumiría Denisse Olivares, como jefa de campaña y los nombres se mantendrían en reserva a fin de no obstaculizar la investigación interna que realiza la agrupación.

Esta mañana Ancalao presentó a su defensa legal, que la compone Myla Chávez y el exdirigente del PRI, Eduardo Salas. Ambos acudieron al Servel, donde llegaron a solicitar antecedentes.

En conversación con La Tercera PM, Chávez -que en 2017 postuló a la Cámara de Diputados por PRI en el distrito 2 de Arica y Pozo Almonte- explicó que ha tratado de buscar a los encargados territoriales de la campaña y “ninguno me contesta el teléfono, a Diego tampoco ni a su jefa de campaña. Ellos serían las personas que recopilaron estas firmas por escrito. Yo me vine a Santiago por este tema”, afirma.

Admite que ese material se entregó en papel físico, y no hay un respaldo, “son personas que firmaron y no hay un registro fotográfico tampoco. Lo que sí averigüé es que la notaría no está funcionando desde febrero de este año y que las firmas que empezó a juntar Diego son de abril en adelante, mayo, junio, julio y agosto”.

Indica que cuenta con el 20% de la información, y que la falsificación es un hecho grave que debe investigarse con todo el rigor. “Primero debemos conocer la resolución del Servel. Aquí aparece una acusación gravísima sin que la persona tenga derecho a ser notificada y a la defensa. En segundo lugar: veo bastante poco lógico y burdo que una persona que es profesional permita o tenga conocimiento que una persona va a falsificar 23 mil firmas. Me parece una conducta a lo menos insensata”, comenta con escepticismo.

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